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PLANES INQUIETANTES

El anteproyecto de la nueva política del Banco Mundial sobre reasentamientos

En marzo pasado el Banco Mundial hizo públicas las pautas provisorias de su nueva política de reasentamientos. A pesar que el proceso de revisión –que insumió dos años, entre 1997 y 1999—incluyó prolongadas consultas públicas, las inquietudes de las ONGs, las organizaciones comunitarias y otros actores han sido en gran medida ignoradas en los nuevos lineamientos. En realidad, dicho nuevo anteproyecto de política es aun más débil que la política vigente del Banco en esta materia, y los grupos de derechos humanos ya han advertido que si se la aprueba tal y cual como está planteada, la nueva política distará mucho de garantizar los derechos humanos fundamentales.

Hace tiempo que los activistas vienen subrayando que el Banco Mundial debe funcionar con base en estándares de desarrollo de alta calidad, puesto que sus proyectos y políticas afectan directamente la vida de millones de personas en los países en vías de desarrollo. En un intento por impedir que el Banco adoptase políticas que significan un retroceso, los activistas lanzaron una campaña a último momento instando al Presidente del Banco y a su Junta Directiva a rechazar el anteproyecto, exigiendo que cualquier nueva política debe ser coherente y compatible con la legislación internacional sobre derechos humanos y que debe incorporar nuevas normas de alta calidad referidas a reasentamientos.

¿Contragolpe del Banco?
La presión al interior del Banco Mundial para rebajar sus propio estándares puede venir en parte como contragolpe a la controversia pública que obligó al Banco a encarpetar en julio del 2000 su Proyecto Occidental de Reducción de la Pobreza en China, después que se comprobara que violaba las políticas de salvaguarda y hasta sus propias políticas de reasentamiento y sobre pueblos indígenas. Las ONGs sospechan que quienes redactaron el anteproyecto en discusión han estado sujetos a presiones por parte de influyentes gobiernos prestatarios, que quieren ver que aquellos que constituían estrictos requisitos obligatorios sean reclasificados como extras optativos, y que se permita un amplio margen de interpretación con respecto a la aplicación de las pautas. Según de dice, esas fuerzas corrosivas se nutren de los reclamos de algunos prestatarios y algunos altos funcionarios del Banco, que se quejan de que insume mucho tiempo y es muy costoso cumplir con las normas vigentes en las políticas del Banco.

Las ONGs temen que esos argumentos perjudiciales y erróneos puedan socavar la producción de mejores políticas ambientales y sociales para el Grupo Banco Mundial en su conjunto. En el caso del anteproyecto de marzo del 2001 sobre reasentamientos, las ONGs señalaron múltiples áreas en las que la política había sido debilitada en lugar de fortalecida. Argumentaron con éxito que el anteproyecto introducía un enfoque discriminante que les negaba derechos de indemnización y de consulta adecuada a aquellos desplazados que no contasen con derechos legalmente reconocidos a propiedad sobre la tierra y otros bienes. El anteproyecto también introducía nuevas disposiciones ambiguas acerca del trato a dársele a las personas adversamente afectadas por parques y otras áreas protegidas, a quienes –de acuerdo con algunos acápites del anteproyecto—no sería necesario consultarlas hasta que el proyecto ya estuviera aplicándose. La política propuesta excluía además a aquellos que se estimase estuvieran utilizando recursos naturales “ilegalmente”. Las Organizaciones de los Pueblos Indígenas (OPIs) y los activistas de los derechos humanos denunciaron que esa cláusula amenazaba con excluir a millones de indígenas cuyo uso de los recursos naturales no está reconocido por la legislación ambiental y sobre parques naturales en los países prestatarios. El examen detallado también reveló que la política propuesta presentaba graves lagunas que permitirían el reasentamiento forzoso de pueblos indígenas, aun cuando ello significará riesgos para su “supervivencia cultural”.

Los activistas enseguida subrayaron que el anteproyecto no se ajustaba a las normas de algunos instrumentos claves sobre derechos humanos como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. También protestaron porque las disposiciones propuestas contravenían múltiples normas sobre reasentamientos establecidas bajo la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Replicaron asimismo que la política propuesta ni siquiera condecía con las normas de otros bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que reconoce el derecho al consentimiento previo informado para las comunidades indígenas amenazadas de reasentamiento.

Las ONGs también se mostraron sensiblemente frustradas porque las pautas propuestas por el Banco sobre reasentamientos no incorporaran las recomendaciones emanadas por consenso del informe de la Comisión Mundial sobre Represas (WCD, por su sigla en inglés). Entre sus diversas propuestas, la WCD recomienda que los planes de reasentamiento deben fundarse en pormenorizados estudios de riesgo sociales y de pobreza, que tengan en cuenta los impactos tanto directos como indirectos del reasentamiento. La WCD propone que los grupos vulnerables como los pueblos indígenas deben ser facultados con el derecho a consentimiento previo, libre e informado. Y lo que es decisivo, que el reasentamiento sea el producto de una negociación conjunta con las comunidades afectadas, respaldadas por derechos acordados y obligatorios a indemnización y mejores condiciones de vida tras el reasentamiento.

Palabras huecas
En la asamblea anual del Banco Mundial en Praga, el año pasado, su Presidente James Wolfensohn se declaró “gran partidario de los derechos humanos”. Siete años atrás, en una revisión de sus políticas de reasentamiento, el propio Banco reconocía que los proyectos de reasentamiento tienen más potencial de incurrir en violaciones de los derechos humanos que cualquier otra actividad de desarrollo, y que el respeto de los derechos de las personas afectadas es un requisito indispensable para atenerse a buenas prácticas de desarrollo y observar la ley.

La sociedad civil está presionando y hoy le reclama al Banco que cumpla y actúe en conformidad con esas declaraciones. Sostiene que llegó la hora de que el Banco adopte un enfoque del desarrollo fundado en los derechos humanos, tal y como el que se aplica en las Naciones Unidas. Un primer paso en esa dirección sería revisar sus políticas de reasentamientos, sobre pueblos indígenas, bosques y otras más, de manera tal de generar instrumentos fortalecidos que sean coherentes con la legislación internacional sobre derechos humanos y las normas sociales y ambientales aceptadas para el desarrollo. Las ONGs afirman que ese paso debe ser acompañado de una reforma profunda del Banco, que aliente a clientes y funcionarios a observar debidamente y aplicar las nuevas normas en el terreno. Sólo así podrá el Banco comenzar a cumplir con su mandato de reducción de la pobreza y de impulso al desarrollo sustentable, dicen. Si el Banco opta por eludir este desafío, perderá la poca credibilidad que le queda entre los ciudadanos del mundo.

Las ONGs están ahora a la expectativa de ver si sus preocupaciones han producido cambios positivos en el retrogrado anteproyecto de marzo del 2001. El Banco está siendo presionado para que no apure la reconversión de su política en ésta última etapa, y que en lugar de un paso atrás para garantizar que su nueva política constituya un instrumento sólido y eficaz de protección y empoderamiento de los grupos sociales vulnerables amenazados de reasentamiento por proyectos financiados por el Banco Mundial.

Extraído de un informe del Forest Peoples Programme, fechado en abril del 2001. Por información y contactos: info@fppwrm.gn.pac.org

PROYECTOS CONTROVERSIALES DEL BANCO MUNDIAL QUE IMPLICARON REASENTAMIENTO

Singrauli, India: Desde 1977, el Banco Mundial viene dando créditos para minas de carbón, usinas de generación eléctrica y líneas de transmisión que han convertido a una zona otrora rica en biodiversidad, en estéril desierto industrial. Unas 300,000 personas han sido desplazadas, a menudo más de una vez en la misma generación. Singrauli constituye un caso típico del trastorno social que acarrea la aplicación de malas políticas de reasentamiento masivo. Proyecto de Ecodesarrollo, India: Se trata de un proyecto de conservación financiado conjuntamente por el Banco Mundial y el Fondo Ambiental Mundial (GEF, por su sigla en inglés), e incluye siete parques nacionales de la India. Mientras que el Banco y los funcionarios del gobierno aseguran que sólo se reasentó a quienes habían así optado voluntariamente, los afectados en el Parque Nacional Nagarhole sostienen haber sido coaccionados y finalmente obligados a mudarse. En 1998, el Panel de Inspección del Banco Mundial confirmó las denuncias de los habitantes de Nagarhole, que afirmaban que el Banco no los había consultado debidamente en la etapa de diseño del proyecto. Minera Yanacocha, Perú: Se trata de un proyecto de explotación minera de oro parcialmente financiado por la Corporación Financiera Internacional (el brazo privado del Banco Mundial –IFC, por su sigla en inglés). El proyecto desplazó a una cantidad de familias campesinas en un proceso que careció de planes de reasentamiento y que no involucró a la población local en el diseño del proyecto. Una federación campesina local está ahora entablando una demanda formal ante el nuevo ombudsman (defensoría del pueblo) de la IFC, por violaciones a múltiples políticas de salvaguarda, entre ellas la Política del Banco Mundial sobre Reasentamiento Involuntario. Proyecto de Rehabilitación Forestal, Uganda: Es un importante proyecto de conservación de bosques, financiado conjuntamente con la Unión Europea, que implicó el desalojo de 130,000 personas de una zona que habría de constituir un corredor biológico entre dos parques nacionales. Años después de la culminación del proyecto en 1993, los desplazados se encuentran en peores condiciones que antes, en precarias aldeas de reasentamiento que no cuentan con los servicios básicos. La población reasentada sufre índices más altos de mortalidad infantil, y las enfermedades contagiosas como el paludismo constituyen un problema grave. En el año 2000, la justicia ugandesa dictaminó que el reasentamiento había sido ilegal.