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LUCHA PEHUENCHE POR LA TIERRA

La represa de Ralco sigue su marcha de acuerdo al plan.

En marzo pasado un grupo de indígenas Pehuenche del Alto Biobío, al sur de Chile, ocuparon pacíficamente la sede de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), exigiendo la detención total de las obras de construcción de una mega-represa de ENDESA sobre el río Biobío, alegando que la empresa española “no cuenta con la autorización de cada una de las familias afectadas”, tal y como exigió la CONAMA en 1997. También denunciaban el hecho que su pedido ante la corte nacional de apelaciones para acceder a los permisos oficiales de la ENDESA había sido pospuesto una vez más.

Por estas fechas, la construcción de la represa de Ralco se encuentra en una etapa muy avanzada. Ya se han invertido unos U$S 180 millones y la ENDESA espera poner Ralco en funcionamiento a mediados del 2003. ENDESA-Chile, subsidiaria de ENDESA-España, monopoliza actualmente el 60% del suministro de energía eléctrica y 75% de los derechos sobre el agua potable del país.

Profanando a los muertos...
Los manifestantes Pehuenche también reclamaban que la CONAMA detuviera las obras de Endesa en la represa, hasta que se investigase y resolviese la profanación continuada de sitios sagrados de entierro de los Pehuenche sobre las orillas del río. Las 91 familias Pehuenche que viven en los 600 kilómetros cuadrados que serán inundados por la represa de Ralco suman unas 700 personas. Hay veinte cementerios indígenas que serán inundados por la construcción de la represa en el Alto Biobío, y los Pehuenche han levantado la profanación de sus sitios sagrados como uno de los argumentos centrales en contra de la construcción de Ralco. “ENDESA está moviendo tierra y sacando esqueletos, profanando las tumbas de nuestros abuelos y nuestros padres”, afirma Nicolasa Quintreman.

Nicolasa y su hermana crearon una organización de mujeres denominada 'Mapu Domuche Nehuen' (Mujeres con la Fuerza de la Tierra), que defiende los derechos culturales y la tierra de los Pehuenche. Con el apoyo de la coalición de ONGs chilenas del Grupo de Acción por el Biobío (GABB) y el jefe de su propia comunidad, las dos hermanas y su organización presentaron en 1992 una estrategia para proteger las tierras que serían inundadas y destruidas por la represa de Ralco. Han cabildeado al gobierno y el Parlamento, y se han hecho presentes en las asambleas anuales de ENDESA en los últimos cuatro años para tratar de convencer a los accionistas de que cancelen ese proyecto. Este año, junto con abogados y ONGs españolas, las hermanas Quintreman entablaron una acción legal contra los directores de ENDESA-España, alegando que éstos violan las estrictas leyes del Estado Español que condenan los actos genocidas.

...y también a los vivos
Este megaproyecto sobre el segundo río más grande de Chile, de 380 kilómetros de longitud, constituye un desastre en diversos sentidos y frentes. No sólo que la zona que será destruida forma parte de un singular ecosistema que alberga los índices más altos de biodiversidad y especies endémicas del país, sino que la represa modificará muy seriamente la hidrología y el lecho del río, al crear en su curso un lago de 35 kilómetros cuadrados. Hasta los fundamentos económicos y de desarrollo de la represa son débiles: el país ya cuenta con otras fuentes de energía como las usinas termales de gas natural, que son más baratas y menos perjudiciales para el medio ambiente que Ralco.

A pesar que los Pehuenche disponen de los títulos de propiedad sobre sus tierras, existen pruebas que el ex-presidente Eduardo Frei manipuló los acuerdos para favorecer a ENDASA, en perjuicio de los indígenas afectados, y de que los permisos requeridos para aprobar el proyecto habían sido falsificados. Las hermanas Quintreman están preparando un recurso de amparo en contra del gobierno, por violaciones del Estatuto Indígena chileno de 1993, que supuestamente debe proteger las tierras de los pueblos indígenas en todo el país. Si se hubiesen respetado sus normas, el proyecto hidroeléctrico sólo podría haberse ejecutado con el consentimiento y apoyo pleno de la comunidad, y las tierras que les ofrecían para su reasentamiento tendrían que haber sido de igual o superior valor a las que ocupaban ancestralmente. Legalmente, la oposición de una sola familia podría haber impedido la continuación del proyecto.

Aun cuando las obras de construcción de la represa prosiguen, después de la ocupación de la CONAMA en marzo, los Pehuenche consiguieron que el organismo se comprometiera por escrito a informarles acerca de la inspección que había realizado anteriormente en sus tierras. También les aseguraron que se nombraría una comisión compuesta por miembros de la comunidad afectada y funcionarios de diversas dependencias estatales, para estudiar la relocalización de los cementerios indígenas. ¿Será ésta suficiente compensación para las desgracias de los Pehuenche?

Inge Lamberz , CODEFF-AT Chile