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CARA GANO YO, CRUZ PIERDES TÚ

El pueblo Embera traicionado en la construcción de la represa de Urrá

“El desarrollo [de la represa] ha significado ignorar nuestros derechos, acabar con los peces, dividir a las comunidades, la muerte de Lucindo Domico y otros…”
Kimi Pernia Domico, líder del pueblo indígena Embera Katio.


Las palabras de Kimi reflejan la tragedia del pueblo Embera, cuyo territorio está amenazado desde hace cuatro años por la construcción de la represa hidroeléctrica de Urrá con el pretexto de desarrollo para el pueblo. El drama de los Embera es similar al de otros pueblos de todo mundo que se han enfrentado a las represas hidroeléctricas, que han demostrado ser totalmente incompatibles con el desarrollo sustentable.

Son diversos los intereses que intentan sacar provecho de la represa de Urrá, en Colombia: empresas transnacionales que extraen recursos naturales; ingenieros ansiosos por conservar sus empleos; políticos tratando de ganar más votos, y técnicos que resuelven sus complejos con el mundo natural. El consorcio de la represa incluye transnacionales suecas, rusas y colombianas, la Canadian Export Development Corporation y bancos holandeses y canadienses. Todos esos intereses son facilitados por la corrupción que se manifiesta sin tapujos en toda la sociedad colombiana.

El caso de la represa de Urrá tiene un ingrediente específico que la hace más trágica que otros proyectos de mega-represas: la violencia. En los últimos años han desaparecido o fueron asesinados indígenas, sacerdotes y ambientalistas que se oponían al proyecto. Sin embargo, a pesar de esas flagrantes violaciones de los derechos humanos, las transnacionales involucradas siguen afirmando que promueven el desarrollo sustentable y defienden los derechos humanos.

La historia comienza...
Si bien los estudios para la represa de Urrá se iniciaron en 1951 y la licencia ambiental para iniciar la construcción fue concedida en 1993, la primera vez que se hizo pública la situación del pueblo de Embera Katio fue en 1994. "Los ingenieros han venido a nuestras chozas, pero .... sólo para tomar fotografías turísticas", atestiguó Kimi Pernia. "Nosotros, los Embera, no aparecemos en los estudios de 1951 ni en los subsiguientes. En 1977 la zona, incluyendo nuestro territorio, fue declarada de utilidad pública sin consultarnos... El país se enteró por primera vez de nuestros problemas por nuestra declaración contra la represa de Urrá en 1994.”

Además, aun cuando el gobierno colombiano ha ratificado una ley que afirma que "Las personas interesadas deben tener derecho a decidir sus propias prioridades en el proceso de desarrollo en cuanto éste afecta sus vidas, creencias e instituciones, y las tierras que usan u ocupan", nada de eso se ha tenido en cuenta en el caso de los Embera.

En 1994, representantes del pueblo Embera Katio se trasladaron en balsas por el río Sinú para denunciar públicamente las violaciones de sus derechos ambientales y culturales, y para reclamar su derecho a sobrevivir. Un mes más tarde se les concedió una audiencia con el ministro encargado del medio ambiente, sólo para que el ministro de entonces les dijera que "la construcción de Urrá continuará, porque ofrece más oportunidades de desarrollo que ecológicas. Nosotros asumimos públicamente la responsabilidad. Éste es un ministerio para el desarrollo sustentable, no para la conservación de recursos."

Desde aquel momento el enfrentamiento ha sido intenso y constante: el gobierno colombiano y la compañía que construye Urrá, contra la población indígena y pescadora que hace uso del río. El gobierno colombiano y el consorcio de Urrá han utilizado varias estrategias, incluyendo demoras intencionales, corrupción y la provocación de problemas internos en su intento de dividir a los Embera Katio.

Kimi Pernia resume las acciones deshonestas del gobierno hacia su pueblo: "El Ministro del Medio Ambiente ha actuado contra nosotros, igual que lo hizo contra nuestros hermanos U'wa .… Firmó un documento aceptando la designación de un territorio especial para los Embera como si fuera una finca, dividiéndonos. Ignoró las propuestas de los Embera en la licencia. No respeta ni entiende nuestras propuestas. Su corazón está con los bancos y las transnacionales."

La resistencia y la lucha continúan
La resistencia a la represa de Urrá ha tenido un precio muy alto en los últimos años. Dieciocho Emberas han sido asesinados, además de un profesor de la Universidad de Córdoba y dos ambientalistas. Además han desaparecido alrededor de diez indígenas. En 1998 el dirigente espiritual de los Embera, Alonso Domico Cabrera, fue asesinado en su propia casa por el consorcio de la represa. Otro dirigente y vocero, Lucindo Domico Cabrera, fue muerto poco después. En otra ocasión, fuerzas paramilitares detuvieron a una docena de Emberas, los amenazaron y quemaron sus canoas antes de matar a Alejandro Domico. Y la lista continúa …

Los pueblos indígenas y los pescadores han organizado varias marchas de larga distancia, incluyendo una a la sede central del consorcio de Urrá para protestar por la desaparición del bocachico (un pez del río), y otra al Ministerio del Medio Ambiente para exigir que se detenga el proyecto. También ocuparon la embajada de Suecia, país que es sede de algunas de las empresas que componen el consorcio.

En 1996, los Embera Katio ocuparon la embajada de España para solicitar asilo político debido al exterminio de su comunidad y el desalojo de sus tierras. Según Kimi Pernia, una carta de los paramilitares a los impulsores de la represa calificaba a los Embera de "guerrilleros" debido a su oposición a la represa. El consorcio de la represa pidió permiso para llenar el lago de inmediato, y cinco días más tarde se le concedió la licencia necesaria.

A fines de 1998 los tribunales colombianos finalmente anunciaron su decisión en favor de los Embera Katio, exigiendo al consorcio de Urrá que hiciera las consultas prometidas con los afectados antes de conceder la licencia para llenar el embalse y poner en funcionamiento la represa. Sin embargo –y no sorprende— las consultas no tuvieron ningún significado y no se tomó en consideración ninguna de las propuestas indígenas. A fines de 1999 se empezó a llenar el embalse de la Represa de Urrá.

El 12 de diciembre de 1999, 160 indígenas Embera llegaron a Bogotá después de caminar 700 kilómetros. Se instalaron en los jardines del Ministerio del Medio Ambiente y exigieron más diálogo antes de proceder a la inundación. Cuatro meses más tarde, todavía acampados en el jardín, los dirigentes Embera llegaron a un acuerdo con el consorcio de la represa y los Ministerios del Medio Ambiente, de Minas y de Asuntos Internos.

Los Embera regresaron a sus territorios ancestrales el 26 de abril del 2000, esperando ver los resultados del acuerdo en pocas semanas. Sin embargo, un año después los acuerdos todavía no se han cumplido, los asesinatos de dirigentes Embera continúan y más de 250 familias Embera han sido trasladadas de sus tierras a la población más cercana.

Bajo voltaje
Toda esta masacre y etnocidio ambiental ha ocurrido para producir apenas el 2% (340 MW) del total de la electricidad producida en Colombia. Esto evoca otros ejercicios de construcción de represas inútiles, por ejemplo la represa Balbina en Brasil, que al precio de mil millones de dólares convirtió alrededor de 250,000 hectáreas de selva tropical en un lago inerte lleno de vegetación pútrida, mató a millones de animales silvestres, desplazó a varias tribus e introdujo en la región diversas enfermedades. Y todo eso para generar alrededor de 80 MW de energía.

Inventario de derechos humanos
El proceso de la represa de Urrá constituye una vergonzosa violación de los derechos humanos. Y eso a pesar de que el gobierno colombiano se jacta de su avanzada legislación nacional de derechos humanos y ambientales, y ha ratificado varias convenciones internacionales de derechos humanos. Pese a todas las declaraciones, los tribunales colombianos no han reconocido ningún derecho a los Embera, y ya se han aprobado nuevas leyes para garantizar la continuación del proyecto de la represa sin problemas. También los gobiernos europeos son culpables por financiar megaproyectos como el de la represa de Urrá, que violan todos los derechos fundamentales a la vida, la cultura, el medio ambiente y la autodeterminación.

Javier Marín , AT Colombia