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Julio

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17/07/2012

Demanda justicia para Miguel

by Denis Burke — last modified 17/07/2012 17:45

En Paraguay existe una lucha feroz entre los grandes terratenientes y los campesinos pobres. Sólo el 3% de la población posee el 85% de la tierra.

Fonetisch typen toestaan
MiguelEl 15 de junio estalló la violencia durante el desalojo policial de tierras ocupados por campesinos en una protesta por sus derechos territoriales.

Hubo disparos, resultando en 17 heridos y muchos muertos.

En la confusión Miguel,
miembro de un grupo trabajando con Amigos de la Tierra Paraguay, fue detenido injustamente.

A pesar de no estar involucrado en la violencia, Miguel fue detenido injustamente por la policía cuando visitaba a su amigo que había sido herido por los disparos.

Miguel es inocente.

Por favor únase a la llamada aliberar a nuestro compañero Miguel- que ha sido injustamente detenido en Paraguay.

12/07/2012

Comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe Grave situación de lideres sociales y académicos en Colombia

by Denis Burke — last modified 12/07/2012 11:06

Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe expresa su preocupación por la grave situación que atraviesan los dirigentes sociales y académicos comprometidos con las luchas por una justicia social y ambiental. En las últimas semanas, se ha conocido sobre la persecusión contra académicos, dirigentes y activistas de las organizaciones del movimiento social se suma a la criminalización y judicialización de otros luchadores.

El sábado 8 de junio del año en curso fue detenido y posteriormente judicializado el compañero FELIX MANUEL BANGUERO -del equipo de Coordinación Regional del Proceso de Comunidades Negras -PCN- del Consejo Comunitario de Pilamo- acusado de los cargos de rebelión y concierto para delinquir. Felix Banguero es un líder del PCN, que se ha destacado por su compromiso con el trabajo organizativo de las comunidades negras y que se ha desempeñado además como secretario de cultura del Municipio de Guachené. Actualmente Felix se desempeñaba como asesor de cultura ciudadana del municipio de Guachené.

La semana anterior, la Procuraduría Regional del Huila abrió una investigación disciplinaria con base en una comunicación enviada por el Coronel JUAN FRANCISCO PELAEZ RAMÍREZ del 7 de marzo de 2012, a la cual se anexó un material audiovisual mediante el cual se orienta a evaluar “el carácter irregular del comportamiento del profesor Miller Dussan”, en las manifestaciones que se han adelantado contra el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Miller es un reconocido profesor de planta de la Universidad Sur Colombiana, e investigador de temas sociales. Su trabajo es ampliamente conocido a nivel nacional e internacional y sus  estudios y argumentaciones sobre los impactos y los conflictos de las hidroeléctricas, en particular sobre El Quimbo, han sido publicados en libros, revistas y portales y difundidos en foros académicos y sociales en diversas partes del mundo.

El día sábado 7 de julio entre las 5 y las 8 de la noche fue asaltada la vivienda y lugar de trabajo de Hildebrando Vélez G., reconocido ambientalista, catedrático, integrante del palenke Alto Cauca del PCN, quien fuera director de nuestra organización asociada en Colombia y coordinador internacional de la Campaña de Energía y Cambio Climático de nuestra federación durante los años 2009 y 2010. Desde febrero 17 de 2011 cuando fue desaparecida Sandra Viviana Cuellar, su casa ha sido asaltada en dos oportunidades y la de su hija igualmente, en una oportunidad, robado sus computadores con información que se refiere fundamentalmente a la búsqueda de Sandra Viviana, a sus investigaciones acedémicas y a sus opiniones y documentos relacionados con las luchas sociales.

Estas acciones se realizan no obstante algunos de estos dirigente cuentan con medidas cautelares de CIDH. Nos preocupa que  al contrario de protejerse los derechos de miembros de las organizaciones sociales, estos no estén siendo respetados ni garantizados, esta es la situación de los académicos y activistas Miller Dussan e Hildebrando Vélez.

Ante las situaciones referidas, Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe:

  • Solicita al gobierno colombiano respetar y garantizar a los lideres sociales, activistas e intelectuales como sus familias, los derechos fundamentales a la vida, de asociación, libertad de pensamiento, de catedra, de asociación y de expresión
  • Hace un llamado, a la comunidad intenacional a estar atenta de estas violaciones a los derechos y a respaldar acciones para la proteccion de la vida de integridad de los derechos de nuestras comunidades y militantes.
  • Expresa su apoyo y solidaridad con el pueblo colombiano y las personas comprometidas que trabaja en defensa de sus territorios y sus culturas.

08/07/2012

acciones violentas en Perú contra defensores protestando en contra de un proyecto minero de Newmont

by Joukje Kolff — last modified 08/07/2012 14:50

Las acciones causan 4 muertos y la detención del Padre Marco Arana. Amigos de la Tierra Internacional apoya la siguiente declaración.

nullQueremos expresar nuestro rechazo por la alarmante escalada de represión y la vulneración de derechos fundamentales que observamos en Perú, como respuesta del gobierno ante los conflictos medioambientales en los últimos meses.

 

Desde hace semanas, esta respuesta totalmente irresponsable y desproporcionada, con el uso indiscriminado de armas de fuego, incluso desde helicópteros, contra manifestantes y peatones, ha sido la causante de cuatro personas muertas y decenas de heridas en el conflicto de El Espinar en el Departamento del Cusco; una persona muerta y varias heridas de bala en Bambamarca; y tres muertas y decenas de heridas de bala, durante las movilizaciones de la población de Celedín, Cajamarca, contra el proyecto minero Conga, que amenaza con la contaminación y la desaparición de las fuentes de agua de la región.

 

En ese mismo contexto, denunciamos la violenta y arbitraria detención del señor Marco Arana, miembro de la organización ambientalista Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), uno de los referentes comunitarios en la resistencia a la minería y dirigente de la formación política Tierra y Dignidad, como fue registrado por los medios de comunicación. Ver aquí el video de la detención.

 

Todo esto ha estado acompañado de medidas de excepción y privación de libertades a través de la declaración del estado de emergencia en ambos conflictos. Con los precedentes de Honduras y Paraguay, tememos que podamos encontrarnos ante una dinámica creciente de suspensión de derechos y libertades de la población en varios países de América Latina, especialmente vinculada a la defensa de los intereses de diferentes multinacionales y sus negocios extractivos. Por todo ello:

 

  • Expresamos al gobierno de Perú nuestra profunda indignación, le instamos a que ponga inmediatamente fin a la escalada represiva y que asuma su responsabilidad histórica de ser garante de los Derechos Humanos de la población peruana.
  • Hacemos un llamamiento a organizaciones sociales, ONG de cooperación internacional, entidades de derechos humanos, instituciones públicas, y otras, a comprometerse activamente en la defensa de los derechos y libertades para impedir un giro autoritario en Perú, y en la defensa de una resolución de los conflictos atendiendo el derecho a la consulta libre e informada de las comunidades y pueblos afectados.
  • Solicitamos el esclarecimiento de todos los hechos que han conducido a estos graves acontecimientos y provocado el luto en estas poblaciones.
  • Exigimos a la empresa multinacional Newmont, que conduce el proyecto Conga, que se pronuncie sobre las acciones violentas e ilegales del gobierno peruano.

 

Como organizaciones de la sociedad civil mantendremos una vigilante mirada sobre la evolución de los hechos en Perú, difundiendo ampliamente al respecto y alertando a los entes internacionales sobre las políticas represivas del gobierno peruano que violan y contravienen los acuerdos firmados por las partes, de respeto a los derechos de los pueblos.

 

Seguiremos brindando nuestra solidaridad y acompañamiento a las poblaciones afectadas, a sus organizaciones sociales y comunitarias, así como a sus autoridades locales y, especialmente a las familias de las víctimas.

 

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