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campesinos
colombianos
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En 2002 el gobierno colombiano autorizó el
algodón Bt transgénico de Monsanto para usos
“pre-comerciales”. La autorización cedida por
las autoridades agrícolas relevantes, fue
producto de un proceso plagado de
irregularidades, no hubieron estudios de
impacto ambiental adecuados y la autorización
fue concedida después de tan solo dos pruebas
de campo en un solo lugar.
Es más, el papel que tuvo Monsanto en la
aprobación refleja un proceso de decisión
sesgado. Monsanto elaboró los estudios y el
informe final acerca del desempeño del
algodón Bt y organizó también las pruebas de
campo. Además el vicepresidente de la
institución que asesora al gobierno sobre la
autorización final de los cultivos
transgénicos era un funcionario de Monsanto.
La sociedad civil colombiana estaba inquieta
acerca de los impactos del algodón Bt en
Colombia, temerosa especialmente de los
efectos sobre las variedades nativas, puesto
que el país es centro de diversidad del
algodón. Por eso, algunas ONGs colombianas
iniciaron una acción popular en los
tribunales contra la decisión del gobierno en
febrero de 2003.
En octubre de 2003 un tribunal
administrativo colombiano suspendió la
autorización de Monsanto para importar,
cultivar y hacer pruebas con algodón
transgénicos. El tribunal dictaminó que la
importación y las pruebas con ese algodón
transgénico violaban los derechos colectivos
a un ambiente sano y a la salud pública, así
como el derecho de los consumidores a elegir
y el derecho a la participación pública en
las decisiones que afectan el medio
ambiente.
El tribunal concordó con los litigantes
que la falta de una licencia ambiental
concedida por el Ministerio de Medio Ambiente
y la ausencia de un estudio de impacto
ambiental (EIA que la Monsanto tendría que
haber realizado) violaban las normas
ambientales colombianas. El tribunal conminó
al Ministerio de Medio Ambiente a presentar
un EIA de acuerdo con la ley, y le exigió a
Monsanto realizar dicho estudio. Por último
el tribunal ordenó una investigación del
proceso a cargo de la Defensoría del Pueblo
para establecer la posible corrupción en el
proceso de autorización.
Esta decisión constituye una importante
victoria para los ecologistas en Colombia,
puesto que esta es la primera decisión
jurídica sobre la introducción de los
transgénicos en el país. Ella también
refuerza el derecho a la participación
pública en las decisiones administrativas que
puedan afectar al medio ambiente, la salud
humana y el sustento del pueblo
colombiano.
fuente y más información:
Semillas Colombia:
www.biodiversidadla.org/article/view/3866
AT Colombia:
www.censat.org
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