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campesinos colombianos .

En 2002 el gobierno colombiano autorizó el algodón Bt transgénico de Monsanto para usos “pre-comerciales”. La autorización cedida por las autoridades agrícolas relevantes, fue producto de un proceso plagado de irregularidades, no hubieron estudios de impacto ambiental adecuados y la autorización fue concedida después de tan solo dos pruebas de campo en un solo lugar.

Es más, el papel que tuvo Monsanto en la aprobación refleja un proceso de decisión sesgado. Monsanto elaboró los estudios y el informe final acerca del desempeño del algodón Bt y organizó también las pruebas de campo. Además el vicepresidente de la institución que asesora al gobierno sobre la autorización final de los cultivos transgénicos era un funcionario de Monsanto. La sociedad civil colombiana estaba inquieta acerca de los impactos del algodón Bt en Colombia, temerosa especialmente de los efectos sobre las variedades nativas, puesto que el país es centro de diversidad del algodón. Por eso, algunas ONGs colombianas iniciaron una acción popular en los tribunales contra la decisión del gobierno en febrero de 2003.

En octubre de 2003 un tribunal administrativo colombiano suspendió la autorización de Monsanto para importar, cultivar y hacer pruebas con algodón transgénicos. El tribunal dictaminó que la importación y las pruebas con ese algodón transgénico violaban los derechos colectivos a un ambiente sano y a la salud pública, así como el derecho de los consumidores a elegir y el derecho a la participación pública en las decisiones que afectan el medio ambiente.

El tribunal concordó con los litigantes que la falta de una licencia ambiental concedida por el Ministerio de Medio Ambiente y la ausencia de un estudio de impacto ambiental (EIA que la Monsanto tendría que haber realizado) violaban las normas ambientales colombianas. El tribunal conminó al Ministerio de Medio Ambiente a presentar un EIA de acuerdo con la ley, y le exigió a Monsanto realizar dicho estudio. Por último el tribunal ordenó una investigación del proceso a cargo de la Defensoría del Pueblo para establecer la posible corrupción en el proceso de autorización.

Esta decisión constituye una importante victoria para los ecologistas en Colombia, puesto que esta es la primera decisión jurídica sobre la introducción de los transgénicos en el país. Ella también refuerza el derecho a la participación pública en las decisiones administrativas que puedan afectar al medio ambiente, la salud humana y el sustento del pueblo colombiano.

fuente y más información:
Semillas Colombia:
www.biodiversidadla.org/article/view/3866
AT Colombia: www.censat.org

 

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