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tiempos peligrosos para los activistas mineros en filipinas

Agua tóxica fluye por sobre la barrera de contención que fuera creada para evitar una nueva rotura de la represa después del desastre de 1993. Las inspecciones independientes indican que la nueva represa otra vez está en peligro de colapsar.
© rod harbinson

Las Instituciones Financieras Internacionales han sido funcionales al establecimiento de un “régimen de inversión favorable” en Filipinas. La Ley de Minas de Filipinas de 1995, aprobada bajo la presión del Banco Asiático de Desarrollo, permite a las grandes corporaciones explotar hasta 81.000 hectáreas por cada solicitud y presentar varias solicitudes. Pueden operar hasta un máximo de 25 años, con la posibilidad de renovación por otros 25 años. El acuerdo otorga a las corporaciones los derechos completos sobre el uso de los recursos hídricos y madereros dentro del sitio de la mina, privando a las comunidades locales de acceso a recursos básicos. Otros incentivos incluyen treguas fiscales de hasta un máximo de seis años, importación sin pago de impuestos de bienes de capital, repatriación del capital y las utilidades, remesas de préstamos y obligaciones contractuales, garantías contra expropiación, requisición de inversiones y confidencialidad total.

La Ley de Minas ha producido la afluencia masiva de corporaciones mineras. Las operaciones mineras en Filipinas se realizan en un contexto de militarización y violaciones de los derechos humanos. Desde abril de 2001, como mínimo 30 civiles desarmados han sido asesinados, según se informa, por miembros de la Citizens Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) o las Fuerzas Armadas de las Filipinas (AFP). Entre ellos hay al menos tres que eran miembros de la destacada organización de derechos humanos Karapatan. Por lo menos otros 27 activistas, en su mayoría miembros del partido opositor Bayan Muna, también fueron asesinados, según un Informante Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El gobierno de Filipinas formuló su política minera nacional en diciembre de 2002 de conformidad con los compromisos internacionales del país con el desarrollo sustentable. Sin embargo, esta política simplemente promueve “enfoques de autorregulación y no regulatorios para la protección ambiental”. Si bien menciona el principio “el que contamina paga”, exige apenas un pago de cincuenta pesos (US$ 1) por tonelada de liberación no autorizada de desechos mineros en el medio ambiente. La política no reconoce los derechos de las comunidades a rechazar las operaciones mineras para mantener la paz y la armonía de la comunidad.

 

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