|
tiempos peligrosos para los activistas
mineros en filipinas
|
Agua tóxica fluye por sobre la
barrera de contención que fuera creada
para evitar una nueva rotura de la
represa después del desastre de 1993. Las
inspecciones independientes indican que
la nueva represa otra vez está en peligro
de colapsar.
|
© rod harbinson
Las Instituciones Financieras
Internacionales han sido funcionales al
establecimiento de un “régimen de inversión
favorable” en Filipinas. La Ley de Minas de
Filipinas de 1995, aprobada bajo la presión
del Banco Asiático de Desarrollo, permite a
las grandes corporaciones explotar hasta
81.000 hectáreas por cada solicitud y
presentar varias solicitudes. Pueden operar
hasta un máximo de 25 años, con la
posibilidad de renovación por otros 25 años.
El acuerdo otorga a las corporaciones los
derechos completos sobre el uso de los
recursos hídricos y madereros dentro del
sitio de la mina, privando a las comunidades
locales de acceso a recursos básicos. Otros
incentivos incluyen treguas fiscales de hasta
un máximo de seis años, importación sin pago
de impuestos de bienes de capital,
repatriación del capital y las utilidades,
remesas de préstamos y obligaciones
contractuales, garantías contra expropiación,
requisición de inversiones y confidencialidad
total.
La Ley de Minas ha producido la afluencia
masiva de corporaciones mineras. Las
operaciones mineras en Filipinas se realizan
en un contexto de militarización y
violaciones de los derechos humanos. Desde
abril de 2001, como mínimo 30 civiles
desarmados han sido asesinados, según se
informa, por miembros de la Citizens Armed
Forces Geographical Unit (CAFGU) o las
Fuerzas Armadas de las Filipinas (AFP). Entre
ellos hay al menos tres que eran miembros de
la destacada organización de derechos humanos
Karapatan. Por lo menos otros 27 activistas,
en su mayoría miembros del partido opositor
Bayan Muna, también fueron asesinados, según
un Informante Especial de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de Filipinas formuló su
política minera nacional en diciembre de 2002
de conformidad con los compromisos
internacionales del país con el desarrollo
sustentable. Sin embargo, esta política
simplemente promueve “enfoques de
autorregulación y no regulatorios para la
protección ambiental”. Si bien menciona el
principio “el que contamina paga”, exige
apenas un pago de cincuenta pesos (US$ 1) por
tonelada de liberación no autorizada de
desechos mineros en el medio ambiente. La
política no reconoce los derechos de las
comunidades a rechazar las operaciones
mineras para mantener la paz y la armonía de
la comunidad.
|
