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“No venderemos de ninguna manera
nuestra Madre Tierra. Hacerlo sería abandonar
nuestra tarea de colaborar con los espíritus
para proteger el corazón del mundo, que
sostiene y da vida al resto del universo.
Sería ir contra nuestros propios orígenes y
los de toda la existencia.”
Declaración del pueblo U'wa de
Colombia, agosto de 1998.
“Las condiciones de negociación con la
compañías transnacionales son siempre
desventajosas para nuestro país. Ellos son
quienes imponen las condiciones económicas
que las regulan. Para nosotros como
comunidades indígenas todo está perdido:
nuestra tierra, nuestra capacidad de
negociar, nuestra cultura, nuestra seguridad.
Lo que nos dejan es el medio ambiente dañado
y recursos naturales agotados.”
Armando Valbuena Wourlyu, Organización
Nacional Indígena de Colombia, 2003
“Antes de las minas, nuestra vida era
tan hermosa. El agua del río que bebíamos y
usábamos para lavar siempre estaba
naturalmente limpia. El aire que respirábamos
era naturalmente puro y los caminos no tenían
polvo. Pero ahora, desde que comenzó la
minería, mi pueblo ha sido destruido.
Nuestras vidas y nuestro medio ambiente,
nuestros árboles, ríos y animales ya no están
bien como antes. Los pobladores indígenas,
mujeres y niños, viajan millas y millas en
busca de agua dulce para beber, alimentos y
materiales para construir
viviendas.”
Mujer indígena que vive cerca de la
conocida mina de Ok Tedi en Papúa Nueva
Guinea, que fuera financiada por el agencia
de créditos a las exportaciones de Australia
(EFIC). No desea ser identificada porque teme
por su seguridad.
Las comunidades afectadas proporcionan
testimonios aleccionadores y evidencia bien
documentada de que muchos proyectos
financiados por las IFIs producen desastres
ambientales e intensifican los conflictos
sociales, en vez de contribuir a la creación
de sociedades pacíficas, equitativas y
ambientalmente sustentables. Mediante la
contaminación en gran escala de tierras, aire
y agua, los pueblos pierden sus formas de
sustento y sufren problemas de salud. Además,
la explotación de combustibles fósiles y las
actividades mineras a menudo están asociadas
con graves violaciones de los derechos
humanos.
Existe un movimiento mundial cada vez
mayor que demanda el reconocimiento de estos
impactos negativos acumulativos, a los que
también se hace referencia como la “deuda
ecológica”. En el contexto de las industrias
extractivas, la deuda ecológica se refiere al
saqueo que perpetran los países
industrializados de los recursos minerales y
el combustible fósil de otros países, dejando
tras de sí un reguero de bosques degradados,
agua y aire contaminados, comunidades
divididas y erosión de la diversidad
biológica. Es necesario que los gobiernos e
Instituciones Financieras Internacionales
responsables reconozcan su deuda ecológica,
se hagan cargo de reparar los daños o
indemnicen a los damnificados por el daño
causado, y modifiquen su forma de actuar en
el futuro.
f
inanciando la pérdida de los
medios de sustento
Las industrias extractivas constituyen una
carga pesada para el medio ambiente en el que
se instalan, durante todo el desarrollo de
sus operaciones. Tierras, agua, aire y medio
ambiente son contaminados mediante descargas
de desechos químicos, derrames, explosiones
de gas, generación de polvo y vertido de
desechos.
Los derrames de sustancias químicas,
petróleo y aguas residuales están entre los
peores accidentes ambientales posibles. A
menudo son el resultado de las prácticas de
las compañías de reducción de las medidas de
seguridad para recortar los costos,
sometiendo a los pueblos y al medio ambiente
a niveles de riesgo extremadamente altos.
Entre 1998 y 2000, se han producido tres
derrames graves de sustancias químicas en la
mina de oro de Kumtor en la República de
Kyrgyz en Asia Central. Estos derrames
envenenaron a más de 3.000 personas, y
todavía no se ha determinado exactamente el
número de muertes por esta causa. Los
funcionarios de Kumtor y la Corporación
Financiera Internacional del Banco Mundial se
han negado a divulgar la dimensión del daño
producido por el desastre.
Las personas que viven en las cercanías de
los sitios mineros han sido afectadas por un
menor acceso a agua potable, los impactos
sobre los cultivos y las enfermedades de los
animales. Y estas amenazas a su sustento no
desaparecen cuando terminan las operaciones.
Cuando finaliza un proyecto petrolero,
gasífero o minero, las tierras circundantes y
las fuentes de agua quedan contaminadas, y
los bosques talados.
En general, son las mujeres de las
comunidades mineras las más desempoderadas a
consecuencia de la contaminación de los
recursos naturales que acompaña
inevitablemente a los proyectos extractivos.
Las mujeres, que con frecuencia están a cargo
de proveer alimentos a través de la
agricultura o la recolección de productos del
bosque, son forzadas en general a abandonar
sus roles económicos tradicionales cuando los
recursos naturales están contaminados o ya no
están disponibles. Las mujeres, en
particular, son también más susceptibles a la
contaminación del agua debido al rol esencial
que juega el agua en las rutinas diarias del
hogar. Además, las mujeres tienen poco
control o acceso a los beneficios financieros
de la explotación de reservas petroleras y
minerales. Se vuelven dependientes de los
salarios de los hombres, que tienen más
posibilidades de encontrar trabajo en los
sitios de extracción o perforación. Los
hombres, por otra parte, caen a menudo en la
trampa de gastar el dinero en alcohol y
apuestas. El resultado final es que las
mujeres pierden el poder de tomar decisiones
y el hogar queda con menos dinero en efectivo
para alimentos y otras necesidades.
Los estudios de caso de esta publicación y
otros ejemplos muestran claramente la
destrucción de los recursos naturales. Por
ejemplo, la contaminación y desaparición de
peces es un fenómeno muy conocido en los
alrededores de los sitios mineros. En Laos,
donde la compañía minera australiana Oxiana
explota actualmente la mina de oro Sepon con
el apoyo probable del Banco Europeo de
Inversiones, se descarga mercurio en los
arroyos que desembocan en el río Nam Kok.
pescadores locales temen que se produzca
envenenamiento por mercurio y se quejan de
una severa reducción en la variedad y
cantidad de peces (ver estudio de caso en la
página 12
).
En otro ejemplo, uno de los principales
productos de exportación de Georgia es el
agua embotellada de la reserva de Borjomi.
Sin embargo, los pobladores locales tienen
temores bien fundados de que el oleoducto
Baku-Tbilisi, Ceyhan, que atravesará el área
y al que recientemente varias Instituciones
Financieras Internacionales han decidido
apoyar, contamine sus aguas (ver estudio de
caso en la
página 38
).
Las comunidades contraatacan. La lucha en
Tambogrande es un buen ejemplo de la pugna de
intereses entre una comunidad agrícola y una
compañía extractora de oro. En la década de
1950, el valle de San Lorenzo en Perú recibió
apoyo del Banco Mundial para un proyecto de
irrigación que convirtió un desierto seco en
tierras de cultivo fértiles que actualmente
sostienen a 20.000 personas a partir de la
producción de mango y limas. Irónicamente, el
Banco Mundial ha recibido recientemente una
solicitud de una compañía canadiense que
quiere su apoyo para abrir una mina de oro a
cielo abierto por lixiviación de cianuro en
medio del valle. El proyecto, conocido como
la Mina de oro de Tambogrande, tendría un
valor de US$ 240 millones y una duración de
diez años. Conscientes de los posibles
impactos ambientales y sociales que tendría
este proyecto sobre su agricultura, los
agricultores y residentes del valle se oponen
duramente a la mina de oro propuesta a través
de plebiscitos populares, bloqueos y
manifestaciones.
Los
Financiando
el peligro y la mala salud
Las industrias extractivas están entre las
industrias más peligrosas del mundo. Los
trabajadores están expuestos constantemente a
sustancias químicas peligrosas, explosivos,
equipo pesado, ruido, polvo y desechos
tóxicos, con frecuencia sin estar informados
sobre los peligros a los que se enfrentan.
Esto es particularmente peligroso para
mujeres embarazadas, que son especialmente
vulnerables al ruido y la contaminación.
Muchos trabajadores han muerto en
explosiones, desmoronamientos,
desprendimientos de tierras e inundaciones.
Algunas compañías no proporcionan protección
adecuada (botas de seguridad, guantes, gafas
protectoras, cascos, etc.) a sus trabajadores
y los trabajos en las minas a menudo son
inseguros, mal pagos y sin beneficios de
seguro ni bonificaciones por trabajo
peligroso.
Las mujeres también están expuestas a un
riesgo mayor de contraer VIH/SIDA y otras
enfermedades de transmisión sexual, como
efecto secundario de las industrias
extractivas. Las operaciones de minería y
construcción atraen a nuevos trabajadores, en
su mayoría hombres jóvenes, al área.
Comportamientos difíciles de controlar,
incidentes relacionados con el alcohol,
apuestas y violaciones de mujeres son comunes
en torno a los sitios de los proyectos
mineros. Además, el trastorno y la pérdida de
los medios de sustento obliga a las mujeres,
incluso muy jóvenes, a la prostitución (ver
estudio de caso en la página 22). Muchas no
saben cómo protegerse de las enfermedades de
transmisión sexual, que en consecuencia se
están diseminando con mucha rapidez. El SIDA,
por ejemplo, se difunde en forma desenfrenada
en muchos poblados de industrias extractivas.
A pesar de esto, las Instituciones
Financieras Internacionales no tienen pautas
para abordar la prevención del VIH/SIDA.
Financiando la
militarización y las violaciones de los
derechos humanos
La participación de las Instituciones
Financieras Internacionales en las industrias
extractivas con frecuencia se asocia a la
inestabilidad política y económica, la
corrupción de los funcionarios
gubernamentales, los regímenes dictatoriales
y las violaciones de los derechos humanos.
Afirmando que no existen actores no
políticos, las IFIs no toman en cuenta estas
situaciones y no tienen normas de derechos
humanos que guíen su participación. Sin
embargo, en países como estos, los proyectos
provocan el descontento social y alimentan
conflictos armados debido a la competencia
feroz por el control de los recursos y los
ingresos. Los regímenes autoritarios y las
dictaduras tienen una tradición de apoyar las
industrias extractivas y viceversa. La
contratación de unidades paramilitares o
personal de seguridad por parte de las
compañías produce como resultado las
violaciones de los derechos humanos y agrava
los conflictos armados existentes.
Nuevamente, en este caso, las IFIs carecen de
pautas de seguridad y derechos humanos, y en
su lugar afirman no ser instituciones
políticas y que por ende no pueden influir en
estas situaciones.
Uno de los casos flagrantes de violación
de los derechos humanos relacionados con la
industria de la minería tiene lugar en la
isla de Mindoro en las Filipinas, donde los
activistas de la oposición son considerados
extremistas políticos, y por lo tanto blanco
de las operaciones militares. Recientemente,
sólo en el correr de los últimos dos años,
más de 20 dirigentes comunitarios y
activistas defensores de los derechos humanos
y ambientalistas fueron brutalmente
asesinados.5 El gobierno de Filipinas no ha
ordenado una investigación independiente
sobre la muerte de estos líderes (ver
página 10
)
Financiando la marginación de
pueblos indígenas
Los pueblos indígenas son particularmente
vulnerables a las actividades mineras y
extractivas porque afectan su cultura, la
propia base de su supervivencia. Las formas
de vida de los pueblos indígenas tienen
raíces en tradiciones estrechamente
vinculadas con los ciclos naturales,
transmitidos de generación en generación. Las
operaciones de las compañías extractoras de
combustibles fósiles y minerales rompen estos
vínculos destruyendo los bosques,
desfigurando la tierra, envenenando el aire y
el agua, y borrando identidades culturales,
lo que lleva a los pueblos indígenas al borde
de la extinción física. La imposición de
actividades de minería, perforación y tendido
de ductos en los territorios indígenas viola
el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos
Indígenas y Tribales.
En Papúa Nueva Guinea por ejemplo, la
introducción del dinero que acompañó la
llegada de las corporaciones mineras ha
significado un cambio fundamental en las
relaciones sociales. Las personas antes se
basaban en un sistema de seguridad social
cuyo fundamento era el suministro gratuito de
bienes y servicios, en el entendido de que
serían devueltos cuando resultaran
necesarios. La entrega de dinero después de
un intercambio de bienes termina de forma
abrupta las transacciones personales, y en
algunas sociedades no monetarias, el sistema
de seguridad tradicional está perdiendo valor
rápidamente en tanto las operaciones mineras
ganan terreno (ver estudio de caso página
30). Como las compañías no reconocen las
conexiones religiosas y espirituales de las
personas con su medio ambiente, alteran un
sistema cultural basado en el respeto a los
árboles, a la tierra y al agua. Se llevan las
vidas dignas de los pueblos y las reemplazan
por meras existencias de humillación y
privación permanentes.
Por último, la minería amenaza la salud y
las vidas de los pueblos indígenas
previamente aislados, debido a su falta de
resistencia a las enfermedades. Por ejemplo,
el proyecto de gas de Camisea en Perú ya
exterminó al 42% de la población Nahua
mediante la introducción de enfermedades como
la gripe. Para muchos pueblos indígenas, los
únicos medicamentos accesibles y aceptables
son las plantas medicinales que existen en su
medio ambiente, que a su vez están amenazadas
por las actividades de perforación,
extracción y de tendido de ductos.
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