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“No venderemos de ninguna manera nuestra Madre Tierra. Hacerlo sería abandonar nuestra tarea de colaborar con los espíritus para proteger el corazón del mundo, que sostiene y da vida al resto del universo. Sería ir contra nuestros propios orígenes y los de toda la existencia.”
Declaración del pueblo U'wa de Colombia, agosto de 1998.

“Las condiciones de negociación con la compañías transnacionales son siempre desventajosas para nuestro país. Ellos son quienes imponen las condiciones económicas que las regulan. Para nosotros como comunidades indígenas todo está perdido: nuestra tierra, nuestra capacidad de negociar, nuestra cultura, nuestra seguridad. Lo que nos dejan es el medio ambiente dañado y recursos naturales agotados.”
Armando Valbuena Wourlyu, Organización Nacional Indígena de Colombia, 2003

“Antes de las minas, nuestra vida era tan hermosa. El agua del río que bebíamos y usábamos para lavar siempre estaba naturalmente limpia. El aire que respirábamos era naturalmente puro y los caminos no tenían polvo. Pero ahora, desde que comenzó la minería, mi pueblo ha sido destruido. Nuestras vidas y nuestro medio ambiente, nuestros árboles, ríos y animales ya no están bien como antes. Los pobladores indígenas, mujeres y niños, viajan millas y millas en busca de agua dulce para beber, alimentos y materiales para construir viviendas.”

Mujer indígena que vive cerca de la conocida mina de Ok Tedi en Papúa Nueva Guinea, que fuera financiada por el agencia de créditos a las exportaciones de Australia (EFIC). No desea ser identificada porque teme por su seguridad.

Las comunidades afectadas proporcionan testimonios aleccionadores y evidencia bien documentada de que muchos proyectos financiados por las IFIs producen desastres ambientales e intensifican los conflictos sociales, en vez de contribuir a la creación de sociedades pacíficas, equitativas y ambientalmente sustentables. Mediante la contaminación en gran escala de tierras, aire y agua, los pueblos pierden sus formas de sustento y sufren problemas de salud. Además, la explotación de combustibles fósiles y las actividades mineras a menudo están asociadas con graves violaciones de los derechos humanos.

Existe un movimiento mundial cada vez mayor que demanda el reconocimiento de estos impactos negativos acumulativos, a los que también se hace referencia como la “deuda ecológica”. En el contexto de las industrias extractivas, la deuda ecológica se refiere al saqueo que perpetran los países industrializados de los recursos minerales y el combustible fósil de otros países, dejando tras de sí un reguero de bosques degradados, agua y aire contaminados, comunidades divididas y erosión de la diversidad biológica. Es necesario que los gobiernos e Instituciones Financieras Internacionales responsables reconozcan su deuda ecológica, se hagan cargo de reparar los daños o indemnicen a los damnificados por el daño causado, y modifiquen su forma de actuar en el futuro.

f inanciando la pérdida de los medios de sustento

Las industrias extractivas constituyen una carga pesada para el medio ambiente en el que se instalan, durante todo el desarrollo de sus operaciones. Tierras, agua, aire y medio ambiente son contaminados mediante descargas de desechos químicos, derrames, explosiones de gas, generación de polvo y vertido de desechos.

Los derrames de sustancias químicas, petróleo y aguas residuales están entre los peores accidentes ambientales posibles. A menudo son el resultado de las prácticas de las compañías de reducción de las medidas de seguridad para recortar los costos, sometiendo a los pueblos y al medio ambiente a niveles de riesgo extremadamente altos. Entre 1998 y 2000, se han producido tres derrames graves de sustancias químicas en la mina de oro de Kumtor en la República de Kyrgyz en Asia Central. Estos derrames envenenaron a más de 3.000 personas, y todavía no se ha determinado exactamente el número de muertes por esta causa. Los funcionarios de Kumtor y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial se han negado a divulgar la dimensión del daño producido por el desastre.

Las personas que viven en las cercanías de los sitios mineros han sido afectadas por un menor acceso a agua potable, los impactos sobre los cultivos y las enfermedades de los animales. Y estas amenazas a su sustento no desaparecen cuando terminan las operaciones. Cuando finaliza un proyecto petrolero, gasífero o minero, las tierras circundantes y las fuentes de agua quedan contaminadas, y los bosques talados.

En general, son las mujeres de las comunidades mineras las más desempoderadas a consecuencia de la contaminación de los recursos naturales que acompaña inevitablemente a los proyectos extractivos. Las mujeres, que con frecuencia están a cargo de proveer alimentos a través de la agricultura o la recolección de productos del bosque, son forzadas en general a abandonar sus roles económicos tradicionales cuando los recursos naturales están contaminados o ya no están disponibles. Las mujeres, en particular, son también más susceptibles a la contaminación del agua debido al rol esencial que juega el agua en las rutinas diarias del hogar. Además, las mujeres tienen poco control o acceso a los beneficios financieros de la explotación de reservas petroleras y minerales. Se vuelven dependientes de los salarios de los hombres, que tienen más posibilidades de encontrar trabajo en los sitios de extracción o perforación. Los hombres, por otra parte, caen a menudo en la trampa de gastar el dinero en alcohol y apuestas. El resultado final es que las mujeres pierden el poder de tomar decisiones y el hogar queda con menos dinero en efectivo para alimentos y otras necesidades.

Los estudios de caso de esta publicación y otros ejemplos muestran claramente la destrucción de los recursos naturales. Por ejemplo, la contaminación y desaparición de peces es un fenómeno muy conocido en los alrededores de los sitios mineros. En Laos, donde la compañía minera australiana Oxiana explota actualmente la mina de oro Sepon con el apoyo probable del Banco Europeo de Inversiones, se descarga mercurio en los arroyos que desembocan en el río Nam Kok. pescadores locales temen que se produzca envenenamiento por mercurio y se quejan de una severa reducción en la variedad y cantidad de peces (ver estudio de caso en la página 12 ).

En otro ejemplo, uno de los principales productos de exportación de Georgia es el agua embotellada de la reserva de Borjomi. Sin embargo, los pobladores locales tienen temores bien fundados de que el oleoducto Baku-Tbilisi, Ceyhan, que atravesará el área y al que recientemente varias Instituciones Financieras Internacionales han decidido apoyar, contamine sus aguas (ver estudio de caso en la página 38 ).

Las comunidades contraatacan. La lucha en Tambogrande es un buen ejemplo de la pugna de intereses entre una comunidad agrícola y una compañía extractora de oro. En la década de 1950, el valle de San Lorenzo en Perú recibió apoyo del Banco Mundial para un proyecto de irrigación que convirtió un desierto seco en tierras de cultivo fértiles que actualmente sostienen a 20.000 personas a partir de la producción de mango y limas. Irónicamente, el Banco Mundial ha recibido recientemente una solicitud de una compañía canadiense que quiere su apoyo para abrir una mina de oro a cielo abierto por lixiviación de cianuro en medio del valle. El proyecto, conocido como la Mina de oro de Tambogrande, tendría un valor de US$ 240 millones y una duración de diez años. Conscientes de los posibles impactos ambientales y sociales que tendría este proyecto sobre su agricultura, los agricultores y residentes del valle se oponen duramente a la mina de oro propuesta a través de plebiscitos populares, bloqueos y manifestaciones.

Los Financiando el peligro y la mala salud

Las industrias extractivas están entre las industrias más peligrosas del mundo. Los trabajadores están expuestos constantemente a sustancias químicas peligrosas, explosivos, equipo pesado, ruido, polvo y desechos tóxicos, con frecuencia sin estar informados sobre los peligros a los que se enfrentan. Esto es particularmente peligroso para mujeres embarazadas, que son especialmente vulnerables al ruido y la contaminación. Muchos trabajadores han muerto en explosiones, desmoronamientos, desprendimientos de tierras e inundaciones. Algunas compañías no proporcionan protección adecuada (botas de seguridad, guantes, gafas protectoras, cascos, etc.) a sus trabajadores y los trabajos en las minas a menudo son inseguros, mal pagos y sin beneficios de seguro ni bonificaciones por trabajo peligroso.

Las mujeres también están expuestas a un riesgo mayor de contraer VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, como efecto secundario de las industrias extractivas. Las operaciones de minería y construcción atraen a nuevos trabajadores, en su mayoría hombres jóvenes, al área. Comportamientos difíciles de controlar, incidentes relacionados con el alcohol, apuestas y violaciones de mujeres son comunes en torno a los sitios de los proyectos mineros. Además, el trastorno y la pérdida de los medios de sustento obliga a las mujeres, incluso muy jóvenes, a la prostitución (ver estudio de caso en la página 22). Muchas no saben cómo protegerse de las enfermedades de transmisión sexual, que en consecuencia se están diseminando con mucha rapidez. El SIDA, por ejemplo, se difunde en forma desenfrenada en muchos poblados de industrias extractivas. A pesar de esto, las Instituciones Financieras Internacionales no tienen pautas para abordar la prevención del VIH/SIDA.

Financiando la militarización y las violaciones de los derechos humanos

La participación de las Instituciones Financieras Internacionales en las industrias extractivas con frecuencia se asocia a la inestabilidad política y económica, la corrupción de los funcionarios gubernamentales, los regímenes dictatoriales y las violaciones de los derechos humanos. Afirmando que no existen actores no políticos, las IFIs no toman en cuenta estas situaciones y no tienen normas de derechos humanos que guíen su participación. Sin embargo, en países como estos, los proyectos provocan el descontento social y alimentan conflictos armados debido a la competencia feroz por el control de los recursos y los ingresos. Los regímenes autoritarios y las dictaduras tienen una tradición de apoyar las industrias extractivas y viceversa. La contratación de unidades paramilitares o personal de seguridad por parte de las compañías produce como resultado las violaciones de los derechos humanos y agrava los conflictos armados existentes. Nuevamente, en este caso, las IFIs carecen de pautas de seguridad y derechos humanos, y en su lugar afirman no ser instituciones políticas y que por ende no pueden influir en estas situaciones.

Uno de los casos flagrantes de violación de los derechos humanos relacionados con la industria de la minería tiene lugar en la isla de Mindoro en las Filipinas, donde los activistas de la oposición son considerados extremistas políticos, y por lo tanto blanco de las operaciones militares. Recientemente, sólo en el correr de los últimos dos años, más de 20 dirigentes comunitarios y activistas defensores de los derechos humanos y ambientalistas fueron brutalmente asesinados.5 El gobierno de Filipinas no ha ordenado una investigación independiente sobre la muerte de estos líderes (ver página 10 )

Financiando la marginación de pueblos indígenas

Los pueblos indígenas son particularmente vulnerables a las actividades mineras y extractivas porque afectan su cultura, la propia base de su supervivencia. Las formas de vida de los pueblos indígenas tienen raíces en tradiciones estrechamente vinculadas con los ciclos naturales, transmitidos de generación en generación. Las operaciones de las compañías extractoras de combustibles fósiles y minerales rompen estos vínculos destruyendo los bosques, desfigurando la tierra, envenenando el aire y el agua, y borrando identidades culturales, lo que lleva a los pueblos indígenas al borde de la extinción física. La imposición de actividades de minería, perforación y tendido de ductos en los territorios indígenas viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

En Papúa Nueva Guinea por ejemplo, la introducción del dinero que acompañó la llegada de las corporaciones mineras ha significado un cambio fundamental en las relaciones sociales. Las personas antes se basaban en un sistema de seguridad social cuyo fundamento era el suministro gratuito de bienes y servicios, en el entendido de que serían devueltos cuando resultaran necesarios. La entrega de dinero después de un intercambio de bienes termina de forma abrupta las transacciones personales, y en algunas sociedades no monetarias, el sistema de seguridad tradicional está perdiendo valor rápidamente en tanto las operaciones mineras ganan terreno (ver estudio de caso página 30). Como las compañías no reconocen las conexiones religiosas y espirituales de las personas con su medio ambiente, alteran un sistema cultural basado en el respeto a los árboles, a la tierra y al agua. Se llevan las vidas dignas de los pueblos y las reemplazan por meras existencias de humillación y privación permanentes.

Por último, la minería amenaza la salud y las vidas de los pueblos indígenas previamente aislados, debido a su falta de resistencia a las enfermedades. Por ejemplo, el proyecto de gas de Camisea en Perú ya exterminó al 42% de la población Nahua mediante la introducción de enfermedades como la gripe. Para muchos pueblos indígenas, los únicos medicamentos accesibles y aceptables son las plantas medicinales que existen en su medio ambiente, que a su vez están amenazadas por las actividades de perforación, extracción y de tendido de ductos.

 

 

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