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desacuerdo sofocante

la ley de minería de colombia

“Debido a las amenazas de muerte y a la desaparición de mi hermano nos vimos obligados a dejar nuestra parcela, dejando otra vez todo lo que habíamos construido todo ese tiempo. No me quedó nada, salvo una profunda pena y tristeza por la pérdida de mi familia.”
Elvia Quiroga, cuyo hermano Edgar fue uno de los cientos de líderes mineros desaparecidos en los últimos años en Colombia.


Los proyectos mineros ponen en riesgo el sustento del pueblo indígena U'wa de Colombia.
© terence freitas, project underground

A principios de noviembre de 2003, los dirigentes sindicales de los mineros de Colombia hicieron un llamamiento al mundo en busca de apoyo. El Banco Mundial, las multinacionales mineras y el gobierno colombiano presidido por Álvaro Uribe Vélez, ordenaron la liquidación total del sector minero estatal, dando a las compañías carta blanca para hacerse de los recursos naturales del país. Los mineros se oponen radicalmente, ya que esto significaría un riesgo aún mayor en su situación que es de por sí vulnerable.

La industria minera ha transformado drásticamente a la sociedad colombiana. Antes de la colonización, las comunidades indígenas utilizaban los minerales con cuidado (con fines ceremoniales, para la guerra y para uso medicinal). Durante la invasión española a principios del siglo XIX, los minerales y metales fueron saqueados, fundidos y exportados a Europa. Esta explotación diezmó a las poblaciones indígenas en las regiones mineras.

Con la entrada en escena de las Instituciones Financieras Internacionales en la década de 1990 se intensificó la explotación de recursos naturales. En 1995, el Banco Mundial impuso una nueva legislación minera en Colombia y otros países de la región. Las leyes colombianas fueron redactadas por la misma firma contratada por Santa Fe, la corporación minera de propiedad del entonces Presidente Pastrana. Las nuevas leyes cimentaron la privatización de los organismos reguladores estatales, cambiaron la definición de “propiedad” de los recursos naturales, transfirieron el control ambiental del estado a las corporaciones, aumentaron la flexibilización laboral y transfirieron el arbitraje de conflictos a tribunales que funcionan fuera del país.

Estos cambios fueron acompañados por un aumento alarmante en las solicitudes de concesiones mineras. Han determinado además el crecimiento de la pobreza en las regiones mineras del país, en parte debido a la distribución desigual del magro 0,4% que deben pagar al estado las compañías mineras por concepto de regalías.

En 2003, el Banco Mundial ordenó al Presidente Uribe Vélez que vendiera la compañía minera estatal, MINERCOL. Esta privatización eliminará efectivamente cualquier resto de control que todavía tengan en sus manos las organizaciones sociales para ayudarles a evitar los contratos de minería peligrosos. La suerte de los trabajadores mineros de Colombia quedará exclusivamente en manos de las multinacionales, muchas de las cuales tienen antecedentes graves de violaciones de los derechos humanos.

violaciones de derechos
Las intervenciones mineras en Colombia han estado acompañadas por graves violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y humanos, y los cambios impuestos por el Banco Mundial han profundizado la miseria de los pobladores de las regiones mineras. Según los estudios sobre exclusión social de la Contraloría General de la República, el “índice de miseria”en las áreas mineras es actualmente 64%, mientras que el desempleo en las regiones mineras ronda el 50%.

La situación de los derechos humanos en Colombia es una de las peores del mundo. Según Amnistía Internacional, el 90% de las violaciones de derechos humanos en Colombia se producen en distritos mineros y petroleros. Se han perpetrado 433 masacres en 8 años en estas regiones. En los seis departamentos mineros, los homicidios han aumentado más de 450% desde 1995. Los trabajadores mineros están entre los más afectados: 42% de las violaciones de derechos humanos de trabajadores se han producido en el sector minero, donde, como promedio, muere asesinado un dirigente sindical por mes.

Los sindicatos mineros de Colombia están exigiendo que el gobierno deje de aceptar las violaciones de los derechos humanos y la violencia militar contra los trabajadores, los dirigentes sindicales y las poblaciones desarmadas, en su ansiedad por facilitar el camino para las compañías mineras extranjeras. Además, estas corporaciones, entre las que se incluyen Anglo American y BHP Billiton, deben cesar de inmediato de realizar operaciones y actos de violencia que sabotean la soberanía y la sustentabilidad del país. Por último, los sindicatos exigen al Banco Mundial que deje de interferir en la legislación nacional, e inicie procesos para reparar los impactos que han causado sus políticas al pueblo colombiano.

más información:
Amigos de la Tierra Colombia: www.censat.org

 

 

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