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desacuerdo sofocante
la ley de minería de colombia
“Debido a las amenazas de muerte y a
la desaparición de mi hermano nos vimos
obligados a dejar nuestra parcela, dejando
otra vez todo lo que habíamos construido todo
ese tiempo. No me quedó nada, salvo una
profunda pena y tristeza por la pérdida de mi
familia.”
Elvia Quiroga, cuyo hermano Edgar fue uno de
los cientos de líderes mineros desaparecidos
en los últimos años en Colombia.
Los proyectos mineros
ponen en riesgo el sustento del pueblo
indígena U'wa de Colombia.
© terence freitas, project
underground
A principios de noviembre de 2003, los
dirigentes sindicales de los mineros de
Colombia hicieron un llamamiento al mundo en
busca de apoyo. El Banco Mundial, las
multinacionales mineras y el gobierno
colombiano presidido por Álvaro Uribe Vélez,
ordenaron la liquidación total del sector
minero estatal, dando a las compañías carta
blanca para hacerse de los recursos naturales
del país. Los mineros se oponen radicalmente,
ya que esto significaría un riesgo aún mayor
en su situación que es de por sí
vulnerable.
La industria minera ha transformado
drásticamente a la sociedad colombiana. Antes
de la colonización, las comunidades indígenas
utilizaban los minerales con cuidado (con
fines ceremoniales, para la guerra y para uso
medicinal). Durante la invasión española a
principios del siglo XIX, los minerales y
metales fueron saqueados, fundidos y
exportados a Europa. Esta explotación diezmó
a las poblaciones indígenas en las regiones
mineras.
Con la entrada en escena de las
Instituciones Financieras Internacionales en
la década de 1990 se intensificó la
explotación de recursos naturales. En 1995,
el Banco Mundial impuso una nueva legislación
minera en Colombia y otros países de la
región. Las leyes colombianas fueron
redactadas por la misma firma contratada por
Santa Fe, la corporación minera de propiedad
del entonces Presidente Pastrana. Las nuevas
leyes cimentaron la privatización de los
organismos reguladores estatales, cambiaron
la definición de “propiedad” de los recursos
naturales, transfirieron el control ambiental
del estado a las corporaciones, aumentaron la
flexibilización laboral y transfirieron el
arbitraje de conflictos a tribunales que
funcionan fuera del país.
Estos cambios fueron acompañados por un
aumento alarmante en las solicitudes de
concesiones mineras. Han determinado además
el crecimiento de la pobreza en las regiones
mineras del país, en parte debido a la
distribución desigual del magro 0,4% que
deben pagar al estado las compañías mineras
por concepto de regalías.
En 2003, el Banco Mundial ordenó al
Presidente Uribe Vélez que vendiera la
compañía minera estatal, MINERCOL. Esta
privatización eliminará efectivamente
cualquier resto de control que todavía tengan
en sus manos las organizaciones sociales para
ayudarles a evitar los contratos de minería
peligrosos. La suerte de los trabajadores
mineros de Colombia quedará exclusivamente en
manos de las multinacionales, muchas de las
cuales tienen antecedentes graves de
violaciones de los derechos humanos.
violaciones de
derechos
Las intervenciones mineras en Colombia han
estado acompañadas por graves violaciones a
los derechos económicos, sociales, culturales
y humanos, y los cambios impuestos por el
Banco Mundial han profundizado la miseria de
los pobladores de las regiones mineras. Según
los estudios sobre exclusión social de la
Contraloría General de la República, el
“índice de miseria”en las áreas mineras es
actualmente 64%, mientras que el desempleo en
las regiones mineras ronda el 50%.
La situación de los derechos humanos en
Colombia es una de las peores del mundo.
Según Amnistía Internacional, el 90% de las
violaciones de derechos humanos en Colombia
se producen en distritos mineros y
petroleros. Se han perpetrado 433 masacres en
8 años en estas regiones. En los seis
departamentos mineros, los homicidios han
aumentado más de 450% desde 1995. Los
trabajadores mineros están entre los más
afectados: 42% de las violaciones de derechos
humanos de trabajadores se han producido en
el sector minero, donde, como promedio, muere
asesinado un dirigente sindical por mes.
Los sindicatos mineros de Colombia están
exigiendo que el gobierno deje de aceptar las
violaciones de los derechos humanos y la
violencia militar contra los trabajadores,
los dirigentes sindicales y las poblaciones
desarmadas, en su ansiedad por facilitar el
camino para las compañías mineras
extranjeras. Además, estas corporaciones,
entre las que se incluyen Anglo American y
BHP Billiton, deben cesar de inmediato de
realizar operaciones y actos de violencia que
sabotean la soberanía y la sustentabilidad
del país. Por último, los sindicatos exigen
al Banco Mundial que deje de interferir en la
legislación nacional, e inicie procesos para
reparar los impactos que han causado sus
políticas al pueblo colombiano.
más información:
Amigos de la Tierra Colombia:
www.censat.org
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