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22case

  issue 107 link
enero 2005   

 

uruguayos se unen en contra de la venta del agua

En Uruguay, la empresa pública del agua, OSE, ha tenido a su cargo hasta ahora, el servicio de distribución de agua segura y accesible para más del 90% de los 3,5 millones de personas que habitan el país. Recientemente este recurso vital ha sido amenazado por la privatización en manos de las empresas transnacionales del agua. La experiencia ha demostrado que estas empresas operan mayoritariamente sin intervención pública, movidas exclusivamente por los intereses de sus accionistas, cuentan con un historial de mal manejo, y no ofrecen garantías suficientes para la protección de los recursos hídricos. Pero el 31 de octubre de 2004, en una victoria para la justicia social, el pueblo uruguayo votó para que el agua fue reconocido como derecho humano fundamental en la Constitución, sentando las bases para su gestión exclusivamente pública, participativa y sustentable. la privatización del agua en uruguay

En 1992, la oposición ciudadana evitó que el gobierno se desprendiera en forma masiva de los servicios relacionados con el agua. Sin embargo, el gobierno siguió empeñado en su afán privatizador y aprovechó para pasar a manos privadas el manejo del agua en todas las oportunidades que se le presentaron en la siguiente década. En tanto que la empresa pública de agua OSE ha experimentado pocos problemas en este tiempo, el suministro de las compañías privadas ha registrado reiteradamente problemas de baja calidad e irregularidad en el servicio, dejando a muchas personas sin agua. La privatización, que supuestamente pondría a cargo empresas con experticia en el manejo y recursos para hacerse cargo en forma eficiente del suministro de agua potable, no ha funcionado.

En ninguna otra parte de Uruguay ha sido más patente el fracaso de la privatización que en Maldonado, el departamento turístico por excelencia del país. En 1998, a pesar de la fuerte oposición del sindicato de OSE y de las comunidades de Maldonado, el gobierno otorgó una concesión privada al consorcio “Aguas de la Costa”, una subsidiaria local del gigante francés del agua SUEZ, para que se hiciera cargo del servicio de agua para unos 2.500 usuarios del departamento de Maldonado. Desde el momento en que esta empresa asumió el control del servicio, los consumidores han tenido que pagar tarifas de agua diez veces superiores a las anteriores, y a cambio han tenido que lidiar con caños rotos, agua olorosa e imposible de beber, y bajos niveles en las reservas a causa del mal manejo. Como bajo el esquema “agua para el lucro”, por definición nadie puede acceder al agua gratuitamente, se eliminaron las canillas o grifos públicos de los que dependían cientos de personas pobres.

Sin embargo, esto no detuvo el afán privatizador del gobierno. En 2000, se otorgó otro contrato para el suministro de agua por 30 años a la empresa, Uragua Ltda., subsidiaria de Aguas de Bilbao, una empresa pública española. Uragua tendría a su cargo el suministro de agua potable para la zona más densamente poblada y turística del oeste de Maldonado. En menos de un año, la negligencia de la compañía causó la ruptura de un caño, que dejó a la ciudad balneario de Pirlápolis sin agua por cuatro días. La empresa permitió que los líquidos residuales se desbordaran y contaminaran el agua, que luego fue desviada hacia una bahía. En una ciudad de la zona, los propios laboratorios del estado recomendaron dos veces, hervir el agua antes de beberla, mientras los consumidores se quejaban de que el agua dejaba residuos y manchas marrones en inodoros y piletas. No obstante, los ciudadanos de Maldonado pagan las tarifas más altas del país.

En 2003, el gobierno no pudo seguir hacer la vista gorda y anunció que rescindiría el contrato de Uragua y OSE volvería a hacerse cargo del servicio. Esta fue una gran victoria, pero hasta ahora es una promesa vacía. La compañía todavía está operando y, de hecho, ha generado sustanciosas ganancias durante la temporada turística 2004.

“Agua si. Robo no” es la consigna de la Liga de Promoción de Manantiales, una de las organizaciones ciudadanas de Maldonado que protestan contra los altos precios y la falta de acceso al agua bajo manejo privado. En el barrio San Antonio III, la comunidad protestó con éxito contra la eliminación de las fuentes de agua públicas. La compañía no solo mantuvo el suministro público, sino que ahora también lo mantiene. De todas formas, el gobierno local debe pagar por el servicio.

agua – ¡un derecho humano en uruguay!

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido quien realizó la intervención política más fuerte en favor de la privatización. A mediados de 2002, en el momento más dramático de la crisis económica uruguaya, el FMI pidió al gobierno que desregulara y privatizara varios sectores de la economía gestionados por el estado. El gobierno firmó entonces una Carta Intención en la que acordaba reducir su control sobre el sector del agua para ayudar al ingreso de nuevos inversores privados.

Cuando se anunció el “acuerdo”entre el gobierno uruguayo y el FMI, una serie de organizaciones sociales se unieron para detener la privatización del sector del agua. La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, integrada por REDES Amigos de la Tierra Uruguay junto a una coalición de sindicalistas, estudiantes, decisores políticos, y gente de lo más diversa, dijo “NO”a la venta de los recursos hídricos a las corporaciones trasnacionales, y a través de un proceso democrático redactó y presentó una propuesta para reformar la constitución uruguaya a fin de declarar el acceso al agua limpia y segura como un derecho humano fundamental. A pesar de la fuerte oposición y de la presión ejercida por las empresas privadas de agua, el 31 de octubre en una jornada histórica más del 60% del electorado uruguayo votó a favor de la reforma. La reforma aprobada, además, prohíbe la concesión del agua a empresas privadas y establece mecanismos de gestión participativa, que involucran a las comunidades locales y buscan preservar el agua para las generaciones futuras

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