uruguayos se unen en contra de la venta
del agua
En Uruguay, la empresa pública del agua,
OSE, ha tenido a su cargo hasta ahora, el
servicio de distribución de agua segura y
accesible para más del 90% de los 3,5
millones de personas que habitan el país.
Recientemente este recurso vital ha sido
amenazado por la privatización en manos de
las empresas transnacionales del agua. La
experiencia ha demostrado que estas
empresas operan mayoritariamente sin
intervención pública, movidas
exclusivamente por los intereses de sus
accionistas, cuentan con un historial de
mal manejo, y no ofrecen garantías
suficientes para la protección de los
recursos hídricos. Pero el 31 de octubre de
2004, en una victoria para la justicia
social, el pueblo uruguayo votó para que el
agua fue reconocido como derecho humano
fundamental en la Constitución, sentando
las bases para su gestión exclusivamente
pública, participativa y sustentable. la
privatización del agua en uruguay
En 1992, la oposición ciudadana evitó
que el gobierno se desprendiera en forma
masiva de los servicios relacionados con el
agua. Sin embargo, el gobierno siguió
empeñado en su afán privatizador y
aprovechó para pasar a manos privadas el
manejo del agua en todas las oportunidades
que se le presentaron en la siguiente
década. En tanto que la empresa pública de
agua OSE ha experimentado pocos problemas
en este tiempo, el suministro de las
compañías privadas ha registrado
reiteradamente problemas de baja calidad e
irregularidad en el servicio, dejando a
muchas personas sin agua. La privatización,
que supuestamente pondría a cargo empresas
con experticia en el manejo y recursos para
hacerse cargo en forma eficiente del
suministro de agua potable, no ha
funcionado.
En ninguna otra parte de Uruguay ha sido
más patente el fracaso de la privatización
que en Maldonado, el departamento turístico
por excelencia del país. En 1998, a pesar
de la fuerte oposición del sindicato de OSE
y de las comunidades de Maldonado, el
gobierno otorgó una concesión privada al
consorcio “Aguas de la Costa”, una
subsidiaria local del gigante francés del
agua SUEZ, para que se hiciera cargo del
servicio de agua para unos 2.500 usuarios
del departamento de Maldonado. Desde el
momento en que esta empresa asumió el
control del servicio, los consumidores han
tenido que pagar tarifas de agua diez veces
superiores a las anteriores, y a cambio han
tenido que lidiar con caños rotos, agua
olorosa e imposible de beber, y bajos
niveles en las reservas a causa del mal
manejo. Como bajo el esquema “agua para el
lucro”, por definición nadie puede acceder
al agua gratuitamente, se eliminaron las
canillas o grifos públicos de los que
dependían cientos de personas pobres.
Sin embargo, esto no detuvo el afán
privatizador del gobierno. En 2000, se
otorgó otro contrato para el suministro de
agua por 30 años a la empresa, Uragua
Ltda., subsidiaria de Aguas de Bilbao, una
empresa pública española. Uragua tendría a
su cargo el suministro de agua potable para
la zona más densamente poblada y turística
del oeste de Maldonado. En menos de un año,
la negligencia de la compañía causó la
ruptura de un caño, que dejó a la ciudad
balneario de Pirlápolis sin agua por cuatro
días. La empresa permitió que los líquidos
residuales se desbordaran y contaminaran el
agua, que luego fue desviada hacia una
bahía. En una ciudad de la zona, los
propios laboratorios del estado
recomendaron dos veces, hervir el agua
antes de beberla, mientras los consumidores
se quejaban de que el agua dejaba residuos
y manchas marrones en inodoros y piletas.
No obstante, los ciudadanos de Maldonado
pagan las tarifas más altas del país.
En 2003, el gobierno no pudo seguir
hacer la vista gorda y anunció que
rescindiría el contrato de Uragua y OSE
volvería a hacerse cargo del servicio. Esta
fue una gran victoria, pero hasta ahora es
una promesa vacía. La compañía todavía está
operando y, de hecho, ha generado
sustanciosas ganancias durante la temporada
turística 2004.
“Agua si. Robo no” es la consigna de la
Liga de Promoción de Manantiales, una de
las organizaciones ciudadanas de Maldonado
que protestan contra los altos precios y la
falta de acceso al agua bajo manejo
privado. En el barrio San Antonio III, la
comunidad protestó con éxito contra la
eliminación de las fuentes de agua
públicas. La compañía no solo mantuvo el
suministro público, sino que ahora también
lo mantiene. De todas formas, el gobierno
local debe pagar por el servicio.
agua – ¡un derecho humano en
uruguay!
El Fondo Monetario Internacional (FMI)
ha sido quien realizó la intervención
política más fuerte en favor de la
privatización. A mediados de 2002, en el
momento más dramático de la crisis
económica uruguaya, el FMI pidió al
gobierno que desregulara y privatizara
varios sectores de la economía gestionados
por el estado. El gobierno firmó entonces
una Carta Intención en la que acordaba
reducir su control sobre el sector del agua
para ayudar al ingreso de nuevos inversores
privados.
Cuando se anunció el “acuerdo”entre el
gobierno uruguayo y el FMI, una serie de
organizaciones sociales se unieron para
detener la privatización del sector del
agua. La Comisión Nacional en Defensa del
Agua y la Vida, integrada por REDES Amigos
de la Tierra Uruguay junto a una coalición
de sindicalistas, estudiantes, decisores
políticos, y gente de lo más diversa, dijo
“NO”a la venta de los recursos hídricos a
las corporaciones trasnacionales, y a
través de un proceso democrático redactó y
presentó una propuesta para reformar la
constitución uruguaya a fin de declarar el
acceso al agua limpia y segura como un
derecho humano fundamental. A pesar de la
fuerte oposición y de la presión ejercida
por las empresas privadas de agua, el 31 de
octubre en una jornada histórica más del
60% del electorado uruguayo votó a favor de
la reforma. La reforma aprobada, además,
prohíbe la concesión del agua a empresas
privadas y establece mecanismos de gestión
participativa, que involucran a las
comunidades locales y buscan preservar el
agua para las generaciones futuras
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