swazilandia: privatización de la
biodiversidad y violaciones de los derechos
humanos
Swazilandia es un país mediterráneo en
África del Sur, ubicado entre Sudáfrica y
Mozambique. Está gobernado formalmente por
un monarca, un poder legislativo y un poder
judicial, pero desde 1973 el rey concentra
los tres poderes.
Las áreas protegidas componen un cuatro
por ciento de las tierras. Los parques
nacionales son manejados por la Comisión
del Fondo Nacional de Swazilandia, una
entidad paraestatal creada por ley en 1972.
Las empresas privadas también tienen
intereses en la gestión de los parques
siendo Big Game Parks (BGP) el principal
operador comercial.
BGP es propietaria y tiene a su cargo la
gestión del Santuario de Vida Silvestre
Mlilwane y la Reserva Natural Mkhaya.
También tiene el manejo del Parque Nacional
Hlane, uno de los más grandes del país.
Este parque es propiedad de la nación swazi
y obtiene fondos del tesoro nacional, pero
BGP afirma que envía sus informes
directamente al rey. La supuesta
participación del rey significa que el
manejo de esos fondos y el desempeño del
parque no pueden ser debatidos en el
parlamento como los demás gastos
nacionales.
En 1991, Swazilandia aprobó la Ley de
Caza Deportiva con el objetivo de detener
la caza furtiva desenfrenada. El país
también firmó y ratificó la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas (CITES). En 1998, la
administración de la Ley de Caza y de la
CITES fue trasladada del Ministerio a la
Oficina del Rey. BGP es responsable por
estos dos instrumentos en nombre del Rey, y
es la autoridad de gestión y científica
ante la CITES.
vida silvestre privatizada
A pesar de la obvia existencia de un
potencial conflicto de intereses, se le
confió a BGP - un importante operador de la
industria de la vida silvestre con fines de
lucro - la administración de un acuerdo
internacional, del cual Swazilandia es
parte. El arreglo actual implica que la
autoridad para el manejo de la vida
silvestre del país y la autoridad
científica responsable ante la CITES
residen en la misma entidad. Es una
situación totalmente inadecuada, que no
asegura la rendición de cuentas ni la
transparencia, aspectos que sólo se logran
cuando se separan las
responsabilidades.
Como BGP no está obligada a informar ni
a consultar a nadie, es muy difícil
monitorear el cumplimiento de Swazilandia
con la CITES. Los peligros de este arreglo
fueron ilustrados en 2002, cuando BGP
exportó once elefantes a un zoológico de
EE.UU. so pretexto de aliviar la
sobrepoblación. Esto fue hecho dentro del
ámbito de la CITES, y la propia BGP pudo
proponerlo y a la vez aprobarlo como
científicamente fundado.
Para la COP 13 de la CITES en 2004,
Swazilandia propuso con éxito sacar de la
lista a sus sesenta y un rinocerontes
blancos para destinarlos a la caza de
trofeos y exportarlos a lugares no
especificados. La propuesta, una vez más,
fue presentada por BGP, que no consultó a
los demás interesados. Se trata
evidentemente de una decisión estrictamente
empresarial que apunta al beneficio
financiero de BGP.
ley no deportiva
La Ley de Caza Deportiva otorga amplios
poderes a los guardabosques en la
protección de la vida silvestre, como el
uso de la fuerza en la ejecución de sus
tareas, que incluye su inmunidad en caso de
ser acusados judicialmente. En una oscura
serie de eventos, en 1997 el dueño de BGP,
su hijo, su hija y otros cinco empleados de
BGP fueron designados guardabosques en
forma retroactiva al año 1991. La
designación se interpuso convenientemente
ante un procesamiento pendiente del
propietario y los cinco guardabosques de
BGP por el asesinato de un hombre y su
cuñado en 1992. Inmediatamente después del
anuncio de las designaciones, el
procesamiento quedó sin efecto.
BGP ha usado su inmunidad y el nombre
del rey para aterrorizar a las comunidades
locales y para intimidar a los oficiales
del gobierno que se atrevieron a interferir
en sus negocios. Se ha matado y lesionado
gravemente a personas, pero los autores no
han sido procesados. Se han sumado otros
propietarios agrícolas y están mutilando y
matando a miembros de la comunidad. Las
comunidades son víctimas de actos inhumanos
y torturas, que recuerdan las del régimen
del apartheid en la vecina Sudáfrica.
Yonge Nawe, una ONG ambientalista que
trabaja en pos del interés público en
Swazilandia ha estado intentado denunciar
la situación y está exigiendo la
desprivatización de la CITES en
Swazilandia, o la suspensión de Swazilandia
de la convención. Esto implica la remoción
de las corporaciones privadas y la
ubicación de la administración de las leyes
de vida silvestre y la biodiversidad en los
ministerios de gobierno responsables. Yonge
Nawe también está trabajando en la
consecución de justicia y reparación para
las víctimas de las violaciones a los
derechos humanos a manos de los
propietarios de parques y tierras
agrícolas, y para que los autores de estos
crímenes tengan que responder ante la
justicia. Finalmente, la organización está
haciendo campaña para asegurar el derecho
de la comunidad al acceso, la propiedad y
la gestión de los recursos naturales y la
biodiversidad en Swazilandia.
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