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enero 2005   

 

swazilandia: privatización de la biodiversidad y violaciones de los derechos humanos

Swazilandia es un país mediterráneo en África del Sur, ubicado entre Sudáfrica y Mozambique. Está gobernado formalmente por un monarca, un poder legislativo y un poder judicial, pero desde 1973 el rey concentra los tres poderes.

Las áreas protegidas componen un cuatro por ciento de las tierras. Los parques nacionales son manejados por la Comisión del Fondo Nacional de Swazilandia, una entidad paraestatal creada por ley en 1972. Las empresas privadas también tienen intereses en la gestión de los parques siendo Big Game Parks (BGP) el principal operador comercial.

BGP es propietaria y tiene a su cargo la gestión del Santuario de Vida Silvestre Mlilwane y la Reserva Natural Mkhaya. También tiene el manejo del Parque Nacional Hlane, uno de los más grandes del país. Este parque es propiedad de la nación swazi y obtiene fondos del tesoro nacional, pero BGP afirma que envía sus informes directamente al rey. La supuesta participación del rey significa que el manejo de esos fondos y el desempeño del parque no pueden ser debatidos en el parlamento como los demás gastos nacionales.

En 1991, Swazilandia aprobó la Ley de Caza Deportiva con el objetivo de detener la caza furtiva desenfrenada. El país también firmó y ratificó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES). En 1998, la administración de la Ley de Caza y de la CITES fue trasladada del Ministerio a la Oficina del Rey. BGP es responsable por estos dos instrumentos en nombre del Rey, y es la autoridad de gestión y científica ante la CITES.

vida silvestre privatizada

A pesar de la obvia existencia de un potencial conflicto de intereses, se le confió a BGP - un importante operador de la industria de la vida silvestre con fines de lucro - la administración de un acuerdo internacional, del cual Swazilandia es parte. El arreglo actual implica que la autoridad para el manejo de la vida silvestre del país y la autoridad científica responsable ante la CITES residen en la misma entidad. Es una situación totalmente inadecuada, que no asegura la rendición de cuentas ni la transparencia, aspectos que sólo se logran cuando se separan las responsabilidades.

Como BGP no está obligada a informar ni a consultar a nadie, es muy difícil monitorear el cumplimiento de Swazilandia con la CITES. Los peligros de este arreglo fueron ilustrados en 2002, cuando BGP exportó once elefantes a un zoológico de EE.UU. so pretexto de aliviar la sobrepoblación. Esto fue hecho dentro del ámbito de la CITES, y la propia BGP pudo proponerlo y a la vez aprobarlo como científicamente fundado.

Para la COP 13 de la CITES en 2004, Swazilandia propuso con éxito sacar de la lista a sus sesenta y un rinocerontes blancos para destinarlos a la caza de trofeos y exportarlos a lugares no especificados. La propuesta, una vez más, fue presentada por BGP, que no consultó a los demás interesados. Se trata evidentemente de una decisión estrictamente empresarial que apunta al beneficio financiero de BGP.

ley no deportiva

La Ley de Caza Deportiva otorga amplios poderes a los guardabosques en la protección de la vida silvestre, como el uso de la fuerza en la ejecución de sus tareas, que incluye su inmunidad en caso de ser acusados judicialmente. En una oscura serie de eventos, en 1997 el dueño de BGP, su hijo, su hija y otros cinco empleados de BGP fueron designados guardabosques en forma retroactiva al año 1991. La designación se interpuso convenientemente ante un procesamiento pendiente del propietario y los cinco guardabosques de BGP por el asesinato de un hombre y su cuñado en 1992. Inmediatamente después del anuncio de las designaciones, el procesamiento quedó sin efecto.

BGP ha usado su inmunidad y el nombre del rey para aterrorizar a las comunidades locales y para intimidar a los oficiales del gobierno que se atrevieron a interferir en sus negocios. Se ha matado y lesionado gravemente a personas, pero los autores no han sido procesados. Se han sumado otros propietarios agrícolas y están mutilando y matando a miembros de la comunidad. Las comunidades son víctimas de actos inhumanos y torturas, que recuerdan las del régimen del apartheid en la vecina Sudáfrica.

Yonge Nawe, una ONG ambientalista que trabaja en pos del interés público en Swazilandia ha estado intentado denunciar la situación y está exigiendo la desprivatización de la CITES en Swazilandia, o la suspensión de Swazilandia de la convención. Esto implica la remoción de las corporaciones privadas y la ubicación de la administración de las leyes de vida silvestre y la biodiversidad en los ministerios de gobierno responsables. Yonge Nawe también está trabajando en la consecución de justicia y reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos a manos de los propietarios de parques y tierras agrícolas, y para que los autores de estos crímenes tengan que responder ante la justicia. Finalmente, la organización está haciendo campaña para asegurar el derecho de la comunidad al acceso, la propiedad y la gestión de los recursos naturales y la biodiversidad en Swazilandia.

por más información :
Yonge Nawe :

© yonge nawe

 

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