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enero 2005   

 

colombia: la monetarización de la vida: el caso de los mercados verdes

Importantes organizaciones nacionales e internacionales que defienden la conservación de los ecosistemas y supuestamente promueven el desarrollo económico de las comunidades locales, han promovido la idea de que la esperanza económica para los países pobres radica en sus recursos biológicos y culturales. Basándose en la investigación que apunta a cuantificar, determinar y sistematizar la existencia de los recursos biológicos, estas organizaciones presionan a los gobiernos y comunidades locales planteándoles la necesidad de implementar estrategias comerciales y diseñar en forma urgente políticas que faciliten el acceso a estos recursos y su explotación. Cualquier consideración sobre las consecuencias de transformar la vida en una mercancía que puede comprarse y venderse ha sido dejada de lado. La cuestión principal ha sido cuál es el mejor sistema bio-extractivo.

A pesar de no haber sido aún claramente identificado y señalado como un riesgo serio para el equilibrio de las complicadas fuerzas que generan la vida, el creciente fenómeno de mercantilización de la naturaleza debe ser analizado y discutido. El tema de los mercados verdes en Colombia y otros países debe, por tanto, ser revisado y evaluado desde una perspectiva crítica, correctiva y propositiva.

Sobre la base de estudios de viabilidad comercial e investigación sobre la diversidad biológica, organizaciones tales como el Instituto Alexander von Humboldt y la Bolsa Amazonía Colombiana, han realizado esfuerzos para demostrar que dado el potencial de los recursos biológicos en Colombia, es esencial desarrollar una política clara en torno al acceso a los mismos, abarcando una fuerte estrategia de mercados verdes. Esta iniciativa para la mercantilización de las formas de vida tiene dos puntas; por un lado promueve la legislación para regular el acceso y la extracción de los recursos biológicos, y por otro estimula la explotación y extracción de esos recursos.

El concepto de los mercados verdes promueve la idea de que los productos manufacturados en una forma especial (productos orgánicos, productos comunitarios, productos tradicionales o indígenas) pueden y deberían comercializarse y venderse a un precio diferencial. No hay duda de que estos productos, que tienen mérito extra en su forma de producción, deben ser especialmente valorados. Sin embargo, intentar traducir en términos monetarios la compleja red de valores contenidos en los productos agrícolas que son cultivados y procesados en forma orgánica y comunitaria, o en artesanías realizadas por las comunidades indígenas, representa un objetivo que ofende la complejidad de la vida.

Pretender medir en términos monetarios, valores tales como la solidaridad, el respeto, el afecto o hermandad, que son parte de algunos de estos productos es destruir su calidad en forma inmediata, y los simplifica en forma tal que pierden todo su valor real. El dinero puede ser una forma útil y adecuada de medir cuantitativamente el valor de algunos productos, pero no puede medir otros valores subyacentes, tales como las condiciones únicas de producción, empapadas de un profundo significado social y cultural. Intentar hacerlo representa un atentado contra la riqueza de la vida.

Un ejemplo de la promoción de los mercados verdes es el llamado conjunto para proyectos realizado en Abril de 2003 por el gobierno colombiano a través de su Plan Colombia, y la Fundación Chemonics Colombia (parte de Chemonics Internacional), contratista de USAID. La idea es proporcionar apoyo financiero para iniciativas que involucran el desarrollo alternativo de productos agrícolas y que cumplen con los requisitos del Programa de Desarrollo Alternativo del Plan Colombia de la Conserjería de Programas Especiales de la Presidencia. Estos requisitos toman en consideración el potencial económico y la sustentabilidad de los productos resultantes. El llamado recibió 175 solicitudes de financiación de proyectos, todos los cuales estaban relacionados a productos tales como el cacao, el caucho, productos forestales y el café. Algunos de estos proyectos, especialmente aquellos relacionados con la palma aceitera y el cacao, están siendo implementados con apoyo del gobierno en algunas regiones de Colombia, particularmente en el departamento de Norte de Santander, ignorando los impactos que esto puede tener en la biodiversidad de los territorios.

En la otra cara de la moneda hay una iniciativa explícita para la formulación de una política nacional para regular el acceso a un amplio rango de recursos biológicos. De acuerdo con el Instituto Alexander von Humboldt y la Bolsa Amazonía Colombiana, estos recursos pueden variar desde semillas del bosque y frutas de la Amazonia, mariposas y peces ornamentales, hasta productos de cocina endémicos y paisajes únicos que pueden ser explotados por medio del ecoturismo. Los proyectos que desarrolla el Instituto Alexander Von Humboldt en conjunto con las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) y otros organismos de gobierno tales como el Sistema Nacional Ambiental (SINA) ilustran claramente este enfoque. Están dirigidos a la promoción, coordinación y realización de investigaciones sobre el impacto de las políticas que promueven el acceso a la diversidad natural y cultural, y enfatizan la necesidad de generar una legislación marco sobre el conocimiento y los usos de la biodiversidad.

El objetivo real de estas iniciativas debe ser cuestionado en la medida en que ya se están promoviendo políticas extractivas, al tiempo que se llevan a cabo negociaciones a nivel internacional para decidir sobre el acceso a los recursos biológicos y la distribución de beneficios correspondiente. En particular, surgen cuestionamientos cuando al parecer no se aplica ningún criterio de justicia ni tiene lugar ninguna distribución equitativa de los beneficios derivados del comercio actual de recursos biológicos en Colombia y otros países de América Latina.

Por el contrario, estas iniciativas, en vez de defender la necesidad de regular el acceso a los recursos biológicos y genéticos a través de un acuerdo internacional amplio y riguroso, legitiman los intentos de las compañías privadas y las corporaciones multinacionales de negociar en forma bilateral el acceso a lo que históricamente ha pertenecido a las comunidades indígenas y locales. Esto incluye cantidades inagotables de especies de plantas y animales, recursos hídricos y el conocimiento tradicional.

Según pueblos nativos y campesinos de todo el mundo, en las negociaciones sobre los recursos tales como la tierra, el agua, y las especies vivientes no están representados sus intereses, sino los de los nuevos “gangsters de la vida”.

Es evidente que la complejidad de las relaciones bioculturales que sustentan las creencias y prácticas sociales en las que viven muchas de las comunidades Afro-Colombianas, indígenas y campesinas, son necesariamente simplificadas, cuando aquellos que comercializan con la vida tratan de reducirlas a mercancías que pueden negociarse en términos monetarios. La privatización de la vida pone en riesgo los derechos legales de cada comunidad a su propia cultura, su diversidad y su derecho a determinar sus propias condiciones de vida en forma autónoma y soberana. Las negociaciones llevadas a cabo por los “gangsters de la vida” a través de organismos tales como las Naciones Unidas o la OMC están amenazando la producción de artesanías, la cría de animales y los alimentos que las comunidades han desarrollado tradicionalmente con el objetivo único de promover las relaciones de solidaridad entre los pueblos y las naciones. En contraste, la producción que se desarrolla con el objetivo exclusivo de la acumulación monetaria resulta en la destrucción de los mercados locales y el debilitamiento de las prácticas sociales y culturales que sustentan la vida de las comunidades.

Lo que debería reclamarse, en cambio, es que se otorgue autonomía a las unidades agrícolas campesinas, familiares o indígenas, para que identifiquen y prioricen sus propias necesidades y problemas, en forma tal que puedan elaborar soluciones acordes con los potenciales de las comunidades locales y sus derechos. De la misma manera, resulta de importancia clave que la comercialización de los productos sea realizada directamente por las comunidades productoras, utilizando estrategias y métodos acordes con sus tradiciones, para que puedan comerciar no sólo a través del dinero sino también a través del trueque, préstamos, intercambios y por medio de la producción y el consumo colectivos.

Este tipo de estrategia, resultante de la investigación colectiva y las prácticas participativas, puede fortalecer y mejorar valores que no son mesurables ni pueden reducirse a términos monetarios. Se trata de la democratización de las condiciones para la producción y la comercialización, que se logra a través de la planificación comunitaria participativa. También incluye el fortalecimiento de la capacidad de organización de los campesinos y grupos étnicos a través del empoderamiento de la comunidad, así como la generación de lazos comunitarios y redes sociales que refuercen la solidaridad y las relaciones de respeto mutuo. Finalmente, crea la posibilidad de tomar decisiones en forma autónoma sobre el futuro del ambiente biofísico, cómo deben distribuirse los excedentes y a qué propósitos se destinarán sus espacios físicos.

por más información :
CENSAT Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia :

 

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