colombia: la monetarización de la vida:
el caso de los mercados verdes
Importantes organizaciones nacionales e
internacionales que defienden la
conservación de los ecosistemas y
supuestamente promueven el desarrollo
económico de las comunidades locales, han
promovido la idea de que la esperanza
económica para los países pobres radica en
sus recursos biológicos y culturales.
Basándose en la investigación que apunta a
cuantificar, determinar y sistematizar la
existencia de los recursos biológicos,
estas organizaciones presionan a los
gobiernos y comunidades locales
planteándoles la necesidad de implementar
estrategias comerciales y diseñar en forma
urgente políticas que faciliten el acceso a
estos recursos y su explotación. Cualquier
consideración sobre las consecuencias de
transformar la vida en una mercancía que
puede comprarse y venderse ha sido dejada
de lado. La cuestión principal ha sido cuál
es el mejor sistema bio-extractivo.
A pesar de no haber sido aún claramente
identificado y señalado como un riesgo
serio para el equilibrio de las complicadas
fuerzas que generan la vida, el creciente
fenómeno de mercantilización de la
naturaleza debe ser analizado y discutido.
El tema de los mercados verdes en Colombia
y otros países debe, por tanto, ser
revisado y evaluado desde una perspectiva
crítica, correctiva y propositiva.
Sobre la base de estudios de viabilidad
comercial e investigación sobre la
diversidad biológica, organizaciones tales
como el Instituto Alexander von Humboldt y
la Bolsa Amazonía Colombiana, han realizado
esfuerzos para demostrar que dado el
potencial de los recursos biológicos en
Colombia, es esencial desarrollar una
política clara en torno al acceso a los
mismos, abarcando una fuerte estrategia de
mercados verdes. Esta iniciativa para la
mercantilización de las formas de vida
tiene dos puntas; por un lado promueve la
legislación para regular el acceso y la
extracción de los recursos biológicos, y
por otro estimula la explotación y
extracción de esos recursos.
El concepto de los mercados verdes
promueve la idea de que los productos
manufacturados en una forma especial
(productos orgánicos, productos
comunitarios, productos tradicionales o
indígenas) pueden y deberían
comercializarse y venderse a un precio
diferencial. No hay duda de que estos
productos, que tienen mérito extra en su
forma de producción, deben ser
especialmente valorados. Sin embargo,
intentar traducir en términos monetarios la
compleja red de valores contenidos en los
productos agrícolas que son cultivados y
procesados en forma orgánica y comunitaria,
o en artesanías realizadas por las
comunidades indígenas, representa un
objetivo que ofende la complejidad de la
vida.
Pretender medir en términos monetarios,
valores tales como la solidaridad, el
respeto, el afecto o hermandad, que son
parte de algunos de estos productos es
destruir su calidad en forma inmediata, y
los simplifica en forma tal que pierden
todo su valor real. El dinero puede ser una
forma útil y adecuada de medir
cuantitativamente el valor de algunos
productos, pero no puede medir otros
valores subyacentes, tales como las
condiciones únicas de producción, empapadas
de un profundo significado social y
cultural. Intentar hacerlo representa un
atentado contra la riqueza de la vida.
Un ejemplo de la promoción de los
mercados verdes es el llamado conjunto para
proyectos realizado en Abril de 2003 por el
gobierno colombiano a través de su Plan
Colombia, y la Fundación Chemonics Colombia
(parte de Chemonics Internacional),
contratista de USAID. La idea es
proporcionar apoyo financiero para
iniciativas que involucran el desarrollo
alternativo de productos agrícolas y que
cumplen con los requisitos del Programa de
Desarrollo Alternativo del Plan Colombia de
la Conserjería de Programas Especiales de
la Presidencia. Estos requisitos toman en
consideración el potencial económico y la
sustentabilidad de los productos
resultantes. El llamado recibió 175
solicitudes de financiación de proyectos,
todos los cuales estaban relacionados a
productos tales como el cacao, el caucho,
productos forestales y el café. Algunos de
estos proyectos, especialmente aquellos
relacionados con la palma aceitera y el
cacao, están siendo implementados con apoyo
del gobierno en algunas regiones de
Colombia, particularmente en el
departamento de Norte de Santander,
ignorando los impactos que esto puede tener
en la biodiversidad de los territorios.
En la otra cara de la moneda hay una
iniciativa explícita para la formulación de
una política nacional para regular el
acceso a un amplio rango de recursos
biológicos. De acuerdo con el Instituto
Alexander von Humboldt y la Bolsa Amazonía
Colombiana, estos recursos pueden variar
desde semillas del bosque y frutas de la
Amazonia, mariposas y peces ornamentales,
hasta productos de cocina endémicos y
paisajes únicos que pueden ser explotados
por medio del ecoturismo. Los proyectos que
desarrolla el Instituto Alexander Von
Humboldt en conjunto con las Corporaciones
Autónomas Regionales (CARs) y otros
organismos de gobierno tales como el
Sistema Nacional Ambiental (SINA) ilustran
claramente este enfoque. Están dirigidos a
la promoción, coordinación y realización de
investigaciones sobre el impacto de las
políticas que promueven el acceso a la
diversidad natural y cultural, y enfatizan
la necesidad de generar una legislación
marco sobre el conocimiento y los usos de
la biodiversidad.
El objetivo real de estas iniciativas
debe ser cuestionado en la medida en que ya
se están promoviendo políticas extractivas,
al tiempo que se llevan a cabo
negociaciones a nivel internacional para
decidir sobre el acceso a los recursos
biológicos y la distribución de beneficios
correspondiente. En particular, surgen
cuestionamientos cuando al parecer no se
aplica ningún criterio de justicia ni tiene
lugar ninguna distribución equitativa de
los beneficios derivados del comercio
actual de recursos biológicos en Colombia y
otros países de América Latina.
Por el contrario, estas iniciativas, en
vez de defender la necesidad de regular el
acceso a los recursos biológicos y
genéticos a través de un acuerdo
internacional amplio y riguroso, legitiman
los intentos de las compañías privadas y
las corporaciones multinacionales de
negociar en forma bilateral el acceso a lo
que históricamente ha pertenecido a las
comunidades indígenas y locales. Esto
incluye cantidades inagotables de especies
de plantas y animales, recursos hídricos y
el conocimiento tradicional.
Según pueblos nativos y campesinos de
todo el mundo, en las negociaciones sobre
los recursos tales como la tierra, el agua,
y las especies vivientes no están
representados sus intereses, sino los de
los nuevos “gangsters de la vida”.
Es evidente que la complejidad de las
relaciones bioculturales que sustentan las
creencias y prácticas sociales en las que
viven muchas de las comunidades
Afro-Colombianas, indígenas y campesinas,
son necesariamente simplificadas, cuando
aquellos que comercializan con la vida
tratan de reducirlas a mercancías que
pueden negociarse en términos monetarios.
La privatización de la vida pone en riesgo
los derechos legales de cada comunidad a su
propia cultura, su diversidad y su derecho
a determinar sus propias condiciones de
vida en forma autónoma y soberana. Las
negociaciones llevadas a cabo por los
“gangsters de la vida” a través de
organismos tales como las Naciones Unidas o
la OMC están amenazando la producción de
artesanías, la cría de animales y los
alimentos que las comunidades han
desarrollado tradicionalmente con el
objetivo único de promover las relaciones
de solidaridad entre los pueblos y las
naciones. En contraste, la producción que
se desarrolla con el objetivo exclusivo de
la acumulación monetaria resulta en la
destrucción de los mercados locales y el
debilitamiento de las prácticas sociales y
culturales que sustentan la vida de las
comunidades.
Lo que debería reclamarse, en cambio, es
que se otorgue autonomía a las unidades
agrícolas campesinas, familiares o
indígenas, para que identifiquen y
prioricen sus propias necesidades y
problemas, en forma tal que puedan elaborar
soluciones acordes con los potenciales de
las comunidades locales y sus derechos. De
la misma manera, resulta de importancia
clave que la comercialización de los
productos sea realizada directamente por
las comunidades productoras, utilizando
estrategias y métodos acordes con sus
tradiciones, para que puedan comerciar no
sólo a través del dinero sino también a
través del trueque, préstamos, intercambios
y por medio de la producción y el consumo
colectivos.
Este tipo de estrategia, resultante de
la investigación colectiva y las prácticas
participativas, puede fortalecer y mejorar
valores que no son mesurables ni pueden
reducirse a términos monetarios. Se trata
de la democratización de las condiciones
para la producción y la comercialización,
que se logra a través de la planificación
comunitaria participativa. También incluye
el fortalecimiento de la capacidad de
organización de los campesinos y grupos
étnicos a través del empoderamiento de la
comunidad, así como la generación de lazos
comunitarios y redes sociales que refuercen
la solidaridad y las relaciones de respeto
mutuo. Finalmente, crea la posibilidad de
tomar decisiones en forma autónoma sobre el
futuro del ambiente biofísico, cómo deben
distribuirse los excedentes y a qué
propósitos se destinarán sus espacios
físicos.
por más información
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CENSAT Agua Viva / Amigos de la
Tierra Colombia
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