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0708

  número 109
diciembrer 2005   

 

descifrando el meollo de las negociaciones de la ronda de doha de la omc

damian sullivan, amigos de la tierra australia y ronnie hall, amigos de la tierra inglaterra, gales e irlanda del norte

Es posible que las negociaciones comerciales parezcan muy alejadas de nuestras vidas, pero tienen un impacto muy real en la forma en que vivimos y en el ambiente que nos rodea. Las negociaciones actuales de la Organización Mundial del Comercio, el órgano que rige el comercio mundial, podrían (de concluirse) aumentar la presión sobre nuestro entorno natural, reducir la capacidad de desarrollo de los países empobrecidos y afectar las formas de vida de los pequeños agricultores y pescadores artesanales del planeta. También podrían reducir la capacidad de los gobiernos nacionales para aplicar leyes y reglamentaciones nacionales para proteger el medioambiente y los puestos de trabajo locales y promover la salud y la seguridad.

Las negociaciones de la ronda de Doha de la OMC (así llamadas porque se iniciaron en la 4ª Conferencia Ministerial de la OMC, realizada en Doha , Qatar , en 2001) están enfocadas en la agricultura, los productos industriales y las materias primas, los servicios y los derechos de propiedad intelectual (la propiedad de las ideas). Los países industrializados prometieron a los países en desarrollo que el “Programa de Trabajo” de Doha y otras negociaciones comerciales atenderían en primer lugar las cuestiones de desarrollo. En realidad, resulta cada vez más claro que las negociaciones amenazan socavar el desarrollo, deteriorar el medioambiente y atentar contra el sustento y el empleo de millones de personas. Además, numerosas propuestas de países en desarrollo relativas al desarrollo (centradas en las cuestiones de trato especial y diferenciado y aplicación) son sistemáticamente ignoradas. En la medida que las conversaciones abarcan tantos sectores, con frecuencia son difíciles de seguir, aun para los propios negociadores comerciales. Para numerosos gobiernos de países en desarrollo, que tienen un solo negociador comercial apostado en Ginebra, esto puede colocarlos en una situación muy difícil.

Los gobiernos tienden a referirse a las conversaciones de Doha como una “ronda” porque se supone que todas las negociaciones quedarán concluidas al mismo tiempo (la idea es que las pérdidas de los países en un sector quedarán compensadas por los beneficios en otro). Sin embargo, lo que esto significa en la práctica es que los países están forzados a realizar concesiones entre diferentes sectores de negociación. Así, podría persuadirse a los países en desarrollo a que, por ejemplo, den acceso a sectores sensibles asociados a los servicios públicos y los recursos naturales si consideraran que esto les traería oportunidades de exportación en agricultura. Además, los países más pequeños con frecuencia son sometidos a presiones extremas para que liberalicen una gama de sectores a los que no tienen interés en dar acceso.

Otro gran problema con la OMC es el proceso decisorio. En teoría, se supone que las decisiones son tomadas por consenso. Sin embargo, hay pruebas de que existe una gran cuota de coacción tras bambalinas. Los países más poderosos como la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, ejercen toda suerte de influencias que estén a su alcance para liberalizar mercados y ponerlos a disposición de poderosos grupos empresariales con sede en sus países. Además, los países más pequeños a menudo son excluidos de las negociaciones claves hasta que ya se han sellado los acuerdos, y lo único que se espera de ellos es que los firmen.

Algunos de los aspectos esenciales de la Ronda de Doha son:

Acceso al Mercado de Bienes No Agrícolas (NAMA, por su sigla en inglés), son negociaciones que están centradas en reducir los aranceles de todos los bienes que no están incluidos en las negociaciones sobre la agricultura. Abarca propuestas referidas a sectores de materias primas o recursos naturales, entre ellos minerales, productos forestales y pesca. Los aranceles son los impuestos que los países fijan sobre las importaciones y exportaciones. Son un medio para que los países en desarrollo protejan y promuevan industrias nacionales y empleos locales (en especial porque no pueden hacerlo utilizando subsidios).

Los aranceles ayudan a proteger a los pequeños agricultores y pescadores artesanales, que son esenciales para las economías y sociedades locales pero que no están en condiciones de competir con las gigantescas empresas transnacionales. Es muy probable que la reducción de aranceles también provoque una creciente destrucción de los bosques en todo el planeta y una merma aun mayor de las existencias de peces.

Las negociaciones sobre el Acceso al Mercado de Bienes No Agrícolas pueden ser utilizadas también para restringir la capacidad de los gobiernos para legislar y regular a escala nacional. Amigos de la Tierra Internacional ha identificado 212 leyes y reglamentaciones relativas al medioambiente que han sido notificadas por los gobiernos como obstáculos al comercio.

El Acuerdo sobre la Agricultura tiende a estar siempre en el centro de las negociaciones de la OMC, ya que es el sector clave en el cual los países en desarrollo creen que podrían ganar algo. La mayoría de los países en desarrollo desean mayor acceso a los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos. En la Conferencia Ministerial de la OMC de 2003, en Cancún, varios de los principales países en desarrollo se unieron en un grupo denominado el Grupo de los 20 (G20), que fue lo suficientemente fuerte como para resistir las presiones de la Unión Europea y los Estados Unidos e insistir en que a los países en desarrollo no se les ofrecía lo suficiente. Esto fue un paso importante, aun cuando ha resultado cada vez más evidente       que el G20 está formado por países en los que los intereses agroindustriales transnacionales tienen gran fuerza (seguramente esas empresas serán las principales beneficiarias del aumento de las exportaciones). Brasil e India integran el G20.

Muchos también aspiran a utilizar las negociaciones para asegurar la protección de sus pequeños agricultores y comunidades rurales. Quieren que la Unión Europea y los Estados Unidos reduzcan los subsidios agrícolas, y su voluntad es poder utilizar restricciones comerciales para mantener a los productos subsidiados fuera de sus propios mercados. Los países que procuran excluir ciertos productos están agrupados en el Grupo de los 33 (G33), coordinado por Indonesia. Esos países tienen menor influencia y con gran frecuencia quedan excluidos de importantes negociaciones.

Otro grupo está integrado por algunos de los países más pequeños que están preocupados por que los acuerdos comerciales especiales que ya tienen con determinados socios, puedan erosionarse si otros países en desarrollo comienzan a obtener mayor acceso al mercado (a esto se lo conoce como “erosión de preferencias”).

La Unión Europea y Estados Unidos desean lograr la apertura de los mercados agrícolas de los países en desarrollo a la vez que mantener los enormes subsidios que pagan a los agricultores de sus propios países -la mayor parte de los cuales terminan en manos de la agroindustria, no de los pequeños agricultores. Con cientos de burócratas profesionales en comercio de su lado, la Unión Europea y Estados Unidos suelen poder presentar las cosas como si estuvieran reformando sus políticas agrícolas, cuando en realidad no están haciendo ningún cambio sustancial.

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, mejor conocido como GATS, por su sigla en inglés) comprende negociaciones que son de especial interés porque se refieren a algunos de los aspectos esenciales de la vida: agua, energía, salud y biodiversidad (todos los cuales son mercados que se pretende abrir). Las negociaciones sobre servicios han transcurrido con gran lentitud porque varios países no desean dar acceso a esos servicios, muchos de los cuales actualmente son brindados públicamente. En el GATS, los países tienen mayor flexibilidad sobre lo que están dispuestos a negociar, pero la Unión Europea ha propuesto reducir esta flexibilidad exigiendo que cada país incluya un número determinado de subsectores. El GATS también incluye negociaciones sobre reglamentación nacional, que podría limitar la capacidad de los gobiernos para aplicar políticas nacionales.

Los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, mejor conocidos como TRIPS por su sigla en inglés) también están en vías de revisión. Los ADPIC funcionan en gran medida a favor de las empresas transnacionales del Norte y fueron incluidos inicialmente en los acuerdos de la OMC por la insistencia de Estados Unidos. Obstruye el acceso de la gente a medicinas esenciales, semillas y a la satisfacción de necesidades vitales, al aumentar e incluso introducir nuevos costos. También promueve el patentamiento de seres vivos, provocando la destrucción de la biodiversidad y la apropiación privada del conocimiento tradicional.

Los países del África están actualmente reclamando que se excluyan del acuerdo TRIPS los requisitos asociados al patentamiento de seres vivos (aunque sus propuestas de exclusión no incluyen todas las otras formas de propiedad intelectual). Otro grupo de países en desarrollo comandado por la India está reclamando asimismo cambios en el acuerdo TRIPS para impedir la biopiratería y permitir que los países en desarrollo se beneficien del empleo de los conocimientos tradicionales y la biodiversidad (aunque sus propuestas no necesaria o automáticamente resulten en la conservación o protección de esos conocimientos y la biodiversidad).

Comercio y medioambiente es también un área formal de negociaciones en el Programa de Trabajo de Doha. El Párrafo 31 de la Declaración Ministerial de Doha de la OMC podría permitir a la OMC establecer límites al grado en que los gobiernos pueden aplicar los acuerdos multilaterales sobre el medioambiente (AMUMA), así como a la forma en que lo hagan. Hasta ahora esas negociaciones han sido muy técnicas, pero aun así podrían tener consecuencias sumamente importantes para los AMUMA. La OMC podría limitar la utilización de las medidas comerciales que quedan a discreción de los miembros de los AMUMA.

El Párrafo 32 de la Declaración de la OMC trata de los bienes y servicios ambientales. Los bienes ambientales todavía no están definidos, y tienden a centrarse en productos que las empresas del Norte desean exportar. Podrían incluir, por ejemplo, usinas de energía nuclear e incineradores de residuos. Los servicios ambientales cuya liberalización se propone, también tienden a centrarse en tecnologías “del final de la tubería” (tecnologías para mitigar la contaminación, por ejemplo).          

 

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