descifrando el meollo de las
negociaciones de la ronda de doha de la
omc
damian sullivan, amigos de la tierra
australia y ronnie hall, amigos de la
tierra inglaterra, gales e irlanda del
norte
Es posible que las negociaciones
comerciales parezcan muy alejadas de
nuestras vidas, pero tienen un impacto muy
real en la forma en que vivimos y en el
ambiente que nos rodea. Las negociaciones
actuales de la Organización Mundial del
Comercio, el órgano que rige el comercio
mundial, podrían (de concluirse) aumentar
la presión sobre nuestro entorno natural,
reducir la capacidad de desarrollo de los
países empobrecidos y afectar las formas de
vida de los pequeños agricultores y
pescadores artesanales del planeta. También
podrían reducir la capacidad de los
gobiernos nacionales para aplicar leyes y
reglamentaciones nacionales para proteger
el medioambiente y los puestos de trabajo
locales y promover la salud y la
seguridad.
Las negociaciones de la ronda de Doha de
la OMC (así llamadas porque se iniciaron en
la 4ª Conferencia Ministerial de la OMC,
realizada en Doha , Qatar , en 2001) están
enfocadas en la agricultura, los productos
industriales y las materias primas, los
servicios y los derechos de propiedad
intelectual (la propiedad de las ideas).
Los países industrializados prometieron a
los países en desarrollo que el “Programa
de Trabajo” de Doha y otras negociaciones
comerciales atenderían en primer lugar las
cuestiones de desarrollo. En realidad,
resulta cada vez más claro que las
negociaciones amenazan socavar el
desarrollo, deteriorar el medioambiente y
atentar contra el sustento y el empleo de
millones de personas. Además, numerosas
propuestas de países en desarrollo
relativas al desarrollo (centradas en las
cuestiones de trato especial y diferenciado
y aplicación) son sistemáticamente
ignoradas. En la medida que las
conversaciones abarcan tantos sectores, con
frecuencia son difíciles de seguir, aun
para los propios negociadores comerciales.
Para numerosos gobiernos de países en
desarrollo, que tienen un solo negociador
comercial apostado en Ginebra, esto puede
colocarlos en una situación muy
difícil.
Los gobiernos tienden a referirse a las
conversaciones de Doha como una “ronda”
porque se supone que todas las
negociaciones quedarán concluidas al mismo
tiempo (la idea es que las pérdidas de los
países en un sector quedarán compensadas
por los beneficios en otro). Sin embargo,
lo que esto significa en la práctica es que
los países están forzados a realizar
concesiones entre diferentes sectores de
negociación. Así, podría persuadirse a los
países en desarrollo a que, por ejemplo,
den acceso a sectores sensibles asociados a
los servicios públicos y los recursos
naturales si consideraran que esto les
traería oportunidades de exportación en
agricultura. Además, los países más
pequeños con frecuencia son sometidos a
presiones extremas para que liberalicen una
gama de sectores a los que no tienen
interés en dar acceso.
Otro gran problema con la OMC es el
proceso decisorio. En teoría, se supone que
las decisiones son tomadas por consenso.
Sin embargo, hay pruebas de que existe una
gran cuota de coacción tras bambalinas. Los
países más poderosos como la Unión Europea,
Estados Unidos y Japón, ejercen toda suerte
de influencias que estén a su alcance para
liberalizar mercados y ponerlos a
disposición de poderosos grupos
empresariales con sede en sus países.
Además, los países más pequeños a menudo
son excluidos de las negociaciones claves
hasta que ya se han sellado los acuerdos, y
lo único que se espera de ellos es que los
firmen.
Algunos de los aspectos esenciales de
la Ronda de Doha son:
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Acceso al Mercado de Bienes No
Agrícolas (NAMA, por su sigla en
inglés), son negociaciones que están
centradas en reducir los aranceles de
todos los bienes que no están
incluidos en las negociaciones sobre
la agricultura. Abarca propuestas
referidas a sectores de materias
primas o recursos naturales, entre
ellos minerales, productos forestales
y pesca. Los aranceles son los
impuestos que los países fijan sobre
las importaciones y exportaciones.
Son un medio para que los países en
desarrollo protejan y promuevan
industrias nacionales y empleos
locales (en especial porque no pueden
hacerlo utilizando subsidios).
Los aranceles ayudan a proteger a
los pequeños agricultores y
pescadores artesanales, que son
esenciales para las economías y
sociedades locales pero que no están
en condiciones de competir con las
gigantescas empresas transnacionales.
Es muy probable que la reducción de
aranceles también provoque una
creciente destrucción de los bosques
en todo el planeta y una merma aun
mayor de las existencias de
peces.
Las negociaciones sobre el Acceso
al Mercado de Bienes No Agrícolas
pueden ser utilizadas también para
restringir la capacidad de los
gobiernos para legislar y regular a
escala nacional. Amigos de la Tierra
Internacional ha identificado 212
leyes y reglamentaciones relativas al
medioambiente que han sido
notificadas por los gobiernos como
obstáculos al comercio.
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El Acuerdo sobre la Agricultura tiende a
estar siempre en el centro de las
negociaciones de la OMC, ya que es el
sector clave en el cual los países en
desarrollo creen que podrían ganar algo. La
mayoría de los países en desarrollo desean
mayor acceso a los mercados de la Unión
Europea y Estados Unidos. En la Conferencia
Ministerial de la OMC de 2003, en Cancún,
varios de los principales países en
desarrollo se unieron en un grupo
denominado el Grupo de los 20 (G20), que
fue lo suficientemente fuerte como para
resistir las presiones de la Unión Europea
y los Estados Unidos e insistir en que a
los países en desarrollo no se les ofrecía
lo suficiente. Esto fue un paso importante,
aun cuando ha resultado cada vez más
evidente que el G20
está formado por países en los que los
intereses agroindustriales transnacionales
tienen gran fuerza (seguramente esas
empresas serán las principales
beneficiarias del aumento de las
exportaciones). Brasil e India integran el
G20.
Muchos también aspiran a utilizar las
negociaciones para asegurar la protección
de sus pequeños agricultores y comunidades
rurales. Quieren que la Unión Europea y los
Estados Unidos reduzcan los subsidios
agrícolas, y su voluntad es poder utilizar
restricciones comerciales para mantener a
los productos subsidiados fuera de sus
propios mercados. Los países que procuran
excluir ciertos productos están agrupados
en el Grupo de los 33 (G33), coordinado por
Indonesia. Esos países tienen menor
influencia y con gran frecuencia quedan
excluidos de importantes negociaciones.
Otro grupo está integrado por algunos de
los países más pequeños que están
preocupados por que los acuerdos
comerciales especiales que ya tienen con
determinados socios, puedan erosionarse si
otros países en desarrollo comienzan a
obtener mayor acceso al mercado (a esto se
lo conoce como “erosión de
preferencias”).
La Unión Europea y Estados Unidos desean
lograr la apertura de los mercados
agrícolas de los países en desarrollo a la
vez que mantener los enormes subsidios que
pagan a los agricultores de sus propios
países -la mayor parte de los cuales
terminan en manos de la agroindustria, no
de los pequeños agricultores. Con cientos
de burócratas profesionales en comercio de
su lado, la Unión Europea y Estados Unidos
suelen poder presentar las cosas como si
estuvieran reformando sus políticas
agrícolas, cuando en realidad no están
haciendo ningún cambio sustancial.
El Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios (AGCS, mejor conocido como GATS,
por su sigla en inglés) comprende
negociaciones que son de especial interés
porque se refieren a algunos de los
aspectos esenciales de la vida: agua,
energía, salud y biodiversidad (todos los
cuales son mercados que se pretende abrir).
Las negociaciones sobre servicios han
transcurrido con gran lentitud porque
varios países no desean dar acceso a esos
servicios, muchos de los cuales actualmente
son brindados públicamente. En el GATS, los
países tienen mayor flexibilidad sobre lo
que están dispuestos a negociar, pero la
Unión Europea ha propuesto reducir esta
flexibilidad exigiendo que cada país
incluya un número determinado de
subsectores. El GATS también incluye
negociaciones sobre reglamentación
nacional, que podría limitar la capacidad
de los gobiernos para aplicar políticas
nacionales.
Los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC, mejor conocidos como TRIPS
por su sigla en inglés) también están en
vías de revisión. Los ADPIC funcionan en
gran medida a favor de las empresas
transnacionales del Norte y fueron
incluidos inicialmente en los acuerdos de
la OMC por la insistencia de Estados
Unidos. Obstruye el acceso de la gente a
medicinas esenciales, semillas y a la
satisfacción de necesidades vitales, al
aumentar e incluso introducir nuevos
costos. También promueve el patentamiento
de seres vivos, provocando la destrucción
de la biodiversidad y la apropiación
privada del conocimiento tradicional.
Los países del África están actualmente
reclamando que se excluyan del acuerdo
TRIPS los requisitos asociados al
patentamiento de seres vivos (aunque sus
propuestas de exclusión no incluyen todas
las otras formas de propiedad intelectual).
Otro grupo de países en desarrollo
comandado por la India está reclamando
asimismo cambios en el acuerdo TRIPS para
impedir la biopiratería y permitir que los
países en desarrollo se beneficien del
empleo de los conocimientos tradicionales y
la biodiversidad (aunque sus propuestas no
necesaria o automáticamente resulten en la
conservación o protección de esos
conocimientos y la biodiversidad).
Comercio y medioambiente es también un
área formal de negociaciones en el Programa
de Trabajo de Doha. El Párrafo 31 de la
Declaración Ministerial de Doha de la OMC
podría permitir a la OMC establecer límites
al grado en que los gobiernos pueden
aplicar los acuerdos multilaterales sobre
el medioambiente (AMUMA), así como a la
forma en que lo hagan. Hasta ahora esas
negociaciones han sido muy técnicas, pero
aun así podrían tener consecuencias
sumamente importantes para los AMUMA. La
OMC podría limitar la utilización de las
medidas comerciales que quedan a discreción
de los miembros de los AMUMA.
El Párrafo 32 de la Declaración de la
OMC trata de los bienes y servicios
ambientales. Los bienes ambientales todavía
no están definidos, y tienden a centrarse
en productos que las empresas del Norte
desean exportar. Podrían incluir, por
ejemplo, usinas de energía nuclear e
incineradores de residuos. Los servicios
ambientales cuya liberalización se propone,
también tienden a centrarse en tecnologías
“del final de la tubería” (tecnologías para
mitigar la contaminación, por ejemplo).
