En 1992 el pueblo uruguayo votó
mayoritariamente en contra de la
privatización de los servicios públicos, en
un célebre plebiscito organizado por los
movimientos sociales. Ese mensaje
inequívoco para el gobierno, los organismos
financieros internacionales y las empresas
transnacionales que impulsaban las
privatizaciones se constituyó en un hito en
la historia del Uruguay, y en ejemplo y
fuente de inspiración para los movimientos
sociales de toda América Latina.
Pero a diez años de esa sonada victoria,
el gobierno uruguayo está otra vez empeñado
en privatizar los servicios públicos con el
objetivo expreso de "rescatar ”al país de
la crisis financiera que sobrevino al
fracaso del neoliberalismo en la región. El
agua está a la venta en Uruguay (a pesar
que la cobertura de este servicio público
alcanza a más del 95% de la población),y el
gobierno está decidido a incluir el
suministro de agua potable y la extracción
de agua bruta entre sus ofertas en el
contexto de las negociaciones actuales
sobre liberalización de los servicios en el
ámbito tanto de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) como del Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA).
La privatización del agua en el
departamento uruguayo de Maldonado trajo
efectos amenazadores, entre los que se
cuentan incrementos en las tarifas y graves
fallas técnicas. Las iniciativas
privatizadoras en los países vecinos
también han tenido consecuencias
desastrosas. En la provincia Argentina de
Santa Fe, donde una filial de la Suez se
apoderó del agua y el saneamiento desde
1995,la población local ha sufrido
repetidos incrementos de tarifas, un
proceso regulador cada vez más turbio y
negligencia frente a los intereses y
necesidades de los usuarios locales.
Los movimientos sociales, entre ellos la
Federación de Funcionarios de las Obras
Sanitarias del Estado (FFOSE), algunas
gremiales agropecuarias, la Comisión
Nacional de Defensa del Agua, REDES- Amigos
de la Tierra de Uruguay y el Programa
Uruguay Sustentable lanzaron una campaña
nacional para impedir la privatización del
agua. Están promoviendo una enmienda
constitucional que garantice el
reconocimiento del agua como un bien de
dominio público no privatizable ni
mercantilizable, y como un derecho humano
fundamental cuyo manejo se debe hacer
siguiendo criterios de sustentabilidad. Si
los activistas consiguen reunir las 250,000
firmas de adhesión necesarias, la enmienda
será votada en las próximas elecciones
nacionales en el 2004.
Entretanto, REDES y el Programa Uruguay
Sustentable continúan dictando cursos y
talleres sobre el ciclo hidrológico y
manejo integrado de cuencas hidrográficas,
y sesiones de reflexión estratégica sobre
alternativas para un manejo sustentable de
las aguas continentales del Uruguay.
Conozcan mas sobre la campaña de REDES en
contra de la privatizacion del agua y las
elecciones del proximo octubre para la
reforma constitucional del Uruguay:
http://www.redes.org.uy/agua
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