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  número 102 link
enero 2003   

 

En 1992 el pueblo uruguayo votó mayoritariamente en contra de la privatización de los servicios públicos, en un célebre plebiscito organizado por los movimientos sociales. Ese mensaje inequívoco para el gobierno, los organismos financieros internacionales y las empresas transnacionales que impulsaban las privatizaciones se constituyó en un hito en la historia del Uruguay, y en ejemplo y fuente de inspiración para los movimientos sociales de toda América Latina.

Pero a diez años de esa sonada victoria, el gobierno uruguayo está otra vez empeñado en privatizar los servicios públicos con el objetivo expreso de "rescatar ”al país de la crisis financiera que sobrevino al fracaso del neoliberalismo en la región. El agua está a la venta en Uruguay (a pesar que la cobertura de este servicio público alcanza a más del 95% de la población),y el gobierno está decidido a incluir el suministro de agua potable y la extracción de agua bruta entre sus ofertas en el contexto de las negociaciones actuales sobre liberalización de los servicios en el ámbito tanto de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

La privatización del agua en el departamento uruguayo de Maldonado trajo efectos amenazadores, entre los que se cuentan incrementos en las tarifas y graves fallas técnicas. Las iniciativas privatizadoras en los países vecinos también han tenido consecuencias desastrosas. En la provincia Argentina de Santa Fe, donde una filial de la Suez se apoderó del agua y el saneamiento desde 1995,la población local ha sufrido repetidos incrementos de tarifas, un proceso regulador cada vez más turbio y negligencia frente a los intereses y necesidades de los usuarios locales.

Los movimientos sociales, entre ellos la Federación de Funcionarios de las Obras Sanitarias del Estado (FFOSE), algunas gremiales agropecuarias, la Comisión Nacional de Defensa del Agua, REDES- Amigos de la Tierra de Uruguay y el Programa Uruguay Sustentable lanzaron una campaña nacional para impedir la privatización del agua. Están promoviendo una enmienda constitucional que garantice el reconocimiento del agua como un bien de dominio público no privatizable ni mercantilizable, y como un derecho humano fundamental cuyo manejo se debe hacer siguiendo criterios de sustentabilidad. Si los activistas consiguen reunir las 250,000 firmas de adhesión necesarias, la enmienda será votada en las próximas elecciones nacionales en el 2004.

Entretanto, REDES y el Programa Uruguay Sustentable continúan dictando cursos y talleres sobre el ciclo hidrológico y manejo integrado de cuencas hidrográficas, y sesiones de reflexión estratégica sobre alternativas para un manejo sustentable de las aguas continentales del Uruguay.

Conozcan mas sobre la campaña de REDES en contra de la privatizacion del agua y las elecciones del proximo octubre para la reforma constitucional del Uruguay: http://www.redes.org.uy/agua

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