Hace muchos años, el gobierno de
Bolivia subsidiaba el servicio de
abastecimiento de agua. Se reconocía que el
agua era importante para la salud de la
población, para reducir la mortalidad
infantil y los índices de morbilidad. Pero
la región esta experimentando una
globalización económica intensa, y
privatizaciones de servicios básicos y en
los sectores del transporte, la energía y
la educación, gracias a las políticas
neoliberales que se vienen aplicando desde
la década de los '80.
Cuando Aguas de Tunari –un emprendimiento
conjunto de la empresa estadounidense
Bechtel y la italiana Edison —se estableció
en Bolivia, el gobierno prometió que los
costos del agua no se incrementarían por
encima de un 10% a causa de la
privatización. La gente estaba furiosa
cuando se encontraron con alzas de hasta el
300% en las tarifas del agua. Académicos,
ecologistas, trabajadores urbanos y
agricultores se unieron para constituir la
Coordinadora de Defensa del Agua y la
Vida.
Ese fue el despertar. El pueblo estaba
dispuesto a defender sus derechos, y se
empezaron a realizar jornadas de acción a
principios del 2000.Se realizaron
movilizaciones simultáneas en el campo y la
ciudad, bloqueando las carreteras durante
varios días. La movilización final en abril
del 2000 congregó a más de 100,000 personas
en el centro de Cochabamba. Llamaron al
ejército para contener la manifestación.
Usaron gases lacrimógenos, y un dirigente
estudiantil cayó muerto de un disparo.
El gobierno nacional aceptó nuestros
reclamos. Aguas del Tunari tiene que irse,
y el abastecimiento y distribución del agua
tiene que quedar en manos de una empresa
pública creada y administrada por el
gobierno municipal, el sindicato y la
Coordinadora en representación de la
población de la región. A pesar de haber
heredado una empresa fuertemente endeudada
y tecnológicamente subdesarrollada, la
nueva empresa inició operaciones
inmediatamente bombeando agua para las
zonas más empobrecidas de Cochabamba que no
disponían de agua corriente, bajo la
consigna "el agua es un bien común, no una
mercancía ”.
Este fue el primer triunfo contra la
agenda política neoliberal después de 15
años de derrotas. Pero el gobierno quedó
con un gran problema, debido a que había
firmado un contrato por 40 años con la
empresa. Aguas del Tunari, que con el
nombre de su casa matriz Bechtel, reclama
ahora una indemnización de U$S 25 millones
por concepto de daños y perjuicios y lucro
cesante (véase).
Es inmoral que la empresa exija ese monto
de indemnización. Después de todo, Aguas
del Tunari no realizó ninguna inversión
importante para mejorar la calidad de
nuestro servicio de abastecimiento de agua.
Por otra parte, en un país empobrecido como
Bolivia, esos U$S 25 millones que reclama
la empresa podrían significar 125,000
conexiones a la red de agua potable en
Cochabamba, o 300 salarios anuales para
atención médica en las zonas rurales, o
doce mil salarios anuales para maestros.
Pero el dinero no es el único problema.
Deploramos también el castigo moral que le
está imponiendo Bechtel a un pueblo que se
resiste a la privatización de lo que
considera ser su derecho humano
fundamental.”
Osvaldo hablando en la manifestación
que organizó AT Holanda en septiembre de
2002, paralela a la Cumbre de la Tierra
celebrada en
Johannesburgo,Sudáfrica.
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