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  número 102 link
enero 2003   

 

Hace muchos años, el gobierno de Bolivia subsidiaba el servicio de abastecimiento de agua. Se reconocía que el agua era importante para la salud de la población, para reducir la mortalidad infantil y los índices de morbilidad. Pero la región esta experimentando una globalización económica intensa, y privatizaciones de servicios básicos y en los sectores del transporte, la energía y la educación, gracias a las políticas neoliberales que se vienen aplicando desde la década de los '80.

Cuando Aguas de Tunari –un emprendimiento conjunto de la empresa estadounidense Bechtel y la italiana Edison —se estableció en Bolivia, el gobierno prometió que los costos del agua no se incrementarían por encima de un 10% a causa de la privatización. La gente estaba furiosa cuando se encontraron con alzas de hasta el 300% en las tarifas del agua. Académicos, ecologistas, trabajadores urbanos y agricultores se unieron para constituir la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida.

Ese fue el despertar. El pueblo estaba dispuesto a defender sus derechos, y se empezaron a realizar jornadas de acción a principios del 2000.Se realizaron movilizaciones simultáneas en el campo y la ciudad, bloqueando las carreteras durante varios días. La movilización final en abril del 2000 congregó a más de 100,000 personas en el centro de Cochabamba. Llamaron al ejército para contener la manifestación. Usaron gases lacrimógenos, y un dirigente estudiantil cayó muerto de un disparo.

El gobierno nacional aceptó nuestros reclamos. Aguas del Tunari tiene que irse, y el abastecimiento y distribución del agua tiene que quedar en manos de una empresa pública creada y administrada por el gobierno municipal, el sindicato y la Coordinadora en representación de la población de la región. A pesar de haber heredado una empresa fuertemente endeudada y tecnológicamente subdesarrollada, la nueva empresa inició operaciones inmediatamente bombeando agua para las zonas más empobrecidas de Cochabamba que no disponían de agua corriente, bajo la consigna "el agua es un bien común, no una mercancía ”.

Este fue el primer triunfo contra la agenda política neoliberal después de 15 años de derrotas. Pero el gobierno quedó con un gran problema, debido a que había firmado un contrato por 40 años con la empresa. Aguas del Tunari, que con el nombre de su casa matriz Bechtel, reclama ahora una indemnización de U$S 25 millones por concepto de daños y perjuicios y lucro cesante (véase).

Es inmoral que la empresa exija ese monto de indemnización. Después de todo, Aguas del Tunari no realizó ninguna inversión importante para mejorar la calidad de nuestro servicio de abastecimiento de agua. Por otra parte, en un país empobrecido como Bolivia, esos U$S 25 millones que reclama la empresa podrían significar 125,000 conexiones a la red de agua potable en Cochabamba, o 300 salarios anuales para atención médica en las zonas rurales, o doce mil salarios anuales para maestros. Pero el dinero no es el único problema. Deploramos también el castigo moral que le está imponiendo Bechtel a un pueblo que se resiste a la privatización de lo que considera ser su derecho humano fundamental.”

Osvaldo hablando en la manifestación que organizó AT Holanda en septiembre de 2002, paralela a la Cumbre de la Tierra celebrada en Johannesburgo,Sudáfrica.

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