américa latina

Richard Pacheco es uno de los impulsores de la conformación del sindicato de peones de tambo y denunciante de los impactos de la expansión sojera en Florida, ubicado al centro de Uruguay.

En diálogo con Radio Mundo Real Pacheco se refirió a la instalación de empresas sojeras provenientes de Argentina, que ya tienen fuerte presencia en el litoral uruguayo.

Pacheco, que trabajó hasta hace algunos meses en la empresa sojera argentina El Tejar, dijo que la soja llegó hace más de dos años a esa zona, y los argentinos han abarcado prácticamente toda Florida. Están trabajando con productos tóxicos y están matando toda la ecología.

Además, según relató, las condiciones laborales de los empleados no son buenas y están expuestos a riesgos graves en materia de salud.

Renato Araya trabaja en la Unión de Trabajadores Sin Tierra de Lavalle, que maneja una bodega artesanal (“El Campesino”), algunas pequeñas dulcerías y varias plantas de fabricación de pulpa de tomate.

Han desarrollado una cadena del tomate que va desde la producción de semilla, el plantín, la producción de tomate, la fase industrial y la comercialización a través del sistema de “comercio justo” en ciudades importantes argentinas.

Dialogó con Radio Mundo Real sobre las características de la lucha por la tierra en la que se encuentran coaligados campesinos y comunidades indígenas. Así también sobre cómo enfrentarse en materia de costos a una industria tomatera basada en las variedades híbridas y el uso intensivo de agrotóxicos.

Además de continuar con la resistencia al golpe y por la restitución de Zelaya, los hondureños mantienen su lucha contra el otorgamiento indiscriminado de licencias mineras.

Pedro Jesús Pinto forma parte de la alianza cívica en su país que resiste a la dictadura de Micheletti. Y además integra la Red de Comunidades Afectadas por la Minería en Honduras.

En diálogo con Radio Mundo Real Pinto comenta el actual estado de la resistencia al golpe. Y además describe el proceso de corrimiento de una empresa minera trasnacional –poseedora de una de las 600 licencias que se han concedido- como resultado de la unidad y la lucha de una comunidad.

En Uruguay, las condiciones laborales de los obreros forestales y los cortadores de leña son pésimas. La ausencia de controles del Estado en los alejados campamentos de las zonas rurales permite abusos empresariales de todo tipo.

En entrevista con Radio Mundo Real, Pedro Ávila, quien trabaja como montaraz en una pequeña empresa de la localidad de Sarandí Grande, nos cuenta sobre los incumplimientos en los aportes patronales, salarios de miseria, falta de los elementos de seguridad básicos, pésimas condiciones de higiene y vivienda, y represión antisindical dentro del sector.

La principal lucha de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas de México (UNORCA) es lograr recomponer el tejido campesino y rural en un país cuyo campo ha sido devastado tanto por el agronegocio como por los acuerdos comerciales.

En diálogo con Radio Mundo Real el líder de UNORCA Roma Olegario Carrillo Mesa dice que la propiedad de la tierra comunitaria es una de las claves en el proceso de lucha del campesinado mexicano.

Olegario nos cuenta cómo impacta el desequilibrio en el medio rural entre la producción campesina y el agronegocio en los niveles de hambre y desnutrición de las comunidades, rurales y urbanas.

En Colombia, los campesinos y mineros han sumado esfuerzos para pelear por sus derechos al territorio y a una vida digna. Esa resistencia va de la mano con una larga saga de desplazamientos, atemorización, desaparición y muerte de militantes populares.

Las multinacionales dedicadas al cultivo de la palma han generado consecuencias muy graves en las comunidades, incluyendo la concentración de la tierra y el daño al medioambiente.

En el fondo, los colombianos tienen pendiente un debate acerca de cuál es el modelo de desarrollo más conveniente.

Mujeres wichí y guaraní se cansaron de la discriminación y decidieron dar batalla por el cumplimiento de la prohibición del desmonte del bosque nativo.

Para eso, se movilizaron hasta la ciudad de Buenos Aires para hacer oír su voz como guardianas en defensa de sus tierras y territorios, amenazados en muchos casos y devastados en muchos otros, por los incesantes desmontes.

La represión, exclusión y discriminación de estas comunidades no son nuevas, pero las soluciones nunca llegan. Hablamos de una alarmante situación del despojo sanitario, social y ambiental, y los afectados denuncian que están al borde de sufrir un alud si se sigue con los desmontes y la tala indiscriminada.

Esta ley establece la creación de los Consejos Comunitarios, autoridades étnicas en nombre de las cuales se entregan los títulos colectivos de propiedad.

Esos territorios donde se asentaron los esclavos ya libertos fueron declarados como ‘tierra de nadie’. Ese concepto permitió a muchas empresas nacionales y transnacionales llegar a esas tierras con permiso del gobierno a depredar los recursos naturales.

Naka Mandinga, líder de PCN, le dijo a Radio Mundo Real que hoy las comunidades negras, que son propietarias ancestrales de esas tierras, tienen una herramienta legal mínima para defender su territorio.

Pese a ello, resulta dificultoso que esas voces se escuchen en el Congreso, donde se vienen discutiendo los términos de la nueva ley que regule el accionar de las industrias extractivas.

En el fondo, lo que está en debate es la cosmovisión maya, claramente contraria al capitalismo extractivo.

Las consultas comunitarias y la articulación con pueblos hermanos son los mecanismos de “resistencia ancestral” que encuentran las distintas etnias mayas para tejer la resistencia al modelo que los desplaza. Pero también se comienzan a delinear alternativas para la consolidación de nuevos modelos de desarrollo sustentable

Cuatrocientos años ininterrumpidos de extracción minera en la provincia boliviana de Oruro no han traído aparejados, por cierto, beneficios para las comunidades, verdaderas propietarias de la riqueza del suelo en el que les tocó vivir.

El uso de cianuro y otros metales para la extracción minera ha acumulado enfermedades en animales y personas, según vienen denunciando las organizaciones locales.

En Argentina, y pese a los intentos de criminalización, las organizaciones de trabajadores desocupados que surgieron con la crisis económica de 2001 han realizado un vasto trabajo en materia de reclamos de derechos básicos. Pero con el tiempo, esa plataforma se fue ampliando y se incorporaron otras perspectivas, como sucede con la filial cordobesa de la coordinadora "Aníbal Verón".

En ese marco, se dio la ocupación de un terreno que abarca algo más de dos hectáreas del barrio cordobés de Villa El Libertador, y desde entonces, el gobierno local investiga, detiene y procesa individualmente a algunos de los militantes más "visibles" de la organización.

Cuando los postigos del diálogo parecen cerrados a cal y canto, se abre el camino de la movilización. Así lo entienden los apicultores uruguayos que este año realizaron una gran movilización frente al Ministerio de Ganadería.

Su reclamo básico refiere a la necesidad imperiosa de regular el uso de agroquímicos, en especial insecticidas, que en los últimos tiempos han diezmado sus colmenas, su fuente de vida. Uno de ellos es el fipronil, un potente insecticida al que si bien se le han impuesto algunas restricciones de uso, se sigue aplicando en forma de aspersión en los montes de eucaliptos.

Otro objetivo de estas movilizaciones ha sido denunciar la expansión de los monocultivos de soja y de la forestación.

Las radios comunitarias que han impulsado desde el Movimiento Campesino de Santiago del Esterio (Mocase), se han transformado en una herramienta fundamental en la comunicación y el trabajo de educación política. Pero en los últimos meses estas emisoras alternativas han sufrido una serie de atentados.

Además de estas amenazas, las comunidades campesinas del norte de Argentina sufren el desmonte que llevan adelante las empresas sojeras.

El año pasado la campaña "Paren de Fumigar" y la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) de Argentina efectuaron su segundo encuentro nacional, y eligieron para llevar adelante esos debates un lugar muy particular.

Las organizaciones de afectados por estos modelos extractivos analizaron algunos de los casos más paradigmáticos de contaminación, y se plantearon algunas alternativas para hallar soluciones.

El Estado chileno en la actualidad no sólo no está reconociendo las demandas del pueblo mapuche, tales como la autodeterminación y el derecho a sus territorios ancestrales, sino que sigue actuando por la vía de la represión.

Amparado en la legislación anti-terrorista impuesta bajo la dictadura de Augusto Pinochet, el Estado chileno ha encarcelado indígenas mapuches que se manifiestan por sus derechos, siendo que actualmente son más de veinte los presos políticos mapuches

La situación que han venido denunciando las organizaciones chilenas a nivel internacional está bastante alejada del concepto de “milagro” que tanto se ha divulgado en los últimos años.

A solicitud de un fiscal, la Justicia uruguaya congeló un proyecto de cultivo de soja y maíz transgénicos en plena capital, Montevideo, en zonas linderas a pequeños productores familiares, muchos de ellos orgánicos.

Ante la inacción de las autoridades como la Dirección de Medio Ambiente, la Intendencia (Alcaldía) y el propio Ministerio de Agricultura, los vecinos se organizaron y presentaron una querella judicial.

La primera consecuencia fue una resolución de amparo que en principio no permitirá el cultivo hasta que no se dilucide el juicio.

Los vecinos de Montevideo tienen pensado tomar otras medidas en el futuro, para defender la agricultura orgánica.

Unos 10 mil salvadoreños de 29 comunidades de la zona del Bajo Lempa han visto en los últimos años cómo se han registrado, debido a los efectos del calentamiento global, cambios sustanciales en sus vidas cotidianas

Estos campesinos que subsisten por la siembra del maíz, la base principal de su economía, viven ahora a salto de mata, entre las sequías extremas, las grandes inundaciones y los terremotos.

Un estudio que realizaron el año pasado organizaciones locales registró que el 45 por ciento de los habitantes de la zona del Bajo Lempa sufre algún tipo de enfermedad, fundamentalmente debido al consumo de agua contaminada. Una de las afectaciones más corriente es la insuficiencia renal, y también se han extendido los problemas respiratorios, según dijo.

Afortunadamente, algunos sindicatos de Uruguay han incorporado el concepto político de soberanía alimentaria a sus discursos. Un ejemplo es el Sindicato Único de los Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA), que ha adoptado dicha propuesta -planteada originalmente por la Vía Campesina en la Cumbre Mundial de la FAO de 1996- para reclamar mayor intervención estatal en las políticas pesqueras.

Algunos datos que maneja el sindicato son preocupantes: en Uruguay debido al uso de redes de arrastre unas 140 mil toneladas anuales de pescado comestible -fundamentalmente juveniles que no alcanzan la talla comercial- son arrojadas al mar.

Para evitar esa situación, los trabajadores plantean una prohibición a las técnicas depredatorias y que afectan el ecosistema.

El gremio apuesta, además, a una explotación planificada de las riquezas acuíferas a través de propuestas concretas, como la conformación de un Ministerio de Intereses Marítimos, Fluviales y Portuarios; y el desarrollo de una marina mercante nacional y una flota pesquera del Estado.