2010

En Colombia, los campesinos y mineros han sumado esfuerzos para pelear por sus derechos al territorio y a una vida digna. Esa resistencia va de la mano con una larga saga de desplazamientos, atemorización, desaparición y muerte de militantes populares.

Las multinacionales dedicadas al cultivo de la palma han generado consecuencias muy graves en las comunidades, incluyendo la concentración de la tierra y el daño al medioambiente.

En el fondo, los colombianos tienen pendiente un debate acerca de cuál es el modelo de desarrollo más conveniente.

Cuando los postigos del diálogo parecen cerrados a cal y canto, se abre el camino de la movilización. Así lo entienden los apicultores uruguayos que este año realizaron una gran movilización frente al Ministerio de Ganadería.

Su reclamo básico refiere a la necesidad imperiosa de regular el uso de agroquímicos, en especial insecticidas, que en los últimos tiempos han diezmado sus colmenas, su fuente de vida. Uno de ellos es el fipronil, un potente insecticida al que si bien se le han impuesto algunas restricciones de uso, se sigue aplicando en forma de aspersión en los montes de eucaliptos.

Otro objetivo de estas movilizaciones ha sido denunciar la expansión de los monocultivos de soja y de la forestación.

En Argentina, y pese a los intentos de criminalización, las organizaciones de trabajadores desocupados que surgieron con la crisis económica de 2001 han realizado un vasto trabajo en materia de reclamos de derechos básicos. Pero con el tiempo, esa plataforma se fue ampliando y se incorporaron otras perspectivas, como sucede con la filial cordobesa de la coordinadora "Aníbal Verón".

En ese marco, se dio la ocupación de un terreno que abarca algo más de dos hectáreas del barrio cordobés de Villa El Libertador, y desde entonces, el gobierno local investiga, detiene y procesa individualmente a algunos de los militantes más "visibles" de la organización.

Cuatrocientos años ininterrumpidos de extracción minera en la provincia boliviana de Oruro no han traído aparejados, por cierto, beneficios para las comunidades, verdaderas propietarias de la riqueza del suelo en el que les tocó vivir.

El uso de cianuro y otros metales para la extracción minera ha acumulado enfermedades en animales y personas, según vienen denunciando las organizaciones locales.

Pese a ello, resulta dificultoso que esas voces se escuchen en el Congreso, donde se vienen discutiendo los términos de la nueva ley que regule el accionar de las industrias extractivas.

En el fondo, lo que está en debate es la cosmovisión maya, claramente contraria al capitalismo extractivo.

Las consultas comunitarias y la articulación con pueblos hermanos son los mecanismos de “resistencia ancestral” que encuentran las distintas etnias mayas para tejer la resistencia al modelo que los desplaza. Pero también se comienzan a delinear alternativas para la consolidación de nuevos modelos de desarrollo sustentable

Afortunadamente, algunos sindicatos de Uruguay han incorporado el concepto político de soberanía alimentaria a sus discursos. Un ejemplo es el Sindicato Único de los Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA), que ha adoptado dicha propuesta -planteada originalmente por la Vía Campesina en la Cumbre Mundial de la FAO de 1996- para reclamar mayor intervención estatal en las políticas pesqueras.

Algunos datos que maneja el sindicato son preocupantes: en Uruguay debido al uso de redes de arrastre unas 140 mil toneladas anuales de pescado comestible -fundamentalmente juveniles que no alcanzan la talla comercial- son arrojadas al mar.

Para evitar esa situación, los trabajadores plantean una prohibición a las técnicas depredatorias y que afectan el ecosistema.

El gremio apuesta, además, a una explotación planificada de las riquezas acuíferas a través de propuestas concretas, como la conformación de un Ministerio de Intereses Marítimos, Fluviales y Portuarios; y el desarrollo de una marina mercante nacional y una flota pesquera del Estado.

Unos 10 mil salvadoreños de 29 comunidades de la zona del Bajo Lempa han visto en los últimos años cómo se han registrado, debido a los efectos del calentamiento global, cambios sustanciales en sus vidas cotidianas

Estos campesinos que subsisten por la siembra del maíz, la base principal de su economía, viven ahora a salto de mata, entre las sequías extremas, las grandes inundaciones y los terremotos.

Un estudio que realizaron el año pasado organizaciones locales registró que el 45 por ciento de los habitantes de la zona del Bajo Lempa sufre algún tipo de enfermedad, fundamentalmente debido al consumo de agua contaminada. Una de las afectaciones más corriente es la insuficiencia renal, y también se han extendido los problemas respiratorios, según dijo.

A solicitud de un fiscal, la Justicia uruguaya congeló un proyecto de cultivo de soja y maíz transgénicos en plena capital, Montevideo, en zonas linderas a pequeños productores familiares, muchos de ellos orgánicos.

Ante la inacción de las autoridades como la Dirección de Medio Ambiente, la Intendencia (Alcaldía) y el propio Ministerio de Agricultura, los vecinos se organizaron y presentaron una querella judicial.

La primera consecuencia fue una resolución de amparo que en principio no permitirá el cultivo hasta que no se dilucide el juicio.

Los vecinos de Montevideo tienen pensado tomar otras medidas en el futuro, para defender la agricultura orgánica.

El Estado chileno en la actualidad no sólo no está reconociendo las demandas del pueblo mapuche, tales como la autodeterminación y el derecho a sus territorios ancestrales, sino que sigue actuando por la vía de la represión.

Amparado en la legislación anti-terrorista impuesta bajo la dictadura de Augusto Pinochet, el Estado chileno ha encarcelado indígenas mapuches que se manifiestan por sus derechos, siendo que actualmente son más de veinte los presos políticos mapuches

La situación que han venido denunciando las organizaciones chilenas a nivel internacional está bastante alejada del concepto de “milagro” que tanto se ha divulgado en los últimos años.

El año pasado la campaña "Paren de Fumigar" y la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) de Argentina efectuaron su segundo encuentro nacional, y eligieron para llevar adelante esos debates un lugar muy particular.

Las organizaciones de afectados por estos modelos extractivos analizaron algunos de los casos más paradigmáticos de contaminación, y se plantearon algunas alternativas para hallar soluciones.

Las radios comunitarias que han impulsado desde el Movimiento Campesino de Santiago del Esterio (Mocase), se han transformado en una herramienta fundamental en la comunicación y el trabajo de educación política. Pero en los últimos meses estas emisoras alternativas han sufrido una serie de atentados.

Además de estas amenazas, las comunidades campesinas del norte de Argentina sufren el desmonte que llevan adelante las empresas sojeras.

Desde abril de 2008, vecinos del partido bonaerense de Lomas de Zamora, alertados por la inminente venta de una parte del predio "Santa Catalina", uno de los últimos humedales de la zona sur de la provincia, comenzaron a movilizarse, organizar bicicleteadas y jornadas culturales con el objetivo de defender 400 años de historia de naturaleza única, amenazada por intereses inmobiliarios privados y por los impactos contaminantes de vertederos clandestinos de residuos.

Los "Vecinos en Defensa de Santa Catalina" han realizado concentraciones frente al municipio para evitar la rezonificación del espacio verde, lo que de ocurrir permitiría el desarrollo de los emprendimientos cuestionados por los pobladores.

El predio, considerado hoy un "Espacio Verde Público", es administrado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y cuenta con una superficie aproximada de 650 hectáreas, amplia variedad de ambientes, especies de flora y fauna nativa, laguna, bosque y áreas de parque con edificaciones históricas. Por su extensión, equivale a 10 veces la cantidad de los espacios verdes y plazas restantes de Lomas de Zamora.

Las industrias extractivas, en su mayoría en manos de capitales trasnacionales, están provocando graves impactos en toda la región andina de América del Sur. Las organizaciones de base y los grupos de afectados han denunciado en muchos ámbitos internacionales los daños ocasionados por las corporaciones mineras.

En el caso de Perú, por ejemplo, la resistencia de las comunidades se hace especialmente cuesta arriba como consecuencia de las políticas que lleva adelante el presidente Alan García.

Benito representa a la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y también a la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), uno de los grupos que denuncia desde hace muchos años lo que está sucediendo con la expansión de la minería.

Pero sin embargo, y a pesar de que las evidencian son contundentes, las concesiones por parte del gobierno vanzan, y cada vez hay menos criterios al momento de entregar los territorios a capitales privados.

En abril del año pasado tres ambientalistas de la zona de Famatina y un documentalista fueron agredidos por personal de la minera Barrick Gold y funcionarios de la Secretaría de Minería provincial que intentaban cruzar el bloqueo que mantienen las asambleas.

A raíz de eso, Carina Moreno fue detenida acusada del "entorpecimiento de servicios públicos". A pesar de estas represalias, los vecinos autoconvocados siguen con sus reclamos en defensa de las fuentes de agua de toda la región.

A mediados de 2008 una movilización de corteros de caña paralizó la mitad de los ingenios del Valle del Cauca para reclamar una instancia de negociación mínima del precio que el ingenio paga por tonelada cortada.

También para poder tener acceso al control de las balanzas que siempre se inclinaban a favor del patrón y tener garantes -como la Iglesia entre otros- de que esas condiciones se cumplieran.

Uno de los trabajadores que participó en esos reclamos fue Carlos Humberto Pesillos, cortero de caña desde siempre.

Pasan los años y los atropellos continúan, ante la falta de respuestas de las autoridades de gobierno.

Se estima que Guatemala cerrará el año 2009 con 850 mil pobres más viviendo en su territorio que el año anterior. Los datos estadísticos se dan de bruces con quienes defienden el actual modelo productivo como una forma de alcanzar el desarrollo.

Las comunidades guatemaltecas que defienden sus territorios han impulsado un proceso de consultas comunitarias para rechazar la presencia de las trasnacionales, y para defender bosques, aguas y siembras.

Desde esta perspectiva, las comunidades son los actores directos en un ejercicio democrático positivo, que busca frenar la destrucción de la Madre Naturaleza.

Este año la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) ha recibido críticas por parte de vecinos que reclaman cloacas y plantas de tratamiento de efluentes. La región padece una grave crisis sanitaria y ambiental considerada histórica por las organizaciones sociales.

Lomas de Zamora integra la cuenca del Río Matanza-Riachuelo, una zona donde las asambleas vecinales denuncian que casi 3 millones de personas no tienen cloacas y muchas otras carecen de redes de agua potable. Los cursos de agua reciben a diario desechos industriales, plaguicidas y herbicidas.

Además, afirman que el alto grado de contaminación hace que la población, incluidos los niños, esté enferma, y que se viva en una situación «muy crítica» a nivel sanitario.

Son 26 familias las familias de pequeños productores agrícolas que denuncian las operaciones de persecución que viene realizando el Escuadrón 5 de Gendarmería Nacional (GN) para quedarse con sus tierras, unas 100 hectáreas donde producen el sustento del cual viven y en las que la GN buscaría construir viviendas para un destacamento cercano.

Los campesinos fueron presionados a firmar un acta en la que reconocerían ser ocupantes ilegales de las tierras, pero se negaron a hacerlo. De la resistencia que llevan adelante depende, en gran medida, su futuro.

La Gendarmería ha llevado adelante una serie de atropellos, al punto que ya han incursionado en los territorios.

Cerca de la frontera argentina con Bolivia, a 550 km de la ciudad capital de la provincia de Salta, familias originarias mantuvieron cortes de ruta este año reclamando mejoras sanitarias, títulos territoriales y trabajo para los más jóvenes.

Las tierras indígenas se encuentran en una zona petrolera atravesada por gasoductos, y allí viven una situación alarmante provocada por la desnutrición y los focos infecciosos generados por cloacas rotas. A pesar de haber presentado númerosos proyectos productivos para poder mejorar sus condiciones de vida, aún no han obtenido respuesta de las autoridades provinciales.

A eso se suma el pedido de la comunidad de San Juan Sacatepéquez para que la empresa cementera Holcim-Cementos Progreso abandone sus territorios.

La compañía de capitales suizos pretende instalar una planta que estaría funcionando a partir de 2012, y que tendría un costo aproximado a los 600 millones de dólares, y a eso se suman los impactos ambientales de otras actividades como la reforestación con eucaliptos y la minería.