|
En un día histórico, más del 60% de la
población uruguaya apoyó la Reforma
Constitucional en Defensa del Agua,
convirtiendo al agua en un derecho humano
constitucionalmente establecido y
estableciendo las bases para su manejo
exclusivamente público, participativo y
sostenible.
Este referendo fue promovido por la
Comisión en Defensa del Agua y de la Vida
(CNDAV) . La comisión fue creada en el 2002
en respuesta a la firma de la Carta de
Intención entre el gobierno uruguayo y el
Fondo Monetario Internacional (IMF) en donde
se comprometía a extender la privatización de
los servicios de agua potable y saneamiento a
todo el país.
Las privatizaciones comenzaron el el
departamento de Maldonado, primero con la
presencia de la compañía multinacional
francesa Suez Lyonnese Des Aux y luego con la
española Aguas de Bilbao.
Al igual que la mayoría de las
privatizaciones llevadas a cabo el año
pasado, estos procesos han tenido
consecuencias negativas.
Desde el punto de vista social, a grandes
sectores se les impidió el acceso al agua
potable por no poder cubrir los costos del
servicio, lo cual disminuyó en gran medida la
calidad de los servicios si se les compara
con los anteriormente ofrecidos por la
compañía estatal OSE.
Las condiciones del servicio fueron de tan
baja calidad que los organismos de control de
calidad giraron la recomendación de no
consumir el agua ya que ésta no cumplía con
los estándares mínimos de calidad.
Con respecto a las consecuencias
económicas, el "negocio" le resultó realmente
malo al estado uruguayo. No sólo las
compañías no cumplieron con los cronogramas
establecidos en los contratos, sino que
tampoco pagaron los montos acordados. Esto
llevó a que se solicitara una reconsideración
contractual ante el Estado, el cual tuvo que
asumir las pérdidas en todos los casos.
En cuanto a las consecuencias ambientales,
la compañía Aguas de la Costa (una
subsidiaria de Suez) fue responsable por el
dragado de la Laguna Blanca, la cual se solía
utilizar como una fuente para potabilizar.
Debido a ello, los vecinos del departamento
de Maldonado demandaron a la compañía por
daños ambientales.
el agua ante todo
La victoria del plebiscito del agua fue
verdaderamente una victoria social. CNDAV
está compuesta por una gran gama de
organizaciones sociales y políticas quienes
se oponen al concepto de la mercantilización
del agua.
Entre los miembros fundadores se
encuentran las organizaciones de vecinos
FFOSE (el sindicato de la compañía estatal
del agua) y REDES-ADT (Amigos de la Tierra
Uruguay). Luego de su establecimiento, la
comisión se fue ampliando hasta incluir al
partido socialista mayoritario Frente Amplio
(ganador de las elecciones presidenciales del
31 de octubre) y a un sector del partido
nacionalista.
A pesar de este apoyo político, el
plebiscito del agua fue secundario en las
agendas políticas y de los medios de
comunicación. Asimismo, las compañías
privadas, otros sectores tales como las
compañías embotelladoras, y sectores
comerciales conservadores (como los
arroceros, silvicultores y hacendados)
llevaron a cabo un cabildeo muy fuerte contra
la reforma.
Durante los nueve meses anteriores a la
campaña, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) comenzó un debate público con CNDAV,
negando cualquier imposición al gobierno
uruguayo y negando responsibilidad alguna con
respecto al contenido de la Carta de
Intención del 2002.
El trabajo se basó en las comunidades de
base, lo cual transmitió el espíritu y el
contenido de los artículos propuestos y
eventualmente logró la Reforma
Constitucional,
El resultado favorable del plebiscito abre
las puertas al diseño de una política hídrica
basada en una visión del agua como un bien
común, a ser manejada públicamente y con
criterios de participación social y
sostenibilidad.
|
