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La mina Yanaconda, operada por la Newmont Mining Company, es la mina de oro más grande de Latino América y la segunda más grande del mundo.

Las organizaciones comunales consideran el comunicado del Ministerio del 16 de septiembre como una gran victoria en su larga lucha por proteger los mantos acuíferos del monte Quilish. “Este acto es histórico ya que el pedido justo del pueblo ha sido escuchado por las autoridades. La lucha por la defensa de nuestros derechos no para aquí; ahora tenemos la oportunidad de comenzar a construir una historia democrática bajo el marco del diálogo y el acuerdo," declaró la organización comunal GRUFIDES, una de las organizadoras de la protesta.  

No obstante, la gente de la localidad está dispuesta a ponerse nuevamente en acción y han prometido volver a bloquear calles y carreteras si el Monte Quilish no es declarado una zona libre de actividad minera dentro de los próximos dos meses.

El acuerdo firmado por los organizadores de la protesta y por el Ministro de Energía y Minas establece que la compañía Newmont tendrá que contar con el consentimiento de la comunidad si desea continuar su actividad de extracción de oro en el Monte Quilish. Asimismo, tendrá que financiar un estudio hidrológico independiente para determinar los impactos que la minería tendría en la cantidad y calidad del agua en Cajamarca.

Ahora es el momento indicado para presionar a Newmont y a la Corporación Financiera Internacional, quien posee el 5 % de las acciones de Yanacocha, para que reconozcan formalmente el derecho de las comunidades locales al "consentimiento libre, previo e informado." Las comunidades afectadas por actividades mineras alrededor del mundo están exigiendo este derecho.

Tú puedes utilizar la página web de la campaña contra el oro sucio: No Dirty Gold para enviar tu mensaje a Newmont y a la IFC : http://actionnetwork.org/campaign/cerroquilish

más información en la página : http://globalresponse.org/

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lee la historia sobre la mina de yanacocha

solidaridad internacional con tambogrande

La amenaza de un proyecto minero en el valle agrícola más rico del país y la violación de derechos humanos

Tambogrande, uno de los valles agrícolas más ricos del Perú, ubicado al noreste de la provincia de Piura, con una población estimada en 72,736 habitantes de la cual la mayor parte es joven y rural, vive en la actualidad uno de los conflictos más importantes de su historia que amenaza la sostenibilidad y sustentabilidad de su desarrollo ante la amenaza del ingreso de la actividad minera en la zona por parte de la empresa canadiense Manhattan Minerales corporation.

Actualmente el gobierno, a través de la autoridad del sector (Ministerio de Energía y Minas) tiene la última palabra para decidir si aprueba o no el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa minera Manhattan, estudio que tiene serias falencias y cuestionamientos técnicos hechos por expertos independientes. Hasta el momento el gobierno peruano ha hecho caso omiso a la voluntad mayoritaria manifestada por la población tambograndina en la consulta vecinal realizada en junio del 2,002 donde ha rechazado la realización de actividad minera en la zona y ha reafirmado su opción por el modelo de desarrollo agroexportador.

Valor económico del Valle de San Lorenzo
Este fructífero valle representa el 40% de la producción de limón y mango nacional. La exportación de mangos da ingresos por 20 millones de dólares. De ello, se estima una ganancia neta de entre 7 y 10 millones de dólares para los exportadores locales.

San Lorenzo y Tambogrande exporta sólo el 40% de su producción de mango y el 5% de su producción de limón, lo que supone un enorme potencial para ofertar internacionalmente sus productos.

La producción de alimentos agrícolas anuales es de más de 400 mil toneladas, dando Tambogrande empleo a no menos de 15,000 trabajadores agrícolas directos frente a los 500 puestos de trabajo que ofrece la empresa minera de ingresar a la zona. El valor económico en riesgo del valle por la actividad minera es de $ 2153 millones.

Los US$ 33 millones de ingreso neto promedio anual logrado actualmente por los agricultores y trabajadores agrícolas en el Valle de San Lorenzo sería 4 veces superior al monto total conformado por el ingreso que recibiría el Estado por impuestos y el correspondiente al total de las remuneraciones que percibirían los trabajadores de la empresa minera, sin contar que una vez recibido el ingreso por impuestos, el Estado no garantiza el retorno sino una parte muy reducida a través de los gobiernos locales, sin llegar a las comunidades campesinas. El ingreso neto del valle es más de 30 veces la suma de lo que se percibiría como canon más el que recibiría los trabajadores locales de la empresa minera.

Irregularidades en la concesión minera:
Durante el gobierno de Alberto Fujimori (1999), se autorizó mediante Decreto Supremo (N° 014-99-EM) el otorgamiento de derechos mineros en esta zona a la empresa Manhattan Minerals Corp, poniendo en riesgo con ello el éxito logrado en el valle y un futuro promisorio.

Este Decreto Supremo violenta el sistema jurídico nacional, al ir contra leyes y contra procedimientos constitucionales (artículo 5 de la Ley 25284, artículo 1 y 2 de la ley 27015, artículo 4 de la ley 26505 y su Reglamento y artículo 71 de la Constitución). Además contradice los principales enunciados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Contradice abiertamente el sentir de la población y de las autoridades locales que se encuentran satisfechos con los resultados obtenidos hasta el momento, aunque, por supuesto, con la expectativa de superar sus metas actuales.

A esto se suma que el Estudio de Impacto Ambiental sobre el que se determinan si procede o no el proyecto minero es realizado por al propia empresa que interesada en ejecutar el proyecto, lo que no garantiza imparcialidad ni confianza.

Amenazas del proyecto minero y la violación de derechos humanos de la población:

• El proyecto minero está ubicado en el epicentro del Fenómeno de El Niño, en donde las lluvias son torrenciales, haciendo de las canchas de relave y el tajo abierto una amenaza constante de contaminación.
• El proyecto minero competiría con la agricultura por el recurso del agua, que de por si ya es escaso en la zona. Además la geología del área permitiría una rápida y peligrosa formación de ácidos que afectaría la calidad del agua superficial y subterránea. En estos dos casos la agricultura resultaría perjudicada.
• Se afectaría la zona urbana del distrito, teniendo que desalojarse aproximadamente a 1,500 familias violándose su derecho a la vivienda e incumpliéndose la normatividad nacional vigente que prohibe que se afecte o dañe al pueblo.
• La contaminación afectaría la agroexportación de frutos que anualmente representa un ingreso de 20 millones de dólares para los agricultores locales, lo que significaría pérdida de los puestos de trabajo que brinda la agricultura en el Valle que son alrededor de 15,000.
• La población no ha otorgado la licencia social para la realización del proyecto puesto que nunca fue consultada sobre el mismo y más bien haciendo uso de los causes institucionales y democráticos manifestó su opción por el modelo agroindustrial y la no pertinencia en la zona de la actividad minera.

El deficiente Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Manhattan, no hace más que reflejar la falta de argumentos para evitar el daño ambiental en la zona que se produciría afectando los derechos humanos de la población consagrados en la Constitución Política del Estado y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos como la Convención Interamericana de DDHH, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Los dirigentes populares del Frente de Defensa de Tambogrande son continuamente amenazados, agredidos por agentes de la empresa minera y hostilizados a través de denuncias policiales, llegándoseles hasta aperturar procesos judiciales a fin de disuadirlo de continuar en la defensa del Valle. En abril del año 2,001 ya fue asesinado el Presidente del Frente de Defensa del Valle, el Ingeniero Godofredo García Baca, quien recibía continuas amenazas, los pobladores responsabilizan a la empresa minera de esta muerte.

El Ministerio de Energía y Minas ya ha programado las Audiencias Públicas para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (5,6, y 7 de noviembre), esto constituye casi la última etapa para que el gobierno decida la procedencia o no del proyecto en la zona. El Estado peruano tiene el 20 % de acciones en este proyecto minero, constituyéndose en juez y parte. La población que ha buscado por todos todos los causes institucionales ser escuchada ha manifestado democráticamente en la Consulta Vecinal realizada en junio del 2,002 su rechazo a la actividad minera en la zona reafirmando su opción por el modelo de desarrollo agroindustrial, y no considera razonable que se violenten sus derechos y que se cambie su opción de desarrollo que posibilita un futuro sostenible y sustentable a sus hijos. Por ello las organizaciones de derechos humanos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (coalición que agrupa a 61 organismos de derechos humanos en el país), otras organizaciones de derechos humanos y ambientalistas colabora y acompaña al pueblo de Tambogrande en la defensa de sus derechos humanos amenazados

Así mismo diversas organizaciones y redes internacionales como Amnistía Internacional, Rights and Democracy de Canadá, Misión Belén de Suiza y el Parlamento de Barcelona, se han pronunciado invocando al gobierno peruano que respete la decisión del pueblo de Tambogrande. Hacemos un llamado a otras redes, organizaciones y líderes políticos comprometidos con la defensa de los derechos humanos a que pronuncien y se adhieran a esta justa causa e invoquen al gobierno peruano y a las autoridades competentes que respete la decisión manifestada por la población Tambograndina y desapruebe el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa minera Manhattan y ponga fin a este conflicto, y devuelva con ello tranquilidad y la posibilidad de un futuro sostenible a la población.

Mirtha Allende Area Legal Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - Perú
Miembro de Mesa Técnica de Apoyo a Tambogrande

lea el ATI caso

Sentados sobre oro y plata

Guatemala, Julio 2005

Las nubes de la lluvia se alejan lentamente, cubriendo el valle con el brillo del sol. Escuchamos a Don Delfino, alcalde de este pueblo en las montañas del oeste de Guatemala. El nos habla del último conflicto local.

”Nosotros teníamos un acuerdo con el otro pueblo” dice señalando al norte. “Ellos viven cerca de la fuente y siempre compartieron su agua con nosotros. Pero ahora ellos piensan que nosotros estamos a favor de la mina y nos han cerrado el paso. Ahora nuestras niñas tienen que caminar largas distancias para conseguir el agua en otras partes."

Don Delfino mira el valle mientras habla. Sólo a unos pocos metros de donde estamos hay una nueva cerca. De ese punto en adelante, el valle pertenece ahora a Montana, una corporación canadiense de minería de oro. Por donde se mire se ven las señales de preparación de actividades mineras. Hay estanques, áreas de lixiviación, caminos, montañas señaladas para ser derrumbadas. Oímos camiones subiendo y bajando mientras la maquinaria pesada hace un fuerte ruido. De acuerdo con Don Delfino, estos trabajos se hacen de día y de noche. La mayoría de los trabajadores vienen de México y Honduras. Algunos trabajadores locales también encontraron trabajo con la compañía y eso es bueno. Pero, dice, sus contratos son sólo por unos pocos meses, mientras la mina es construida y comienza a funcionar. Nadie sabe realmente que pasará después de eso.

El valle verde es bellísimo y un río lo atraviesa calmadamente. La gente cultiva maíz y fríjoles o pastorea algunos animales. El analfabetismo es alto y el cuidado en salud casi inexistente. Mientras estábamos allá se abrió un puesto de salud para consultas, pero mal dotado. Los caminos de subida al pueblo son terribles y nos sentimos un poco mareados después de recorrerlos. Avisos a lo largo del camino indican que el Banco Mundial está financiando las mejoras de los caminos que también conducen a la mina de oro de Montana.

La minería entra a Guatemala

Hace un par de años, Montana, una subsidiaria de Glamis Gold de Canadá, compró concesiones en este valle. Como muchas otras compañías extranjeras, esta empresa considera ahora a Guatemala como un espacio atractivo y seguro. Una razón para ello son los acuerdos de paz firmados en 1996 que dieron por terminados treinta años de guerra civil. Esta trajo la muerte y el miedo a centenares de miles de indígenas y no indígenas guatemaltecos y aun está muy presente en la sociedad actual.

Otra razón para que las compañías extranjeras incrementen su interés en Guatemala es la existencia de rigurosos programas de reforma económica que los donantes de ayuda impusieron al país. Las reducciones de impuestos y la desregulación fueron políticas formuladas para crear un 'clima favorable a la inversión' y Guatemala ahora está inundada con concesiones de explotación minera. Sin embargo estas medidas favorecen a las compañías y de nuevo los ciudadanos del común salen perdiendo.

La experiencia enseña que el desarrollo de la minería tiene profundos impactos en el medio ambiente y puede transformar las estructuras sociales no siempre para mejorar. El oro y la plata de Guatemala van a extraerse mediante el derrumbe de montañas enteras y mediante la lixiviación con tóxicos tales como mercurio y cianuro. Incluso en pequeñas cantidades estas sustancias pueden ser fatales para plantas, ganado y seres humanos; además este proceso requiere grandes cantidades de agua, que será tomada de ríos y bombeada de acuíferos subterráneos. Esto hará que sea aun más difícil para los habitantes locales el acceso al agua para regar sus cultivos, levantar su ganado y para el uso en sus hogares. Muchas personas perderán su sustento como resultado de la actividad minera. Los trabajos creados por las minas no compensarán eso porque la tecnología que se usará es muy costosa y sólo se crearán unos pocos empleos permanentes, principalmente para especialistas. Pero la gente generalmente no sabe eso y muchos se reunirán en el área de las minas esperando encontrar trabajo. En la mayoría de los países mineros esto genera toda suerte de dificultades incluso rivalidades, prostitución y enfermedades de transmisión sexual.

La mina de Montana

El Banco Mundial está apoyando la mina de oro de Montana en el departamento de San Marcos con $45 millones de dólares y con mucha benevolencia política. Afirma que el desarrollo de la mina generará rentas y empleo. La realidad sin embargo es que sólo se crearán 150 empleos estables, la mayoría de ellos para empleados calificados. Además, la corporación hizo un trato con el gobierno guatemalteco que implica que únicamente el 1% de los ingresos permanecerán en Guatemala. En otras palabras, el 99% de las ganancias de la mina irán al bolsillo de la corporación canadiense. Los habitantes locales probablemente no verán nunca nada de esto.

En el pueblo de don Delfino no hay aun señales de los efectos de la mina, puesto que sus operaciones aun no han empezado. Sin embargo, los problemas ya están surgiendo y no solamente con el pueblo vecino. Desde que la compañía se mudó los precios del agua se elevaron súbitamente. Don Delfino explica que el costo del uso de una fuente de agua era de 300 quetzales (cerca de 30 euros), y ahora es de 1000 quetzales. Es una simple cuestión de precio y demanda, y la mina demanda mucha agua.

La compañía también está comprando tierras "ellos nos ofrecen 4000 quetzales por la cuerda (aproximadamente 300 hectáreas), que es mucho dinero y muchos de nosotros felices aceptamos. Pero no nos damos cuenta de que tendremos que pagar cinco veces la misma suma por un pedazo de tierra similar en otros lugares", dice Don Delfino.

Algunas personas no se quieren mudar. Pero la compañía ha dicho que no se responsabilizará si quienes permanezcan en la zona tienen problemas con la tierra o con el agua como resultado de las operaciones de la mina.

La oposición a la mina está aumentando. En enero de este año, los habitantes locales bloquearon un camino usado por los camiones de materiales de construcción de la mina. La protesta se salió del control cuando el ejército fue llamado y uno de los campesinos murió. En vez de atender estos disturbios, el Banco Mundial le dio a la corporación la última parte del préstamo. En abril el obispo católico Ramazzini de San Marcos y dos miembros de la sociedad civil se reunieron con miembros de la junta del Banco Mundial en Washington. Pidieron al Banco y a la compañía suspender las operaciones hasta que los problemas fueran resueltos. Explicaron cómo conflictos mayores podían tener consecuencias peligrosas en el contexto guatemalteco. Pero la construcción de la mina continuó sin cambios.

El concejo del pueblo de la comunidad de Sipacapa, cerca de la mina decidió entonces celebrar un referéndum municipal como medio pacifico y democrático de expresar su opinión. El llamado a un referéndum está establecido legalmente en el derecho de la constitución guatemalteca. Aun más, Guatemala con una población indígena superior al 80% firmó la convención de la Organización Internacional del Trabajo, la cual le da a los pueblos indígenas el derecho a determinar qué pasa en sus tierras y recursos. Además, al Banco Mundial no le corresponde la financiación de las operaciones de la mina que no tengan un amplio apoyo de la comunidad, lo cual es exactamente lo que el referéndum iba a precisar.

El referéndum de Sipacapa recibió amplio apoyo y solidaridad internacional y fue realizado en junio de 2005. Una abrumadora mayoría votó en contra del desarrollo de la mina de hoyo abierto. En Perú, un referéndum semejante sobre una mina de oro en 2002 fue reconocida por la compañía minera involucrada, la cual se retiró del país. Pero en Guatemala, Montana arrastró a la comunidad Sipacapa a una corte de distrito que falló a favor de la corporación.

La decisión indica que el concejo de Sipacapa no tiene la potestad para decidir sobre aspectos relacionados con trabajos subterráneos. El vice ministro guatemalteco de minas, Sr. García expresó que los resultados del referéndum "… no son válidos y su falta de piso legal (…) afecta los derechos de Montana".

El municipio de Sipacapa actualmente está apelando a la decisión con una prescripción de la corte constitucional del país. Entre tanto, las comunidades vecinas están organizando y preparando un referendo similar.

Aquí estamos

Estas noticias también llegaron al pueblo de Don Delfino, unas millas más arriba. Su gente no está segura aun de querer el referéndum. Cerca de la clínica hay una aviso con el nombre del pueblo, listo a ser instalado. Lleva el logo de Montana y dice que el pueblo es el corazón del oro y la plata'. Don Delfino se encoge y dice "aquí estamos, la mina nos dice que no tendrá impactos negativos o contaminación. Veremos si es verdad."

Antes de iniciar el regreso, paramos a tomar algo en una tienda local. Es difícil no notar el aviso de Montana cerca de la caja de la tienda. Ofrece un boletín de noticias, un anuncio de radio y fotos bonitas. La mina nos beneficiará a todos, dice. Y en caso de que haya preguntas, cualquiera puede llamar o enviar un correo electrónico a Montana. Lentamente acabamos nuestros jugos de fruta y dudamos acerca de estas afirmaciones.

Janneke Bruil, Amigos de la Tierra Internacional

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