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solidaridad internacional con
tambogrande
La amenaza de un proyecto minero en el
valle agrícola más rico del país y la
violación de derechos humanos
Tambogrande, uno de los valles agrícolas
más ricos del Perú, ubicado al noreste de la
provincia de Piura, con una población
estimada en 72,736 habitantes de la cual la
mayor parte es joven y rural, vive en la
actualidad uno de los conflictos más
importantes de su historia que amenaza la
sostenibilidad y sustentabilidad de su
desarrollo ante la amenaza del ingreso de la
actividad minera en la zona por parte de la
empresa canadiense Manhattan Minerales
corporation.
Actualmente el gobierno, a través de la
autoridad del sector (Ministerio de Energía y
Minas) tiene la última palabra para decidir
si aprueba o no el Estudio de Impacto
Ambiental presentado por la empresa minera
Manhattan, estudio que tiene serias falencias
y cuestionamientos técnicos hechos por
expertos independientes. Hasta el momento el
gobierno peruano ha hecho caso omiso a la
voluntad mayoritaria manifestada por la
población tambograndina en la consulta
vecinal realizada en junio del 2,002 donde ha
rechazado la realización de actividad minera
en la zona y ha reafirmado su opción por el
modelo de desarrollo agroexportador.
Valor económico del Valle de San
Lorenzo
Este fructífero valle representa el 40% de
la producción de limón y mango nacional. La
exportación de mangos da ingresos por 20
millones de dólares. De ello, se estima una
ganancia neta de entre 7 y 10 millones de
dólares para los exportadores locales.
San Lorenzo y Tambogrande exporta sólo el
40% de su producción de mango y el 5% de su
producción de limón, lo que supone un enorme
potencial para ofertar internacionalmente sus
productos.
La producción de alimentos agrícolas
anuales es de más de 400 mil toneladas, dando
Tambogrande empleo a no menos de 15,000
trabajadores agrícolas directos frente a los
500 puestos de trabajo que ofrece la empresa
minera de ingresar a la zona. El valor
económico en riesgo del valle por la
actividad minera es de $ 2153 millones.
Los US$ 33 millones de ingreso neto
promedio anual logrado actualmente por los
agricultores y trabajadores agrícolas en el
Valle de San Lorenzo sería 4 veces superior
al monto total conformado por el ingreso que
recibiría el Estado por impuestos y el
correspondiente al total de las
remuneraciones que percibirían los
trabajadores de la empresa minera, sin contar
que una vez recibido el ingreso por
impuestos, el Estado no garantiza el retorno
sino una parte muy reducida a través de los
gobiernos locales, sin llegar a las
comunidades campesinas. El ingreso neto del
valle es más de 30 veces la suma de lo que se
percibiría como canon más el que recibiría
los trabajadores locales de la empresa
minera.
Irregularidades en la concesión
minera:
Durante el gobierno de Alberto Fujimori
(1999), se autorizó mediante Decreto Supremo
(N° 014-99-EM) el otorgamiento de derechos
mineros en esta zona a la empresa Manhattan
Minerals Corp, poniendo en riesgo con ello el
éxito logrado en el valle y un futuro
promisorio.
Este Decreto Supremo violenta el sistema
jurídico nacional, al ir contra leyes y
contra procedimientos constitucionales
(artículo 5 de la Ley 25284, artículo 1 y 2
de la ley 27015, artículo 4 de la ley 26505 y
su Reglamento y artículo 71 de la
Constitución). Además contradice los
principales enunciados del Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
Contradice abiertamente el sentir de la
población y de las autoridades locales que se
encuentran satisfechos con los resultados
obtenidos hasta el momento, aunque, por
supuesto, con la expectativa de superar sus
metas actuales.
A esto se suma que el Estudio de Impacto
Ambiental sobre el que se determinan si
procede o no el proyecto minero es realizado
por al propia empresa que interesada en
ejecutar el proyecto, lo que no garantiza
imparcialidad ni confianza.
Amenazas del proyecto minero y la
violación de derechos humanos de la
población:
-
El proyecto minero está ubicado en el
epicentro del Fenómeno de El Niño, en donde
las lluvias son torrenciales, haciendo de
las canchas de relave y el tajo abierto una
amenaza constante de contaminación.
-
El proyecto minero competiría con la
agricultura por el recurso del agua, que de
por si ya es escaso en la zona. Además la
geología del área permitiría una rápida y
peligrosa formación de ácidos que afectaría
la calidad del agua superficial y
subterránea. En estos dos casos la
agricultura resultaría perjudicada.
-
Se afectaría la zona urbana del
distrito, teniendo que desalojarse
aproximadamente a 1,500 familias violándose
su derecho a la vivienda e incumpliéndose
la normatividad nacional vigente que
prohibe que se afecte o dañe al
pueblo.
-
La contaminación afectaría la
agroexportación de frutos que anualmente
representa un ingreso de 20 millones de
dólares para los agricultores locales, lo
que significaría pérdida de los puestos de
trabajo que brinda la agricultura en el
Valle que son alrededor de 15,000.
-
La población
no ha otorgado la licencia social para la
realización del proyecto puesto que nunca
fue consultada sobre el mismo y más bien
haciendo uso de los causes institucionales
y democráticos manifestó su opción por el
modelo agroindustrial y la no pertinencia
en la zona de la actividad minera.
El deficiente Estudio de Impacto Ambiental
presentado por la empresa Manhattan, no hace
más que reflejar la falta de argumentos para
evitar el daño ambiental en la zona que se
produciría afectando los derechos humanos de
la población consagrados en la Constitución
Política del Estado y en los Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos como la
Convención Interamericana de DDHH, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales.
Los dirigentes populares del Frente de
Defensa de Tambogrande son continuamente
amenazados, agredidos por agentes de la
empresa minera y hostilizados a través de
denuncias policiales, llegándoseles hasta
aperturar procesos judiciales a fin de
disuadirlo de continuar en la defensa del
Valle. En abril del año 2,001 ya fue
asesinado el Presidente del Frente de Defensa
del Valle, el Ingeniero Godofredo García
Baca, quien recibía continuas amenazas, los
pobladores responsabilizan a la empresa
minera de esta muerte.
El Ministerio de Energía y Minas ya ha
programado las Audiencias Públicas para la
presentación del Estudio de Impacto Ambiental
(5,6, y 7 de noviembre), esto constituye casi
la última etapa para que el gobierno decida
la procedencia o no del proyecto en la zona.
El Estado peruano tiene el 20 % de acciones
en este proyecto minero, constituyéndose en
juez y parte. La población que ha buscado por
todos todos los causes institucionales ser
escuchada ha manifestado democráticamente en
la Consulta Vecinal realizada en junio del
2,002 su rechazo a la actividad minera en la
zona reafirmando su opción por el modelo de
desarrollo agroindustrial, y no considera
razonable que se violenten sus derechos y que
se cambie su opción de desarrollo que
posibilita un futuro sostenible y sustentable
a sus hijos. Por ello las organizaciones de
derechos humanos como la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos del Perú
(coalición que agrupa a 61 organismos de
derechos humanos en el país), otras
organizaciones de derechos humanos y
ambientalistas colabora y acompaña al pueblo
de Tambogrande en la defensa de sus derechos
humanos amenazados
Así mismo diversas organizaciones y redes
internacionales como Amnistía Internacional,
Rights and Democracy de Canadá, Misión Belén
de Suiza y el Parlamento de Barcelona, se han
pronunciado invocando al gobierno peruano que
respete la decisión del pueblo de
Tambogrande. Hacemos un llamado a otras
redes, organizaciones y líderes políticos
comprometidos con la defensa de los derechos
humanos a que pronuncien y se adhieran a esta
justa causa e invoquen al gobierno peruano y
a las autoridades competentes que respete la
decisión manifestada por la población
Tambograndina y desapruebe el Estudio de
Impacto Ambiental presentado por la empresa
minera Manhattan y ponga fin a este
conflicto, y devuelva con ello tranquilidad y
la posibilidad de un futuro sostenible a la
población.
Mirtha Allende Area Legal Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos - Perú
Miembro de Mesa Técnica de Apoyo a
Tambogrande
lea el ATI caso
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