audiencia publica sobre el Banco Mundial
DECLARACION
Por petición de la Campaña Europea sobre el Banco Mundial, una Audiencia Publica fue convocada el 15 de octubre en La Haya, Países Bajos, bajo los auspicios del Tribunal Permanente de los Pueblos para proveer un foro que evalúe el desempeño del Banco Mundial en los últimos 15 años.
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en continuidad con el Tribunal Russell y apoyado por la Fundación Lelio Basso, tiene el objetivo de ofrecer un perfil público y cualificación jurídica a las violaciones de derechos fundamentales que no han sido atendidos apropiadamente a nivel institucional. El TPP basa sus acciones en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos proclamada en Argelia en 1976.
El TPP sostuvo sesiones en Berlín en 1988 y en Madrid en 1994 para evaluar las actividades y el papel que ha jugado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional vis-a-vis su impacto en los derechos de los pueblos. También, se ha realizado otras sesiones que son relevantes al área específica de trabajo y análisis de esta Audiencia, donde se ha discutido los desafíos que presenta una economía globalizada para los derechos de los pueblos y la auto determinación.
La ultima sesión se realizó en Viena, en Mayo de 2006, en el marco del evento Enlazando Alternativas 2, y se enfoco en discutir las responsabilidades de Empresas Transnacionales (ETNs) Europeas en América Latina. Se analizó casos de privatización de servicios públicos y la extracción de recursos naturales. Apuntó a la “complicidad de gobiernos Europeos que apoyan a las ETNs” y al rol de instituciones internacionales como el Banco Mundial, la OMC (la Organización Mundial de Comercio) y el Fondo Monetario Internacional. La última de una serie de Audiencias realizadas por el Capitulo del TPP en Colombia, se enfocó en el sector petrolero, donde se reconoció la relevancia del concepto de deuda ecológica al tratar con las responsabilidades de las corporaciones transnacionales europeas..
A finales de Septiembre de 2007, un Tribunal Independiente de los Pueblos sobre el Banco Mundial se llevó acabo en India. Finalmente, unos días antes de la Audiencia en La Haya, otra sesión del TPP se efectuó en Managua, Nicaragua, en relación a la Compañía Española Unión Fenosa.
La Audiencia Pública en La Haya fue una oportunidad importante para continuar desarrollando nuevos acercamientos al enfoque de acción actual, lo cual se hizo profundizando en el análisis del rol del Banco Mundial en varios países en el Sur Global.
Esta Audiencia ocurrió
el primer día de la Semana Global de Acción sobre la
Deuda y el Banco Mundial, lanzado por una plataforma amplia de ONGs y
movimientos sociales a través del globo, quienes llamaban por
un cambio substancial en las políticas y prácticas del
Banco Mundial, un fin al financiamiento público de proyectos
de combustibles fósiles, un fin a la imposición de
condiciones estrictas que en vez de aliviar la pobreza aumentan el
empobrecimiento, y un compromiso por parte de los gobiernos para
lanzar auditorias públicas sobre deuda externa. Se desarrolló
a lo largo de dos áreas de trabajo, por una parte las
consecuencias humanas, sociales y ambientales del Banco Mundial al
imponer condiciones económicas y políticas, y por otra
parte, en el rol del Banco al apoyar el uso y extracción de
combustibles fósiles.
El panel de expertos fue presidido por Francesco Martone, Senador italiano quien representó al Tribunal Permanente de los Pueblos; Charles Aburge, economista con especialización en desarrollo y director de política y defensa para Christian Aid de Ghana; Maartje Van Putten de los Países Bajos, ex miembro del Panel de Inspección del Banco Mundial; Marcos Arruda, economista con especialización en desarrollo y autor de Brazil, miembro de PACS y del Instituto Transnacional y Medha Patkar, de India, fundadora del Movimiento Salva a Narmada (River Valley) y Coordinador Nacional de la Alianza Nacional de los Movimientos de los Pueblos.
El panel de expertos escuchó los testimonios de:
- Gonzalo Salgado, de la Red de Defensa del Consumidor Nacional (Nicaragua), sobre la liberalización de los servicios de electricidad;
- Collins Magalasi, de Action Aid Malawi, sobre el tema de seguridad alimentaria;
- Temo Tamboura, de CAD Mali, sobre la liberalización del sector de algodón;
- Miguel Palacin de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), sobre las reformas de las leyes de minería en el Perú;
- Svetlana Anasova, del Grupo de Iniciativa Berezovka, Kazakhstan sobre “El petroleo y gas de Karachanak” (como no pudo asistir a la Audiencia, su testimonio fue leído en voz alta);
HALLAZGOS Y RESULTADOS DE LOS TESTIMONIOS
El Banco Mundial nació luego de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir a Europa y con el propósito de crear nuevos mercados, movilizando recursos mientras apoya mediante infraestructura y capacidad productiva. Notablemente luego de la creación de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) se ha reposicionado a favor de la disminución de la pobreza, su meta reconocida, mientras avanza una agenda de mercado de libre comercio mundial a través de prestamos y condiciones. Una historia paralela y no oficial del Banco Mundial revela años de resistencia a nivel local y global por movimientos sociales y comunidades deseosas de reclamar su derecho a la auto-determinación y control sobre sus recursos.
Los testimonios presentados ante el Panel en La Haya indican que las políticas del Banco Mundial han efectivamente erosionado el rol del Estado y del sector público en las ciudades que han recibido prestamos. Sus intervenciones han ido mucho mas lejos del rol limitado que pretendían jugar como agencia prestadora y se adentro en la creación de políticas, creando prioridades, presupuestos y estrategias de planificación en cada sector de acción gubernamental. Esto le ha permitido al Banco generar y forzar un paradigma de desarrollo que esta orientado al mercado y al crecimiento en vez de apuntar a subsanar necesidades humanas básicas mientras alcanza mayor justicia social y ambiental. Sus condiciones de préstamo han llevado a convertir recursos naturales que apoyan la vida, como tierra, comida, aire, semillas y energía, en mercancía.
En el caso de Nicaragua los panelistas escucharon una explicación extensa de los desarrollos en el sector de energía, el cual rápidamente mostró un fracaso en el proceso de privatización de los servicios públicos en cuanto a garantizar acceso completo y amplio a la electricidad para las mayorías pobres del país, mientras genera inmensas ganancias para el monopolio español Unión Fenosa. Al mismo tiempo crea deudas para el Estado y tarifas altas para la población.
En el
caso de Mali, la
presentación recalcó que Mali fue forzado a privatizar
el sector del algodón para poder cumplir con las condiciones
del Banco Mundial con el propósito de recibir una reducción
de su deuda de 70 millones de dólares y ser elegible para la
Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE).
Como resultado, de acuerdo con los testigos, los precios del algodón
se liberalizaron. La consecuencia fue un disminución de los
precios del algodón por un 20%, cuando el algodón era
la principal fuente de ganancias para el país. Es
significantivo para los panelistas que los programas del Banco
Mundial en Mali coincidieron con las negociaciones sobre la
liberalización del algodón en la OMC.
El Panel notó las observaciones hechas por los testigos en cuanto a como el Banco Mundial está imponiendo condiciones en países que están negociando un préstamo, dejando muy poco o ningún espacio para que estos países puedan escoger su propio camino hacia el desarrollo. Por lo menos en dos casos, el Panel notó que el acceso a los procesos de reducción de la deuda PPAE estuvo condicionada a la implementación de ajustes estructurales y la liberación de las economías. Por tanto, se produce un círculo vicioso de pago forzado donde se incrementa el volumen de la deuda. Una distribución desigual de recursos y beneficios resultó en un desgaste masivo de los recursos nacionales donde los imperativos se apartan de poder garantizar la reducción de pobreza, equidad distributiva y social e independencia sostenible. En este proceso, los derechos tradicionales, de costumbres, culturales y territoriales de comunidades locales y pueblos indígenas son comprometidos y sacrificados. Convenciones internacionales y coordinadores de las NU como la OIT 169 sobre los derechos de las poblaciones indígenas han sido ignorados o violados.
El panel reconoce la pertinencia que tienen los conceptos de deuda ecológica y deuda social en relación a las consecuencias de este paradigma de desarrollo. A lo que habría que añadir la evidencia que aquí se ha presentando- el caso de Perú y Nigeria en particular- respecto al carácter oneroso e ilegitimo de la deuda externa: deuda adquirida por regimenes dictatoriales, y que ahora son las víctimas de estos regimenes quienes tiene que pagarlas. No obstante, es importante mencionar que el marco legal en el cual se pudiese utilizar los conceptos de deuda ecológica, ilegitima, y onerosa aun necesita mejorar su articulación y desarrollo.
En distintas ocasiones,
el panel tomo nota sobre las menciones acerca de que las violaciones
de los derechos de los pueblos eran resultado directo de la política
del Banco Mundial en relación al proceso de toma de
decisiones. Mas aun, el panel también escucho que este
proceder del Banco Mundial es contrario al principio de
“consentimiento previo e informado” en torno a cualquier política
y/o decisión que pudiese ser de impacto sobre la vida, y
territorio de los afectados.
Por tanto, a través de su consejos de políticas, el Banco ha frustrado el pleno ejercicio de la democracia directa y participativa. Esto ha llevado a que aumente la brecha entre los gobiernos y las personas, y que por consecuencia se desarrolle un espacio político ficticio que ignora y excluye los intereses genuinos de las personas. En este contexto, la imposición de decisiones ya tomadas por autoridades gubernamentales y oficiales radicados en Washington da cuenta de que en muchos casos la soberanía de los parlamentos nacionales ha quedado relegada o incluso negada en este proceder del Banco.
El Panel también escuchó que en casos como los de Malawi, la ruta hacia la justicia social, soberanía alimentaria y seguridad alimentaria radicaba justamente en rechazar las condiciones que imponen el Banco Mundial, es decir, en seguir subvencionando la agricultura y el mercado local al tiempo que se promueve mayor inclusión social. A este respecto, el Panel se enteró de que al parlamento de Malawi se le exigió el cierre forzoso de 400 mercados rurales. Según el testimonio de los testigos presentes, este cierre representó la pérdida de miles de empleos para los agricultores locales quienes se quedaron sin accesos a los mercados. No obstante, más tarde esta decisión se eliminó y los mercados reabrieron. Como consecuencia, se reportó una mejora substancial en la situación alimentaria de las áreas rurales.
En el caso de la minería en el Perú y la extracción de gas y petróleo en Nigeria y Kazakhastan, se demostró el fuerte vínculo que existe entre las prioridades de desarrollo del Banco Mundial, y la consecución de los intereses de compañías transnacionales. Como bien han señalado los testigos, la contaminación que ha seguido estas extracciones de combustibles fósiles ha redundado en la violación del derecho de los pueblos a la salud, al agua, y a tener un medio ambiente limpio y seguro. A pesar de que es evidente la culpabilidad del Banco en lo que respecta a la destrucción ambiental y el aumento en la conflictividad social, el Banco nunca ha otorgado compensación por daños o pérdida de bienestar.
En términos generales, al continuar apoyando el uso y la extracción de combustibles fósiles, y en tanto, el aumento en la emisión de gases de invernadero, vis-a-vis el uso de combustibles renovables y de menor escala, el Banco Mundial ha puesto en tela de duda su compromiso con los acuerdos Post-Kyoto y las tecnologías eco-sustentables. Lo anterior demuestra la “amnesia institucional” de la que sufre el Banco Mundial, puesto que en la Revisión sobre la Industria de Extracción, 2004, publicada por el mismo Banco Mundial se recomienda el que el Banco valla eliminando gradualmente su financiamiento de combustibles fósiles, que implemente el principio de consentimiento previo y que otorgue compensaciones a las comunidades afectadas.
Recomendaciones y
Pasos a Seguir
En base a los testimonios y su propia experiencia y análisis, es la convicción de este panel que:
a. Es urgente seguir construyendo sobre la base de la resistencia local y de alternativas al paradigma dominante de libre-comercio, con miras a fortalecer alianzas y movimientos desde donde confrontar la cultura e ideología del Banco Mundial y al igual su rol económico e influencia política.
b. Los recursos comunesson para el bien común, no para las ganancias de las corporaciones. Por lo tanto, el Banco no debe apoyar- o recomendar- la privatización de recursos comunes y necesarios para la vida tales como los servicios públicos de energía y de agua potable.
c. Se debe realizar una auditoria y/o evaluación del impacto ambiental, social, y económico que ha tenido y esta teniendo el Banco Mundial. La misma deberá ser realizada de forma transparente, oportuna y participativa en donde se incluya a todas aquellas personas que pueden ser directa o indirectamente afectadas por proyectos subvencionados por el Banco Mundial. Más aun, se hace menester una suerte de moratoria sobre aquellos proyectos que han probado ser conflictivos, y que requieren el desarrollo e implantación de una mejor evaluación y la adjudicación de compensaciones adecuadas.
d. Las recomendaciones ofrecidas en el reporte Revisión sobre de la Industria de Extracción 2004- en donde el Banco Mundial hace hincapié en la necesidad de que la toma de decisiones a nivel global sea mucho mas participativa e inclusiva de los actores afectados – mantienen aun su vigencia, y en tanto, deben ser implementadas tanto en letra como en espíritu lo antes posible.
e. Los parlamentos y gobiernos del mundo deben autorizar la realización de auditorias independientes para determinar la responsabilidad histórica, y las implicaciones sociales, económicas y medio ambientales que la deuda externa ha tenido y esta teniendo sobre los derechos, la autodeterminación, y la legitimidad de los reclamos de remuneración de los pueblos. Los parlamentos y los gobiernos deben aprovechar la actual coyuntura de negociaciones en torno a la renovación de la Asociación Internacional de Desarrollo (o IDA por sus siglas en Ingles) para condicionar esta renovación a que el Banco Mundial cambie substancialmente todas las prácticas y condiciones que van dirigidas a promover una agenda de crecimiento económico y de libre-comercio a expensas de la justicia social, económica, y medioambiental.
f. Son inaceptables las violaciones a los convenios y acuerdos de las Naciones Unidas, con o sin financiamiento bilateral y multilateral.
g. Las inversiones y operaciones del Banco Mundial deben respetar los derechos de las comunidades y por tanto basarse exclusivamente en el principio del consentimiento previo e informado de parte de estas comunidades.
Miembros del Panel:
Franceso Martone, presidente
Charles Abugre
Medha Patkar
Marcus Arruda
Maartje Van Putten
