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La minería y la violación de derechos humanos en Argentina

En Argentina, durante el presente año, numerosas poblaciones se ha movilizado en rechazo al modelo minero, algunos de ellos se han manifestado con cortes selectivos en las rutas para detener el avance del modelo extractivista-exportador dentro del país. Sin embargo, dichas manifestaciones han sido reprimidas por la fuerza policial. En diferentes ocasiones los pobladores y activistas han sido golpeados, ultrajados y detenidos por la policía con el beneplácito de los gobiernos provinciales y el nacional. Con el desarrollo de estos emprendimientos mineros, se viola el derecho fundamental al agua, el derecho constitucional a un ambiente sano, pero ahora se observa con preocupación que se encuentran en riesgo además las libertades políticas de los individuos.

Sin lugar a dudas la minería en Argentina se ha convertido durante las dos últimas décadas en un proyecto político de gran envergadura. Argentina no tiene una larga historia minera, ya que la minería, en el siglo XIX y principios del XX, fue incipiente, utilizada para consumo interno, y desarrollada por una industrial nacional naciente. A partir de los años 90, por medio de reformas constitucionales y legislativas, se creó un marco regulatorio y un paraíso fiscal para grandes trasnacionales mineras en el país. Pero desde el año 2004, en donde se construye una mirada más estratégica y planificadora con el Plan Minero Nacional, se impulsa sin precedentes la minería a gran escala sobre todo el territorio nacional. De esta forma, en la actualidad nos encontramos ante una cordillera de los andes altamente amenazada, con más de 600 emprendimientos en ejecución en todo el país y otros más en estado de proyección.

 

Al mismo tiempo que se realizaban las exploraciones y se implementaban los emprendimientos, se construían resistencias en contra de este modelo extractivista-exportador. Muchos de ellos toman la forma de asambleas o vecinos autoconvocados que realizan una fuerte movilización en los territorios. Quizás un caso paradigmático se observa en la lucha de la comunidad de Esquel, que por medio de un plebiscito no vinculante la mayoría de la población le dijo no al proyecto minero de la Meridian Gold. Constituyendo la ley provincial 5001 que prohíbe la explotación minera metalífera y la utilización de cianuro en la provincia de Chubut. Actualmente, esta ley se encuentra en peligro, ya que desde la Legislatura de Chubut amenazan revisar la ley constantemente, y los gobiernos locales alientan a una supuesta “minería responsable”1.

 

Durante este año se realizaron manifestaciones de numerosos pueblos que sufren las consecuencias de este modelo extractivista entre ellos Chilecito (La Rioja), Belén, Fuerte Quemado, Andalgalá, Chaquiago, Tinogasta (Catamarca), Amaicha del Valle (Tucumán). En todas las provincias cordilleranas y algunas del centro (Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Chubut, Mendoza, San Juan, Río Negro, San Luis, Córdoba, Neuquén, Santa Cruz). Es decir, en más de medio país, pueblos se movilizaron o hicieron sentir su rechazo a la mega-minería. Luchas emblemáticas se han convertido nuevamente los cortes selectivos en las rutas para impedir las exploraciones, como el caso del cerro del Famatina, o el paso de camiones con insumos y materiales en explotaciones ya en proceso, como en el territorio de Tinogasta en contra del emprendimiento “Bajo de la Alumbrera", una mina a cielo abierto que lleva más de 15 años. Siendo este proyecto, por el momento, el más grande de minería a cielo abierto en Argentina, ya que se tiene conocimiento de un nuevo proyecto: "Agua Rica", que se considera es tres veces más grande que la Alumbrera, en la misma provincia de Catamarca.

 

Repetidamente, las manifestaciones han sido reprimidas por la fuerza policial. En diferentes ocasiones los pobladores y activistas han sido golpeados, ultrajados y detenidos por la policía. Sin lugar a dudas la represión a los cortes de insumos mineros y manifestantes se ha realizado con el beneplácito del gobierno. Primero, creando un marco legal que permita la criminalización de la protesta, como la Ley Antiterrorista aprobada el 22 de diciembre del 2011, la cual construyó un marco legal para la judicialización de los militantes. En segundo lugar, el gobierno desconoce las exigencias de las asambleas y organizaciones ambientales a través de la descalificación sistemática a los peticionantes como actor político. Recordemos las infortunadas expresiones de Luis Beder Herrera, gobernador de la provincia de la Rioja, y José Luis Gioja, gobernador de la provincia de San Juan, que comparaban a los ambientalistas con el régimen nazi y que pedían se “meta presos” a los manifestantes2. De la misma forma, durante el mes de julio de este año la gobernadora de la provincia de Catamarca, Lucia Corpacci, reclama a la corte de Justicia Provincial acciones para desbaratar el bloqueo de la ruta 60. Y posteriormente, la justicia de Catamarca, representada en la presidenta de la corte, Dra. Amelia Sesto de Leiva declaro: "la cárcel es la única solución para los ambientalistas"2.

 

De forma lamentable, estas palabras se han actualizado en acciones de represión contra las asambleas que han decidido defender sus territorios y tomar las rutas nacionales en una serie de acciones legítimas. Y durante este año se incrementó la cantidad de enfrentamientos de los pobladores con las fuerzas estatales y pro mineras:

 

  • El 26 de enero de este año fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María. Un día después se desató una nueva represión que trajo aparejada la detención de 18 personas más.

  • El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años).

  • El 10 de febrero, a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle. Ese mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta con al menos una veintena de heridos.

  • El 12 de febrero, y durante una semana, el ingreso a Andalgalá estuvo bloqueado para quienes criticaban la mega-minería. Militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) viajaron al lugar y no pudieron ingresar (lo mismo le sucedió a medios de comunicación y asambleístas). El Serpaj denunció a la “patota” de las empresas contratistas ligadas a la minería y a militantes del oficialismo provincial. Diez días se mantuvo el corte.

  • El 13 de febrero allanaron las viviendas de ocho asambleístas de Andalgalá.

  • El 12 de mayo, en Tinogasta, detuvieron y golpearon a asambleístas3.

  • El 20 de Julio, en Cerro Negro Catamarca personal de infantería con la presencia de una patota “pro minera” desalojaron de forma violenta un acampe pacífico y donde un micro con asambleístas fue conducido ilegalmente a fueras de la provincia.

 

Con el desarrollo de estos emprendimientos mineros a cielo abierto, se viola el derecho fundamental al agua que nace en las altas cumbres y de la cual se abastecen todos los pueblos cordilleranos establecidos en áreas semidesérticas. Así como el derecho constitucional a un ambiente sano, como reza el art.41 de la constitución Nacional. Pero ahora se observa con preocupación que se encuentran en riesgo además las libertades públicas: el ejercicio regular del derecho a peticionar ante las autoridades, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho de protesta, el de libertad de prensa y el derecho al disenso, así como la misma integridad física de los manifestantes.

 

Por esta razón, se considera imperioso hacer un llamado a la población civil, a las instituciones de justicia y estatales, a la comunidad internacional a levantar su voz en la defensa de los derechos fundamentales de las personas que ejercen su derecho a peticionar, a protestar, a reunirse, a manifestarse públicamente, a proteger la salud y la vida de los habitantes de las comunidades y cumplen con su obligación de defender al ambiente y la Naturaleza. Una voz que permita acabar una vez por todas las dictaduras mineras que estamos viviendo en Latinoamérica, y construir con todos un espacio público en la pluralidad y en la democracia.

 

Natalia Salvatico y Diego Martinez, Amigos de la Tierra Argentina


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