Vivimos en un mundo que enfrenta múltiples crisis destructivas e interconectadas, tales como la creciente desigualdad, el cambio climático, la pobreza, la contaminación y las violaciones de derechos humanos. Nuestro sistema económico fallido actual perpetúa y exacerba estas crisis.

En los últimos 30 años, el fundamentalismo neoliberal, mediante políticas como la privatización, la liberalización del comercio y la desreglamentación, ha dado prioridad a los intereses empresariales y financieros antes que a las normas ambientales y sociales. Si la economía tiene que ver con la asignación y distribución de recursos escasos, tal como afirman muchos libros de texto de primer año de la universidad, entonces 30 años de aplicación de estas políticas han sido un fracaso. Hemos generado más riquezas que nunca, pero no hemos sido capaces de distribuirlas de manera equitativa, y al no hacerlo estamos destruyendo nuestro hogar compartido.

Necesitamos una nueva economía para el siglo XXI. Para proteger a nuestro frágil planeta, debemos escuchar a las comunidades y los movimientos sociales de todo el mundo que ya están generando soluciones económicas justas y sustentables frente a los desafíos sociales y ambientales. A continuación cinco de ellas:


1. Servicios públicos para todas y todos mediante la justicia fiscal

Desde las clínicas de salud en Sudáfrica, al agua limpia en Uruguay  y el transporte público en Viena, los servicios públicos satisfacen las necesidades de millones de personas en todo el mundo. También dan dinamismo a la actividad económica y por lo tanto pueden tener un papel crucial en el cambio hacia una economía más sustentable.

Para ello, deben garantizar la participación significativa de las comunidades a través de sistemas como los presupuestos participativos, una mayor transparencia, normas ambientales más estrictas en lo que atañe a su funcionamiento y  contrataciones, y acceso universal obligatorio.

Se necesitan políticas fiscales justas y redistributivas para costear estos servicios. En lugar de mayores recortes tributarios, necesitamos más impuestos a las empresas transnacionales, las transacciones financieras, las ganancias de capital y los particulares adinerados.

Los paraísos fiscales les cuestan a los gobiernos cientos de miles de millones de dólares. Salvar a nuestro planeta del calentamiento global es posible, pero se requiere justicia fiscal para financiar las alternativas energéticas necesarias. Por ejemplo, Amigos de la Tierra Internacional calcula que los ingresos que se perderán entre 2015 y 2030 por causa de los paraísos fiscales, alcanzarían para suministrarle a la mitad de la población mundial 100% de energías renovables controladas socialmente.


2. Aumentar el impacto de la propiedad social y el cooperativismo.

En todo el mundo más de mil millones de personas ya son miembros de cooperativas, una parte clave de la economía «social y solidaria», que la Organización Internacional del Trabajo define como un concepto que abarca a las organizaciones que producen bienes, servicios y conocimiento, al tiempo que se proponen objetivos sociales y económicos. La economía solidaria tiene fundamentalmente que ver con reivindicar el control popular de la economía. Sus principios se basan en el poder colectivo, la toma de decisiones democrática, la autonomía de las mujeres, la transparencia, la sustentabilidad, la autogestión y la distribución igualitaria del rédito económico.

Las cooperativas producen y distribuyen a diario millones de bienes y servicios, desde los alimentos que consumimos a los hoteles en los que nos alojamos, las fábricas en las que trabajamos y las cooperativas de crédito en las cuales podemos elegir invertir nuestros ahorros. En Quebec, Canadá, el 10% de toda la actividad económica proviene de la economía solidaria, y en Brasil ha sacado a millones de personas de la pobreza.

Sin apoyo suficiente, estas iniciativas pueden enfrentar dificultades para dejar de ser pequeños proyectos y convertirse en soluciones transformadoras con un impacto social y económico más amplio. Tenemos que garantizar que cuenten con acceso adecuado a financiamiento y marcos reglamentarios favorables, aprendiendo de «ciudades del intercambio» emergentes como Seúl y Ámsterdam.


3. Apoyar los mercados locales y el comercio justo

Los pilares de una sociedad sustentable son las economías locales y regionales vinculadas entre sí a través de relaciones comerciales equitativas. Sin embargo, la liberalización del mercado ha falseado las reglas de juego, fijando normas que favorecen a las empresas multinacionales. Esto ha llevado a una «carrera a la baja» en materia de las normas sociales y ambientales.

Necesitamos un sistema comercial basado en la cooperación, no en la competencia. Las políticas deben permitir a los gobiernos reducir el comercio de productos ambiental y socialmente perjudiciales e incluir «cláusulas de supremacía» que obliguen a los Estados a cumplir con el derecho internacional, así como garantizar que los derechos humanos tengan mayor jerarquía jurídica que los acuerdos comerciales.

Las comunidades y empresas locales reinvierten nuevamente en la economía local una proporción de sus ingresos mucho mayor que las empresas multinacionales. Un estudio realizado por la Universidad de California concluyó que cuando la gente compró los productos que necesitaba en mercados locales de agricultores, en lugar que en los supermercados, el doble del dinero permaneció en la comunidad. Promover la producción local y agroecológica también elimina el transporte innecesario con elevadas emisiones de carbono.

Muchos gobiernos ya reconocen la importancia de las economías locales: los programas «de la granja a la escuela» en Brasil,  Estados Unidos y Francia dan prioridad a los alimentos sustentables producidos a nivel local en las cantinas escolares, mientras que Indonesia está apoyando las economías de las aldeas con un fondo dirigido a mejorar las instalaciones y empresas públicas locales.


4. Crear economías con propósito  que valoren el bienestar de las personas y el planeta

En el marco del neoliberalismo, el crecimiento y la competitividad son consideradas en sí mismas metas, en lugar de medios con un fin más amplio. Ello exacerba las desigualdades y lleva a que se excedan los ritmos de regeneración del medioambiente o de absorción de los contaminantes.

El objetivo central de la organización económica debería ser satisfacer las necesidades de las comunidades en armonía con el planeta. Se le debería dar mucha menos importancia al PBI, y éste debería ser remplazado por nuevos indicadores de progreso. Tal como argumenta la economista Kate Raworth, “las economías actuales son divisivas y degenerativas por defecto, y deben volverse distributivas y regenerativas a propósito”.

En tales «economías con propósito», los gobiernos que rinden cuentas democráticamente acuerdan dar prioridad a actividades como el cuidado de la salud, la educación y la energía renovable, a través de subsidios y otras medidas, y al mismo tiempo reducir o detener actividades perjudiciales como la minería de carbón y la producción de armas.

Esto ya está sucediendo en algunas regiones del mundo. Las políticas gubernamentales en algunas partes de América Latina están orientadas por conceptos como el de  ‘buen vivir’ . En la India hay iniciativas de transición similares llamadas de ‘ swaraj ecológico,’ y en Europa a través del movimiento de ciudades en transición.


5. Normas vinculantes para desmantelar el poder de las grandes empresas

Las violaciones de derechos humanos perpetradas por grandes empresas abundan, ya sea en las comunidades de Indonesia que pierden sus hogares a causa de las plantaciones de palma aceitera, los ríos en Colombia tan contaminados por las minas de carbón que los habitantes locales ya no pueden pescar allí, o las comunidades en Nigeria que han sido devastadas por la quema de gas natural de refinerías y oleoductos, a pesar de ser ilegal.

La responsabilidad empresarial voluntaria o la «auto-reglamentación» no son suficientes. Necesitamos normas internacionales jurídicamente vinculantes para reglamentar y hacer que las empresas transnacionales rindan cuentas. El Grupo de Trabajo Intergubernamental de las Naciones Unidas (IGWG) ya está trabajando en pos de la creación de un instrumento vinculante, y en Francia se aprobó en 2017 la ley sobre el ‘deber de vigilancia’ para responsabilizar a las empresas francesas cuando cometen violaciones de derechos humanos y ambientales en cualquier parte del mundo.

Los gobiernos también deben intervenir para desarticular los monopolios y oligopolios nacionales, regionales y mundiales, y crear un campo de juego más nivelado para las pequeñas empresas, las cooperativas y los servicios públicos.

En todas estas áreas, las soluciones a la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental ya existen. El desafío es multiplicar su impacto incluso mediante políticas públicas de apoyo, y transformar la economía de manera tal que esté al servicio tanto de los pueblos como del planeta.

Este blog fue publicado originalmente en Open Democracy, febrero de 2018