EL MUNDO– El día de hoy, una coalición global presentó una “Hoja de ruta de la responsabilidad legal”: la primera herramienta de su tipo, que esboza de qué manera los entes decisores –y los oficiales de gobierno—pueden hacer que las empresas contaminantes asuman su responsabilidad legal por el daño climático que, como es bien sabido, han provocado. En ella también se proponen estrategias para simplificar los procedimientos mediante los cuales se obtiene el financiamiento necesario para abordar la crisis climática e implementar soluciones.

Esta hoja de ruta, liberada apenas una semana antes de La Semana del Clima que celebra las Naciones Unidas constituye la siguiente etapa de la campaña global para Hacer que los Grandes Contaminadores Paguen.

En septiembre pasado, distintas organizaciones internacionales que trabajan por el clima lanzaron un llamado global para promover la responsabilidad legal que deben asumir los Grandes Contaminadores. Esto tuvo lugar en la Cumbre sobre la Acción Climática del Secretario General de las Naciones Unidas con sede en Nueva York. Además, en la COP25 realizada en Madrid, las demandas de cientos de miles de personas para hacer que los Grandes Contaminadores paguen fueron entregadas a los delegados gubernamentales. Los firmantes y organizadores que se han sumado a este llamado provienen de alrededor de 70 países, incluyendo a Bolivia, Filipinas y Nigeria.

“Los grandes contaminadores han devastado, durante mucho tiempo, el clima, los ecosistemas, las vidas y los medios de subsistencia. Se las ingenian para abdicar cualquier responsabilidad, y sólo se benefician del daño que han ocasionado; el cual recae, desproporcionadamente en las comunidades del Sur Global, los pueblos indígenas, las personas de color, las mujeres, los trabajadores, los granjeros, los campesinos y las comunidades de bajos ingresos. La Hoja de ruta de responsabilidad legal es una herramienta que podemos utilizar para hacer un llamado a que estas empresas asuman su responsabilidad jurídica por su papel en la agudización de la crisis climática, y hacerlos pagar. Y no sólo eso, en ella se establecen los principios de un cambio sistémico mediante la reducción del poder corporativo y la consecución de los recursos que se necesitan para una muy necesaria y justa transformación”,

dice Sara Shaw, Coordinadora del Programa para la Justicia Climática y la Energía, Amigos de la Tierra Internacional.

La responsabilidad legal [GMA3] ha adquirido otros matices en medio de la pandemia provocada por la COVID-19 y los desastres climáticos sin precedente. Muchos de los Grandes Contaminadores son, en gran parte, responsables de las multifacéticas crisis que estamos enfrentando y aun así, persisten en que ésta se agudice–al demandar rescates gubernamentales y desplegar esquemas de relaciones públicas que pretenden posicionarlos como la solución y no como el problema.

“La Hoja de ruta de responsabilidad jurídica es más que demandas y tribunales. Se trata de hacer que los Grandes Contaminadores paguen por los daños que han causado al agravar la crisis climática; además de obligarlos a que no cometan más abusos. La Hoja de Ruta sirve para hacer que los Grandes Contaminadores paguen por causar décadas de sufrimiento y destrucción a comunidades que se encuentran en la primera línea de la crisis climática alrededor del mundo, pues el final de estos agravios la justicia no parece encontrarse cerca. Este instrumento nos llevará por un camino en el que los Grandes Contaminadores sean forzados a poner el bienestar de las personas, y de la Tierra y sus ecosistemas, muy por encima de la expansión, la extracción y la obtención de beneficios”,

dice Sriram Madhusoodanan, Director de la campaña climática en Estados Unidos, Corporate Accountability.

Que las industrias contaminantes, como la de combustibles fósiles y otras, se hagan responsables legalmente es una creciente área de interés entre los expertos en el clima, los activistas, los académicos y los gobiernos; el interés crece más en cuanto se dimensiona la larga historia de negación y el vínculo entre sus emisiones y los impactos que estas han tenido en el clima. Desde los Estados Unidos hasta Vanuatu y Perú, diversas personas y los oficiales que han elegido están explorando mediante qué estrategias lograr que los contaminadores, como la industria de combustibles fósiles, asuman la responsabilidad legal que les corresponde por su larga historia de engaños y destrucción medioambiental.

“El lanzamiento de la Hoja de ruta de la responsabilidad jurídica es oportuno. Representa una posibilidad que los gobiernos africanos deben aprovechar para lograr, finalmente, que las industrias contaminantes asuman su responsabilidad por los abusos que han cometido en contra de los derechos humanos y del medioambiente tanto en comunidades africanas como en el mundo entero”,

dice Akinbode Oluwafemi, Director Ejecutivo- Corporate Accountability y Participación Pública de África (CAPPA).

A principios de este año, la expansión del aeropuerto de Heatrhrow fue detenida exitosamente después de que la Sociedad civil argumentó que estas obras constituían una violación a los compromisos que el Reino Unido había firmado en el Acuerdo de París. La comisión de derechos humanos de Filipinas ha concluido que la industria de combustibles fósiles puede ser instada a responsabilizarse legalmente por el papel que juega en el cambio climático. En 2019, los Pescadores indios que retaron a la Corporación Financiera Internacional (CFI) obtuvieron una sentencia en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos que sentó un importante precedente.

¡Qué paguen los contaminadores!

También proponemos algunas otras formas de involucrarse en la campaña: