En defensa de los territorios y los derechos de los Pueblos Indígenas de Malasia
Las comunidades indígenas de Sarawak han vivido en armonía con la naturaleza durante siglos en los bosques tropicales y manglares de la biodiversamente rica isla de Borneo. Amenazadas por la deforestación y el acaparamiento de tierras para dar lugar a plantaciones de palma aceitera, papel y madera, las comunidades están luchando en defensa de sus territorios, y los derechos de los Pueblos Indígenas de Malasia, con el apoyo de Sahabat Alam Malasia (SAM/Amigos de la Tierra Malasia).
A fines del Siglo XX, la tala excesiva para satisfacer la demanda mundial de maderas tropicales había diezmado los bosques del estado de Sarawak considerablemente. Como la demanda interna de aceite de palma nacional seguía creciendo, Malasia empezó a abandonar el sistema internacional de certificación RSPO, optando en su lugar por la certificación nacional MSPO.
Desde la década de 1990, más de tres millones de hectáreas –más de un cuarto de la superficie terrestre de Sarawak— se destinaron a plantaciones de monocultivos para la producción de aceite de palma, pulpa de celulosa, papel, y madera.
A diferencia de los bosques, las plantaciones son desiertos verdes con enormes impactos negativos para las plantas, la vida silvestre, el suelo y los ciclos climáticos, y también para las comunidades locales. Cuando las empresas (tanto locales como transnacionales) acaparan tierras cubiertas con bosques para reemplazarlos por plantaciones de monocultivos, también privan a los Pueblos Indígenas –que son la mayoría de la población en Sarawak— de sus medios de sustento, sus derechos consuetudinarios originarios y su identidad ancestral, cultural y espiritual.
El acaparamiento de tierras y la deforestación en Malasia son manifestaciones de un fenómeno mundial: Las empresas transnacionales operan con impunidad, haciendo caso omiso de los derechos humanos y la crisis climática y de biodiversidad, dentro de un sistema político-económico mundial guiado por el afán de lucro, con débil gobernanza ambiental.
Ceden tierras tradicionales a grandes empresas
Los pueblos indígenas de Malasia reconocen y aplican los derechos consuetudinarios a la tierra desde hace siglos. En Sarawak, estos derechos se denominan oficialmente “derechos consuetudinarios originales”. En el idioma iban, el conjunto total de un territorio tradicional o consuetudinario se conoce como tanah pemakai menoa e incluye dos categorías generales de uso del suelo. La primera son las tierras cultivadas de propiedad familiar, conocidas como temuda. La segunda son las áreas comunes que comparte toda la comunidad. Gran parte de estos bienes comunes son bosques comunitarios, conocidos como pulau galau, donde las/os integrantes de la comunidad cazan, pescan, recogen plantas, cosechan madera y usan sus ríos para obtener agua y para el transporte diario. Los lugares sagrados y cementerios, así como el área de vivienda de la comunidad, también son compartidos como derechos colectivos.
La comunidad aplica prácticas y conocimientos ancestrales para mantener el delicado ecosistema del que son sólo una parte. Estudios científicos confirman que estas prácticas de conservación indígena son más efectivas para evitar la deforestación y las pérdidas de hábitat que las técnicas modernas de conservación como las ‘áreas oficialmente protegidas’.
Aunque difieren de los títulos de propiedad de la tierra emitidos por el estado, los derechos consuetudinarios a la tierra están protegidos en el derecho malayo. Amparadas en la ley, las comunidades pueden reivindicar su derecho a las tierras que ocupan, cultivan o usan con fines religiosos, y derechos de servidumbre o de paso y para la caza y la recolección, con arreglo a las costumbres. Sin embargo, existe una laguna jurídica clave: desde 1958, el Estado no reconoce la soberanía de los pueblos sobre sus tierras a menos que tengan un permiso estadual (provincial). El Código de Tierras de Sarawak de 1958 establece claramente que no podrán reconocerse nuevos derechos consuetudinarios a la tierra sin un permiso estadual luego de ese año.
En la práctica, los Pueblos Indígenas vienen observando desde hace décadas que sus territorios son acaparados con fines públicos o cedidos a empresas para su explotación. Antes de la ley forestal de 2015 ni siquiera era obligatorio notificar personalmente a las comunidades de la anulación de sus derechos, debido a lo cual muchas comunidades afectadas no se enteraban de que sus tierras iban a convertirse en bosques de producción hasta que ya era demasiado tarde. Si se les enviaba una notificación, la forma y los plazos eran a menudo injustos y no respetaban el derecho al consentimiento libre, previo e informado.(1) Así se establecieron muchos de los bosques de producción existentes, el lugar donde se encuentran la mayoría de las explotaciones madereras y plantaciones de monocultivos pasadas y presentes.
Finalmente, si bien la Constitución Federal exige indemnización adecuada en base a estrictos procesos de valoración cuando se trata de la pérdida de derechos sobre tierras con títulos de propiedad documentados, la indemnización que reciben las comunidades por la pérdida de tierras tradicionales es a discreción del estado, si es que reciben indemnización alguna.
Mapeo y activismo para la victoria
Jok Jau Evong dirige un equipo de cuatro personas en la oficina local de la ciudad de Marudi y trabaja directamente con comunidades locales para realizar actividades de incidencia (como peticiones y cartas al gobierno), llevar a cabo mapeos territoriales sobre el uso del suelo, ofrecer apoyo jurídico y ayudar a establecer asociaciones de residentes indígenas. Se mudó a Marudi para estar más cerca de las comunidades y compartir su experiencia y comprensión política de la lucha, obtenidas a través de viajes internacionales.
“Participé en muchas campañas en Sarawak, especialmente sobre el tema de los derechos consuetudinarios originales a las tierras, y otros temas importantes como la explotación maderera y las plantaciones, a causa del acaparamiento de tierras llevado a cabo por el gobierno estadual”. — Jok
Desde 1995, el equipo ha trabajado en la elaboración de mapas de los territorios indígenas, que son cruciales en la lucha por los derechos a la tierra. Usan GPS para rastrear las coordenadas en el terreno y luego las consignan en mapas del registro de tierras en la oficina. Aunque no son oficialmente reconocidos por el Departamento de Catastro del Estado, estos mapas pueden usarse en tribunales o enviarse a las autoridades estaduales o a las empresas, permitiendo que las comunidades definan sus derechos dentro de un marco jurídico.
En Puyut-Lubuk Nibung, aproximadamente 45 km aguas arriba del Río Baram en Marudi, más de 20 aldeas estaban amenazadas en 2018 por plantaciones de palma aceitera. Las comunidades de Rumah Manjan y Rumah Nanta recurrieron a la ayuda de SAM para generar conciencia sobre sus derechos, mapear sus territorios y movilizarlas para crear una Asociación de Residentes.
Una vez constituidas como Asociación de Residentes, las comunidades pudieron obtener una copia de la licencia del proyecto donde se revelaba el nombre de la empresa involucrada en el proyecto de plantación en su territorio. Usando los mapas territoriales, obligaron a la empresa a que acepte no invadir sus tierras ni llevar a cabo actividades topográficas. También obstaculizaron los planes para la construcción de una carretera de acceso en su territorio, estableciendo y ocupando bloqueos.
A nivel local y mundial, nuestra fuerza reside en que somos much@s
La oficina de SAM en Marudi, sur de Brunéi, trabaja con 13 de las 28 Asociaciones de Residentes locales constituidas por comunidades indígenas de diversos hogares comunales y localidades. A pesar de su distancia geográfica, estas comunidades enfrentan las mismas luchas. SAM las reúne en una red, que Jok denomina “una plataforma comunal representativa efectiva para fortalecer los derechos comunitarios y proteger los territorios de las comunidades”. La red crece boca a boca, a medida que las comunidades les cuentan a otras sus experiencias positivas y sus luchas exitosas.
A través de esta red de solidaridad han podido presionar al gobierno para que sea más abierto y transparente, y pudieron impedir la construcción de mega proyectos extractivos tales como represas y plantaciones.
Las comunidades locales en todo el mundo enfrentan a diario las mismas luchas en distintos contextos, contra empresas transnacionales y a menudo contra gobiernos represivos e indiferentes. A nivel mundial, Amigos de la Tierra Internacional trabaja para construir la solidaridad internacionalista entre los pueblos de todo el mundo, y aboga a favor de un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos en el marco de la ONU.
Lo más importante es que estas redes de solidaridad fortalecen la confianza de las comunidades que ven que es posible lograr victorias. Jok concluye:
“He viajado y visto lo que está sucediendo en otros países y cómo la gente lucha para recuperar sus propios recursos. He visto cómo las comunidades comienzan a entender y tienen la confianza para luchar y recuperar sus recursos”.
La comunidad internacional puede ayudar ejerciendo presión sobre los gobiernos para que sean más abiertos y transparentes y salvaguarden el derecho humano al consentimiento libre, previo e informado, y ofreciendo apoyo financiero a las organizaciones en la primera línea tales como SAM.
Meena Raman, presidenta de SAM, nos recuerda lo que está en juego:
“Ahora más que nunca, es crucial que protejamos los bosques y ríos que quedan en Sarawak para que no se los siga explotando, y que se apliquen de inmediato medidas de rehabilitación y restauración de las áreas forestales degradadas. También es fundamental que el Estado respete y reconozca los derechos de los Pueblos Indígenas a sus territorios y la importancia de los sistemas de conocimiento indígenas para ayudar a proteger los bosques y la biodiversidad, que también les será provechoso para mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático y fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a las crisis meteorológicas”.
(1) Las comunidades rurales aisladas por lo general dependen de la comunicación boca a boca y no hablan inglés ni bahasa malayo como su primer idioma, y mucho menos entienden la jerga jurídica. Además, a menudo carecen de los medios para viajar a los centros administrativos para presentar una objeción o queja y reivindicar sus derechos.
(2) Las Asociaciones de Residentes Indígenas funcionan como estructuras de liderazgo alternativo a las estructuras tradicionales de gobernanza de las comunidades indígenas, que han sido reemplazadas desde hace tiempo por autoridades nombradas por el estado y controles institucionales. Siguiendo las costumbres tradicionalmente democráticas de los Pueblos Indígenas basadas en el consenso, estas Asociaciones de Residentes les ofrecen a las/os integrantes de las comunidades cuyas opiniones ha sido marginadas por las estructuras estatales una plataforma legal con personería jurídica.
Texto escrito por Madeleine Race. Imágenes de Amelia Collins
Imagen principal: Los Pueblos Indígenas y las comunidades locales practican el manejo comunitario de bosques en Malasia.
