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No estamos a salvo hasta que todas y todos estén a salvo. Liberar la vacuna de los monopolios empresariales nos ayudará a lograr inmunización a nivel mundial y es crucial para una Recuperación justa de la pandemia de COVID-19.

Esta semana, la Organización Mundial del Comercio (OMC) mantuvo reuniones especiales para discutir una suspensión transitoria de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra la Covid-19 y los suministros médicos. Gracias a la presión de una campaña popular masiva, Estados Unidos y Nueva Zelanda recientemente anunciaron que apoyan la propuesta de poner en suspenso el Acuerdo sobre los ADPIC, que ya cuenta con el apoyo de más de 100 países. La presión es cada vez mayor en otros países ricos como el Reino Unido, la Unión Europea, Australia, Brasil, Japón, Noruega y Suiza, que le siguen poniendo trabas a esta oportunidad vital y eligen proteger el lucro de la industria farmacéutica.

Ahora es el momento de emprender negociaciones expeditas con el fin de aplicar esta exención y aumentar los fondos gubernamentales para sostener una Vacuna de los Pueblos que sea justa y eficaz a nivel mundial.

¿Qué implicaría la exención de los ADPIC para los pueblos?

El despliegue de las vacunas sostenidas con fondos públicos y desarrolladas por grandes empresas farmacéuticas como Pfizer, Johnson & Johnson y AstraZeneca ya ha comenzado, aunque a ritmos alarmantemente desiguales en distintos lugares del mundo.

“En la actualidad, los países más ricos del mundo están vacunando 25 veces más rápido que los países de bajos ingresos”, advirtió la abogada experta en propiedad intelectual Sangeeta Shashikant en una entrevista con Radio Mundo Real.

Una exención transitoria de los derechos de propiedad que existen sobre el ‘know-how’, la tecnología y las licencias para la producción de vacunas significaría que más países y empresas puedan producirlas localmente y a precios más bajos. Esto haría que las vacunas estén más rápidamente disponibles y sean más asequibles para todas y todos, especialmente la población del Sur global que actualmente enfrenta una larga espera para vacunarse y acceder a los tratamientos, incluso hasta el año 2023.

La injusticia y los riesgos sanitarios que implica el despliegue actual de las vacunas liderado por las grandes empresas no son cifras abstractas para la federación Amigos de la Tierra Internacional. Implican impactos reales en las/os activistas y colaboradoras/es en todo el mundo y su lucha por la justicia social y ambiental.

En Asia, India enfrenta una segunda ola letal de Covid-19, con un incremento acelerado de los decesos – actualmente más de 300.000 casos diarios – y el colapso del sistema de salud. La amenaza de propagación de nuevas cepas crece en toda la región, donde la pérdida de medios de sustento y la crisis sanitaria en curso generan un impacto devastador.

“Todavía no recibí la vacuna y no sé cuándo la recibiré. En Filipinas se vacunó a menos del 1% de la población. La crisis de la pandemia se está convirtiendo en una crisis moral. Cuando tienes países ricos con capacidad de vacunar a su población dos o tres veces y a países pobres que sólo pueden vacunar al 1% de su población o incluso menos, proteger el lucro privado de cara a una tragedia de tal magnitud no es un tema de debido proceso o siquiera de negligencia, sino de culpabilidad”.

Mai Taqueban de LRC-Amigos de la Tierra Filipinas.

Mae Taqueban holding a sign that reads I support the hashtag peoples vaccine

La historia es similar en África, donde se ha administrado un mísero 2% de todas las dosis de vacunas administradas a nivel mundial. El continente se ha visto obligado a depender del problemático sistema COVAX agenciado por grandes empresas, que no está logrando proveer suministros suficientes de vacunas.

“Aún no fui vacunado y el despliegue de las vacunas está avanzando lentamente en Togo. Las vacunas tienen que compartirse equitativamente. La relación entre el Norte y el Sur Global debe ser de colaboración, no de colonialismo. ¡Rechazamos firmemente el Apartheid de las vacunas! Liberar las vacunas ayudará a la inmunización de todo el mundo. No estamos a salvo hasta que todas y todos estén a salvo”.

Kwami Kpondzo de Amigos de la Tierra Togo.

Kwami Kpondzo holding a sign which reads hashtag free the vaccine

Gran parte de la población de Europa ya recibió la vacuna debido a que la Unión Europea y el Reino Unido adquirieron grandes cantidades de dosis anticipadamente. Mientras muchas personas en África, Asia y América Latina tendrán que esperar hasta el año 2023 para obtener su primera vacuna, otras en el Reino Unido podrían recibir su tercera dosis a fines de 2021. Este marcado contraste pone de manifiesto la falta actual de acceso justo y distribución equitativa que tantos reclaman, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Tuve suerte de recibir mi primera dosis de la vacuna de Astra Zeneca el 19 de abril. Recibiré la segunda dosis el 6 de julio. Es deplorable que países ricos como el Reino Unido estén poniéndole trabas a una Vacuna de los Pueblos. La pandemia de Covid-19 está provocando una catástrofe humanitaria en todo el mundo y son los países del Sur global los más afectados en la actualidad, y los que tienen más riesgos de padecer futuras olas, mientras el Norte acapara las vacunas y prioriza a su propia ciudadanía. Tenemos estas herramientas maravillosas que son las vacunas que pueden salvar vidas y poner fin a esta pandemia, y es absolutamente erróneo e injusto que algunos países estén esforzándose para evitar que se usen libremente”.

Sara Shaw, coordinadora del programa de justicia climática y energía, desde el Reino Unido.

Aunque gran parte de la investigación y el desarrollo para los tratamientos relacionados con el coronavirus han sido financiados con fondos públicos, las grandes empresas farmacéuticas que tienen los derechos de propiedad sobre estos tratamientos pueden ahora lucrar cobrando altos precios. Pfizer, por ejemplo, está vendiendo su versión de vacuna contra la Covid-19 a unos $39 dólares las dos dosis, lo que representa un margen de ganancia del 80%.

Los países más ricos que pueden pagar esos precios son en general los mismos que están bloqueando la exención transitoria de los derechos de propiedad intelectual en la OMC, y a nadie debería extrañar que son donde se encuentran las casas matrices de muchas de las empresas farmacéuticas transnacionales. Brasil, que en el mes de abril dio cuenta de más de un cuarto de las muertes por Covid-19 a nivel mundial, es uno de esos países:

“La situación de la Covid en Brasil es un desastre. Tenemos un gobierno fascista que ha fracasado en su tratamiento de la pandemia. Se muere gente todos los días. El derecho a la salud y otros derechos humanos deben prevalecer frente al lucro de las transnacionales farmacéuticas. Es por esto que luchamos a favor de normas para las grandes empresas y derechos para los pueblos. La exención de los derechos de propiedad intelectual en el marco de la OMC puede garantizar más vacunas para nuestra población y por lo tanto menos muertes a nivel mundial”.

Leticia Paranhos Menna de Oliveira, coordinadora internacional del programa de justicia económica y resistencia al neoliberalismo.

Es hora de una Recuperación Justa

Hay un movimiento creciente y muy fuerte de personas en todo el mundo que exigen una #VacunaDeLosPueblos: desde manifestaciones de protesta frente a oficinas e instalaciones de grandes empresas farmacéuticas, hasta el respaldo de cientos de Premios Nobel y dos millones de firmas de adhesión a un petitorio exigiendo cambios.

La exención de los ADPIC es solamente uno de los componentes esenciales de una Recuperación Justa de la pandemia de Covid-19 y las crisis sistémicas interrelacionadas. Además de la Vacuna de los Pueblos, cualquier tratamiento contra la COVID-19 tiene que ponerse a disposición de todos los pueblos y personas del mundo, en igualdad de condiciones, sin patentes u otros derechos de propiedad intelectual. La primacía de los derechos humanos y los derechos de los pueblos sobre los acuerdos de comercio e inversiones debe consagrarse en el derecho internacional y los gobiernos deben combatir las causas estructurales de estas crisis, proponiéndose una agenda de transformación y cambio de sistema. Es hora de darle prioridad a la sustentabilidad de la vida, los derechos de los pueblos y la protección de los medios de sustento y el planeta.