Los pueblos afectados exigen normas vinculantes para las empresas transnacionales, a nivel local e internacional

Las grandes empresas están devastando el medioambiente y las vidas humanas en todas partes del mundo. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas (ONU) y el enfoque de la debida diligencia no han logrado frenar la impunidad empresarial. Urge un instrumento internacional jurídicamente vinculante para reglamentar a las transnacionales en materia de derechos humanos, tal como se negocia en este momento en la ONU. Asimismo, son necesarias leyes nacionales que se basen en este tratado internacional y lo respalden.

Normas vinculantes para las grandes empresas

La industria del gas está provocando destrozos en Cabo Delgado, en la zona norte de Mozambique, y fomenta violaciones de derechos humanos, pobreza, corrupción, violencia e injusticia social. Durante décadas, el estado israelí y su empresa Mekorot le han negado a la población palestina el acceso y control sobre sus tierras, fronteras y recursos naturales. Las comunidades en Brasil siguen esperando indemnización y justicia tras el colapso de la represa de propiedad de Vale/Samarco/BHP Billinton en 2019. Estas son solo tres de las incontables atrocidades que cometen las empresas transnacionales y que afectan en particular al Sur Global. 

Los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU son una directiva débil y no vinculante aprobada en el año 2011. Aunque se establece que “las empresas deben proceder con la debida diligencia en materia de derechos humanos”, el documento fracasó enormemente a la hora de hacer que las grandes empresas rindan cuentas por sus violaciones de esos derechos.  

La coordinadora del Programa de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional, Letícia Paranhos, explica: 

“La debida diligencia no ha sido suficiente en absoluto. Es por eso que los pueblos celebraron una victoria en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014. Con la adopción de la Resolución 26/9 se estableció un nuevo Grupo de Trabajo Intergubernamental para negociar un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Este fue un hito clave para poner fin a la impunidad empresarial». 

Del 24 al 28 de octubre de 2022, se está llevando a cabo en Ginebra la octava sesión de negociaciones de este tratado.

Comunidades afectadas de todo el mundo, con el apoyo de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Poner Fin a la Impunidad (Campaña Global), están encabezando el proceso de la ONU, con una lista clara de demandas relativas al contenido del Tratado Vinculante. Un elemento fundamental de la estrategia para los movimientos sociales es ahora impulsar también leyes nacionales que complementen y respalden el tratado internacional. 

Luchas complementarias contra las grandes empresas en el Sur Global y el Norte Global. 

Las luchas diarias que enfrentan las comunidades afectadas por las grandes empresas también exigen una acción a nivel nacional. Desde el Sur Global, donde operan la mayoría de las empresas transnacionales, al Norte Global, donde estas empresas tienen su sede. En los últimos años, ha habido un movimiento a favor de leyes nacionales en varios países. 

La ley de Francia relativa al deber de vigilancia

En un momento histórico en 2017, Francia aprobó una ley sobre el “deber de vigilancia” (devoir de vigilance) de las empresas matrices y subcontratistas. “Este fue el resultado de los esfuerzos incansables -años de campañas– por parte de la sociedad civil y las comunidades afectadas por las operaciones de las empresas transnacionales francesas en el extranjero”, afirma Juliette Renaud, de Amigos de la Tierra Francia. Más allá de los desafíos, esta ley es un avance, ya que “aborda la complejidad jurídica de las empresas transnacionales con sus múltiples subsidiarias y subcontratistas, así como las distintas formas de relaciones comerciales que a menudo utilizan para asegurar su impunidad”.

La ley ya se está utilizando: en 2019, seis organizaciones francesas y ugandesas, incluidas Amigos de la Tierra Francia y Amigos de la Tierra Uganda, iniciaron una demanda judicial contra la gigante petrolera francesa Total por las violaciones de derechos humanos y los daños ambientales potencialmente irreversibles en Uganda y Tanzania. La demanda, que fue la primera llevada a cabo basada en la nueva norma del “deber de vigilancia”, sigue en curso.

Otros países de la Unión Europea (UE) están siguiendo ahora los pasos de Francia, como Alemania y Austria, Bélgica, Países Bajos, Finlandia y Luxemburgo, que actualmente están analizando propuestas. 

A comienzos de 2022, la UE develó su propuesta de ley relativa a la debida diligencia obligatoria para las empresas en materia de derechos humanos y medioambiente. Lamentablemente, en su forma actual la ley “no garantiza la justicia ni hace que las empresas rindan cuentas por sus impactos climáticos”. Como respuesta, 220 organizaciones solicitaron a la UE que abordara los importantes defectos presentes en la directiva. La participación del bloque europeo en el proceso del Tratado Vinculante de la ONU ha estado lejos de ser ejemplar: desde los estados miembro que votaron en bloque contra la resolución 26/9 en 2014, a los varios intentos para descarrilar el proceso durante los pasados años de negociaciones.

El proyecto de ley de Brasil sobre un Marco para las empresas y los derechos humanos

Todavía con los colapsos de las represas de Mariana y Brumadinho en la memoria, la lucha para frenar los abusos empresariales en Brasil llegó a un punto clave en 2022. Las violaciones de derechos humanos en este gigantesco país latinoamericano son moneda corriente. El hecho de que haya grandes empresas detrás de muchas de estas violaciones no es ninguna sorpresa.

A pesar de la continua devastación provocada por Bolsonaro, en agosto de 2022 Brasil formuló un proyecto de ley “Marco para las empresas y los derechos humanos”. Cabe destacar que movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la academia y sindicatos de trabajadoras/es participaron en la redacción del texto. El proyecto beneficiará a los Pueblos Indígenas, a los pueblos quilombolas (afrodescendientes), a las comunidades afectadas por las violaciones de derechos humanos y a la clase trabajadora. Estos son los grupos más afectados por las violaciones de las empresas. 

De forma innovadora, el proyecto de ley establecería la primacía de los derechos humanos e incluiría obligaciones directas para las empresas transnacionales, algo sin precedentes a nivel mundial. Por lo tanto, podría usarse para hacer que las empresas rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos. La propuesta misma se basa en las experiencias de las comunidades afectadas de Brasil. Además, ellas serían actores clave en el establecimiento de medidas de prevención, monitoreo e indemnización. Esto es algo sin precedentes. El proyecto de ley se someterá a votación, pero aún no se fijó fecha. 

“Claramente en el caso de Brasil, las ganas de trabajar a nivel de base por esa ley nacional se inspiraron en parte en la participación de los movimientos brasileños en el proceso del Tratado Vinculante de la ONU”, afirma la brasileña Letícia Paranhos. La participación en la Campaña Global fortaleció la confianza y la capacidad de articular sus reclamos, lo que allanó el camino para una fuerte participación a nivel nacional. Esta ley nacional también será útil en la creación de mecanismos para implementar las normas internacionales dentro de Brasil.  

Letícia Paranhos agrega: 

“América Latina está cansada de la debida diligencia y los Principios Rectores, medidas que se impusieron de forma neocolonial en el Sur Global. La ley marco de Brasil sobre derechos humanos y empresas tiene el espíritu de la Campaña Global. Se elaboró sobre la base de nuestra propuesta de Tratado Vinculante. Tenemos que avanzar en nuestros contextos nacionales con leyes jurídicamente vinculantes sobre la base de nuestras demandas para el contexto internacional. Al mismo tiempo, estas leyes nacionales respaldarían ese proceso en la ONU, para presionar a favor de un instrumento internacional ambicioso realmente capaz de poner fin a la impunidad empresarial”.