Intereses empresariales se apoderan de la Cumbre de la ONU sobre los sistemas alimentarios

Están relegando a codazos a las/os agricultoras/es de pequeña escala, los movimientos sociales y los derechos humanos.

Las agencias de Naciones Unidas advierten que 270 millones más de personas – casi cuatro veces la población del Reino Unido – están al borde de la hambruna debido a la pandemia de Covid-19. Pero no es la pandemia por sí sola lo que nos llevó a esto; lo que hizo fue poner de manifiesto la fragilidad e injusticia que entraña el sistema alimentario industrializado mundial.

Con la pandemia, muchas/os trabajadoras/es agrícolas y de la alimentación que se ganan la vida en plantaciones, fincas de todos los tamaños, huertos, invernaderos y centros de embalaje en todo el mundo han perdido sus ingresos y han quedado expuestas/os a graves riesgos sanitarios. De la noche a la mañana, las medidas de confinamiento significaron que a las/os pescadoras/es de toda la costa africana se les prohibiera el acceso a sus aguas, mientras que los buques-factoría transnacionales siguieron trabajando. Agricultoras/es de la asociación de productores familiares COPROFAM (Confederacion de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado) han denunciado que “han aumentado los casos de expropiación de tierras y recursos hídricos y asesinatos de líderes sociales».

La pandemia de Covid-19 ofició de espejo a nuestro sistema alimentario. Mostró que quienes alimentan al mundo son quienes están en peores condiciones de alimentarse a sí mismas/os ya que para los gobiernos y las instituciones, el derecho humano a la alimentación es secundario frente al libre comercio y el lucro empresarial.

La manera en que gobernamos nuestros sistemas alimentarios da lugar a la injusticia que existe y determina si podemos solucionarla. Entonces la pregunta más importante debe ser: ¿Quién maneja las decisiones y en función de qué intereses? Esto marca la diferencia entre quién puede y quién no puede satisfacer sus necesidades básicas y eventualmente, quién vive y quién muere.

Estas cuestiones alcanzarán su punto álgido en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios convocada por el Secretario General de la ONU (UNFSS, por sus siglas en inglés), que tendrá lugar más adelante este año en Nueva York. La cumbre se ha convertido en el foco de todos los esfuerzos por “renovar, al más alto nivel político, el compromiso mundial de eliminar el hambre y la desnutrición”.

Pero la cumbre enfrenta las críticas de cientos de organizaciones de productoras/es de alimentos a pequeña escala y la sociedad civil, que consideran que la UNFSS está pasando por alto los derechos humanos y dejando de lado a los productores de pequeña escala que producen entre el 70 y el 80 por ciento de los alimentos del mundo, priorizando en su lugar los intereses de las grandes empresas.

¿Una cumbre popular o empresarial?

El primer problema reside en quiénes son los organizadores clave. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas es el principal espacio intergubernamental para la seguridad alimentaria y la nutrición, un foro donde la gente puede dialogar y debatir con los Estados y donde las/os más afectadas/os por las políticas alimentarias y las acciones de las grandes empresas están facultadas/os y tienen espacio para que sus voces sean escuchadas.

Pero más que con el CSA, la cumbre parece estar alineada más estrechamente con el Foro Económico Mundial. Esta entidad reúne a las 1000 principales empresas del mundo, incluidas Pepsi, Nestlé e incluso Blackrock, la empresa administradora de activos que es considerada la ‘principal inversionista mundial en la destrucción del clima’. Las grandes empresas obtienen ganancias de miles de millones -en muchos casos sin que la pandemia de Covid-19 haya interrumpido ese flujo- gracias a modelos empresariales que destruyen los ecosistemas del planeta, pagan salarios de pobreza a las/os trabajadoras/es o venden comida chatarra. Sin embargo, ahora se están posicionando para ofrecer soluciones a los problemas que ellas mismas generan. El nombramiento de Agnes Kalibata, presidenta de la plataforma de agronegocios Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA, por sus siglas en inglés), como Enviada Especial de la ONU para la cumbre ha servido para confirmar esos temores.

Esta cumbre no está orientada al cambio de sistema para resolver las múltiples crisis que enfrentamos. Habla de sostenibilidad, pero no de justicia. Habla de una mejor nutrición, pero no de ponerle freno a la industria de la comida chatarra. Habla de mejorar los medios de sustento de las/os agricultoras/es, pero no de frenar la concentración empresarial y el acaparamiento de tierras. La cumbre no explica en ninguna de sus cinco ‘vías de acción‘ cómo su prioridad será atender las necesidades de la población en primer lugar.

Los derechos humanos y la democracia a un lado

Si las/os más afectadas/os por el hambre y la desnutrición no ocupan un lugar central en esta cumbre, las soluciones que allí se formulen nunca resolverán el hambre. Este fue el contenido sustancial de una carta enviada al Secretario General de la ONU por más de 550 organizaciones de la sociedad civil en abril de 2020. Tanto anteriores como el actual relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación han levantado su voz de alarma por el enfoque de la cumbre.

En respuesta, la cumbre invitó recientemente al Mecanismo de la Sociedad Civil – MSC (parte del CSA) a participar en la cumbre. Creado en 2009 para fortalecer la voz de las/os agricultoras/es y productoras/es de pequeña escala, el MSC es el mayor espacio internacional de organizaciones de la sociedad civil que trabaja para erradicar la inseguridad alimentaria y la desnutrición.

Pero el MSC y sus 300 millones de afiliadas/os afirman que no pueden “subirse a un tren que va en la dirección equivocada”. Estamos reclamando que la cumbre cambie radicalmente de rumbo. Para empezar, debe exigirles cuentas a los actores empresariales que han trastornado la vida, los medios de sustento, comunidades, ecosistemas, bienestar y salud de los pueblos.

La cumbre debe entonces reorientar todo su programa para centrarse en los derechos humanos y explicar en detalle cómo estos no quedarán relegados a un segundo plano en aras del crecimiento económico y los intereses empresariales. La dirigencia de la UNFSS debe destacar la importancia de un sistema multilateral democrático, que incluya al CSA. Parte del programa de la cumbre debe ser facilitado autónomamente por la sociedad civil y encarar cómo revertir la apropiación empresarial de nuestros sistemas alimentarios.

Si las/os más afectadas/os por el hambre y la desnutrición no ocupan un lugar central en esta cumbre, las soluciones que allí se formulen nunca resolverán el hambre.

A menos que se cumplan estas exigencias, la cumbre generará las condiciones para que más gente se enferme, pase hambre o padezca desnutrición; las crisis climática y de la salud -y el hambre y desigualdad que han exacerbado- no cesarán. La cumbre habrá fracasado y con ella habrá fracasado todo el sistema internacional.

Artículo escrito por Kirtana Chandrasekaran, co-coordinadora del programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional. Este artículo se publicó originalmente en New Internationalist, 17 de marzo de 2021.

Imagen principal: Las/os trabajadoras/es informales como Monica Agyeisells, que aparece en la foto vendiendo productos en el Mercado de Makola, Ghana, no estarán representadas/os en la cumbre de la ONU mientras poderosas empresas controlan la agenda. Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment.