La promesa de la COP26 de acabar con la deforestación no es más que un cambio de etiqueta de anteriores intentos fallidos de maquillar de verde el aumento de las emisiones de carbono.
El compromiso de la COP26 para frenar la deforestación es hipócrita y está lleno de vacíos que permitirían a las grandes empresas y países históricamente muy contaminadores seguir emitiendo combustibles fósiles mientras reivindican enfrentar el cambio climático invirtiendo en bosques. Las promesas de financiamiento son siniestramente semejantes a las desacreditadas iniciativas de REDD+ que en los diez últimos años fracasaron en detener el cambio climático y provocaron acaparamientos de tierras a gran escala y violaciones de los derechos a la tierra en todo el mundo.
Por ejemplo, 200 milliones de libras esterlinas que son parte del financiamiento comprometido por el Gobierno del Reino Unido se destinan a la coalición para Reducir Emisiones mediante la Aceleración del Financiamiento Forestal (LEAF, por sus siglas en inglés), que venderá bonos de carbono por deforestación evitada, e invita a grandes empresas a utilizar la iniciativa para cumplir sus respectivas metas climáticas –básicamente, a compensar sus emisiones en vez de cesar de emitir. Se sumaron una infinidad de empresas como Amazon, Delta Airlines, Bayer, Unilever y Black Rock, que, en conjunto, requerirán vastas extensiones de tierra en el Sur global para presuntamente compensar sus planes de aumento de emisiones.
No es la primera vez que los líderes mundiales hacen anuncios tan loables, como la Declaración de Nueva York para detener la deforestación antes de 2030, a la que siguió un enorme incremento de la deforestación, o el Desafío de Bonn para restaurar 350 millones de hectáreas de tierras degradadas, de las que se descubrió que algo menos del 50% fueron ‘restauradas’ con plantaciones industriales de árboles –un desastre para la gente, los pueblos y el planeta.
Este compromiso es vago, lo que hace imposible velar por su cumplimiento y exigirles cuentas a los gobiernos. Está condenado a fracasar si se lo diseña vinculado a mecanismos de mercados de emisiones de carbono, a compensaciones, o si recurre a financiamiento privado para impulsar el cambio, en lugar de apelar a una fuerte acción reguladora para frenar la deforestación y hacer cumplir los derechos de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los productores de alimentos a pequeña escala mediante instrumentos vinculantes de derechos humanos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP, por sus siglas en inglés) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP, por sus siglas en inglés), así como sus derechos al Consentimiento Libre, Previo e Informado y su derecho a decir NO.
Los países firmantes del compromiso están impulsando colectivamente la deforestación a través, por ejemplo, del tratado de libre comercio UE-MERCOSUR, que aumentará en 50% las exportaciones de carne de res a la UE, que es un factor clave de la deforestación de la Amazonía. Brasil, otro de los firmantes, está embarcado en una gran ofensiva contra los derechos de los Pueblos Indígenas en Brasil, incluso aunque aquí en Glasgow reivindica que los apoya. Sin normas y reglamentación para acabar con la deforestación, no hay forma de frenarla. Hay que poner el acento particularmente en los actores empresariales y sus planes de expansión de productos básicos estandarizados (commodities) de origen agropecuario, así como en la extracción de combustibles fósiles, la minería y las grandes obras de infraestructura. A las grandes empresas que siguen violando los derechos de los pueblos hay que exigirles cuentas.
Lo que se requiere no es «lograr un equilibrio entre las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano y su remoción mediante sumideros”, como afirma el compromiso de la COP26. Lo que se requiere, más bien, son reducciones inmediatas y profundas de las emisiones de carbono y las actividades contaminantes como las plantaciones, la agricultura industrial y las industrias extractivas, así como la preservación de los bosques, otros ecosistemas y los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales que sí los protegen. Se requiere que los países desarrollados se comprometan a destinar billones de divisas al financiamiento para el clima, no ligado a compensaciones ni a sistemas de mercado y que sea adicional a cualquier financiamiento derivado de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD).
