Las soluciones de los pueblos a la crisis climática
Organizaciones y movimientos sociales se reunieron en Isla Margarita, Venezuela, del 15 al 18 de julio, para hablar de sus exigencias antes de las negociaciones de cambio climático de las Naciones Unidas que tendrán lugar en Lima, Perú, en el mes de diciembre. La reunión, organizada por el gobierno venezolano, fue la primera de este tipo. Congregó a movimientos y organizaciones sociales de todo el mundo y allí se facilitaron discusiones que dieron lugar a la Declaración de Margarita, que será la base para la Pre COP Social en noviembre en esa misma localidad.
La innovadora declaración aborda temas de gran importancia que han sido dejados de lado durante mucho tiempo debido a la falta de voluntad política en las negociaciones sobre clima de la ONU. La declaración destaca la necesidad de justicia en la respuesta al cambio climático y de transformar nuestras sociedades para evitar un mayor deterioro ambiental e injusticia social.
También menciona las responsabilidades intergeneracionales y el papel de los jóvenes, en especial en los países del Norte. Hay un claro llamamiento a la solidaridad. Se menciona explícitamente el papel que desempeñan los jóvenes de los países del norte en presionar a sus gobiernos para que cumplan y amplíen sus compromisos con los países del Sur y para que proporcionen una respuesta al cambio climático. Además, se explicita la necesidad de garantizar una transición justa hacia un futuro climático seguro, que no tenga efectos negativos en las poblaciones del Sur.
También se hace referencia y se explica el concepto del “Buen Vivir”. La declaración sostiene que la principal causas de la crisis climática es el sistema político y económico que “mercantiliza y cosifica la naturaleza y la vida”, y exacerba las prácticas insustentables de explotación y consumo. Se exhorta a los líderes a que elaboren un modo alternativo de lograr sociedades y economías justas, equitativas y sustentables.
Para lograr dicha sustentabilidad y evitar el aumento de la temperatura por encima de 1,5 grados, es fundamental que el 80% de las reservas de combustibles fósiles permanezcan en el suelo sin explotar. De no fijarse dichos límites ni adoptarse las medidas necesarias para reducir el consumo de energía en los países del Norte, el cambio climático catastrófico será inevitable. Los países del Norte también deberían proporcionar ayuda incondicional (como, por ejemplo, fondos para el clima, transferencia tecnológica) a los países del Sur para permitir una transición justa.
Esta situación está relacionada con la responsabilidad histórica y la necesidad de los países del norte de afrontar las consecuencias de sus emisiones, que han provocado a lo largo de años de consumo excesivo y desigual. La declaración destaca la necesidad de establecer indicadores y parámetros para medir el consumo históricamente desigual y determinar las metas y los límites futuros. Asimismo, insiste en que los países que tienen responsabilidad histórica en la crisis climática deberían resolver, abordar y brindar apoyo por las pérdidas y los daños provocados por problemas relacionados con el clima.
Además, la declaración hace hincapié en rechazar y poner fin a las denominadas “falsas soluciones” a la crisis climática, que son peligrosas o reñidas con la ética, entre ellas los mecanismos de mercados de carbono que convierten a la crisis del clima en una fuente de ganancia (como REDD o la producción de agrocombustibles) y responden a los intereses de las empresas y las élites, en lugar de los intereses de las personas que probablemente serán las más afectadas por el cambio climático.
La declaración de Margarita reconoce que la infiltración y la cooptación de las empresas de los foros internacionales han socavado los derechos de las personas y la soberanía de los Estados. Esta influencia de las empresas, que a menudo se denomina captura corporativa, queda de manifiesto en los foros como las negociaciones sobre clima de la ONU y en las actividades de otros organismos de la ONU, donde se promueven los intereses de las corporaciones y se incluyen los demás problemas en la esfera del mercado, supuestamente infalible. El documento hace un llamamiento a que se ponga fin a la interferencia de las empresas en los procesos de la ONU y a que se modifiquen los sistemas de participación a nivel mundial.
Se afirma además que la influencia que ejercen las empresas en su afán de lograr ganancias impide la transformación necesaria para combatir decididamente el cambio climático y los problemas relacionados con él. La transformación económica y social necesaria debe incluir los principios de respeto a la vida y los derechos humanos, la soberanía de los pueblos, la solidaridad, la transición justa y el reconocimiento de los límites ecológicos y de los derechos de la Madre Tierra. La respuesta y la transformación también deben tener en cuenta las diversas formas en que los territorios y los países son vulnerables, y las vulnerabilidades particulares de los grupos históricamente victimizados y excluidos.
La declaración señala que la transformación debe incluir un cambio de las relaciones de poder y de los sistemas de toma de decisiones para construir un poder popular antipatriarcal, además de la reorientación de los sistemas de producción de alimentos hacia sistemas agroecológicos que aseguren la soberanía y la seguridad alimentarias. También insta a la transformación de los sistemas de producción de energía para erradicar las energías contaminantes, y no adoptar formas de energía perjudiciales como las megarepresas o la energía nuclear. Asimismo, se exhorta a que se ponga en práctica la gobernanza participativa del territorio y sistemas de planificación de las ciudades que aseguren el acceso justo y sustentable a la tierra y a los servicios urbanos, además de otros medios necesarios para hacer frente a los efectos del cambio climático.
La declaración también destaca el problema de la “pérdida y el daño”, que se refiere a los efectos negativos del cambio climático para los cuales no hay adaptación posible y a los efectos diferenciados en las poblaciones y comunidades más vulnerables y marginadas, y en los que la ONU denomina “países menos desarrollados”. Exhorta a las personas del Sur a que reciban los fondos necesarios para compensar la pérdida y los daños provocados por el Norte, además de defender los sistemas de solidaridad entre países del Sur.
Se realiza un llamamiento a que las medidas para el financiamiento de la mitigación y la adaptación sean consideradas obligaciones morales y jurídicas. También se obliga a los países industrializados a proporcionar financiamiento seguro y suficiente, que no dependa del mercado. El documento también insta a la rendición de cuentas del sector militar, uno de los principales consumidores de combustibles fósiles y por ende gran responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero.
La Declaración de Margarita será publicada a la espera de comentarios, mediante un proceso que se anunciará más adelante. Se solicitará a los gobiernos que reflexionen sobre la misma durante la Cumbre de Líderes de la ONU que se celebrará el 23 de septiembre en Nueva York. La Pre COP Social de noviembre se realizará en conjunto con la reunión anual ministerial previa a la cumbre sobre clima de la ONU. Representantes de la sociedad civil presentarán a los ministros los puntos más importantes para debatir.
