Desde hace años, denunciamos la violencia despiadada que soportan organizaciones, movimientos sociales y comunidades en Honduras, y el contexto de impunidad empresarial que la permite.

En 2016, la líder comunitaria lenca Berta Cáceres fue asesinada por defender el territorio y los derechos de su pueblo. Hemos estado junto a las comunidades buscando justicia por su asesinato, orquestado por la empresa que quería construir una presa en su río sagrado.

En 2020, cuatro defensores de la comunidad indígena garífuna fueron desaparecidos forzosamente. Pedimos que regresen sanos y salvos y que se ponga fin a los ataques sistemáticos contra la comunidad por parte de las empresas bananeras y de palma aceitera, los acaparadores de tierras y los proyectos turísticos.

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