La UE se ha propuesto establecer la debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambiente para regular las violaciones de derechos humanos y la destrucción ambiental en las cadenas de valor mundiales de las empresas con actividades en la UE, mediante un proyecto de ley de la UE sobre gobierno corporativo sostenible que la Comisión Europea publicó este 23 de febrero.

Sin embargo, la legislación propuesta no cumple su objetivo. Además, si bien son necesarias nuevas leyes de este tipo en la UE, esta directiva por sí sola no resolverá el problema de impunidad empresarial predominante a nivel mundial. La directiva europea ha de ser complementaria –en lugar de sustituir— a un instrumento jurídicamente vinculante de la ONU que cierre las brechas existentes a nivel transnacional que posibilitan la impunidad empresarial.

En este informe, Amigos de la Tierra Internacional esboza sus demandas para una legislación de la UE que prevenga eficazmente las violaciones de derechos humanos y los daños ambientales y mejore el acceso a la justicia y los recursos judiciales para todas y todos  las/os afectadas/os, ya sean personas, comunidades o el medioambiente.

“La nueva ley tan esperada de la UE sobre la debida diligencia de las empresas tiene que venir acompañada del compromiso de la región de participar constructivamente  en las negociaciones de la ONU por un Tratado Vinculante ambicioso y eficaz. La nueva ley no garantizará la necesaria protección y prevención de los derechos humanos de las personas, comunidades y pueblos afectados por la impunidad empresarial, si no se establecen normas jurídicamente vinculantes a nivel internacional”. 

Leticia Paranhos Menna de Oliveira, Coordinadora del programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo, de Amigos de la Tierra Internacional

«Aunque este proyecto de ley reconoce por fin que las empresas son responsables legalmente por las acciones y omisiones de sus filiales, no empodera a quienes son afectadas/os por violaciones de derechos humanos por empresas e intentan llevar a les perpetradores ante la justicia. La gente en Uganda cuyas tierras han sido acaparadas por Total está agotada y hambrienta tras más de dos años de espera para obtener indemnización. No pueden vivir de ’garantías contractuales’».

Jill McArdle, responsable de la campaña por rendición de cuentas de las empresas,  de Amigos de la Tierra Europa