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El siguiente es un artículo de opinión escrito por Kirtana Chandrasekaran, de Amigos de la Tierra Internacional, publicado originalmente por The Ecologist.

Esta semana, mientras movimientos sociales y ambientales de todo el mundo se reúnen en el 3er Foro Global Nyéléni, la necesidad de soberanía alimentaria no podría ser más urgente. La injusticia ambiental y el caos climático se aceleran a diario, impulsados por una estructura económica neoliberal mundial arraigada en el patriarcado y el colonialismo. El agronegocio y las grandes empresas de combustibles fósiles profundizan el hambre, destruyen la biodiversidad, desplazan pueblos y envenenan comunidades, todo mientras obtienen ganancias de la crisis que han creado. 

Frente a esta destrucción, la soberanía alimentaria ofrece no sólo resistencia, sino un camino real para sobrevivir con dignidad. Es la base de la justicia climática. 

Las raíces de la soberanía alimentaria

La soberanía alimentaria fue articulada por primera vez en 1996 por La Vía Campesina, el movimiento mundial de campesinas/os y pueblos rurales. Desde entonces, ha sido adoptada por miles de organizaciones y movimientos sociales en todo el mundo. La Declaración de Nyéléni de 2007 la define como “el derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados, producidos mediante métodos socialmente justos, ecológicamente sanos y sustentables, y el derecho colectivo de esos pueblos a definir sus propias políticas, estrategias y sistemas para la producción, distribución y consumo de alimentos”.

En la práctica, la soberanía alimentaria va mucho más allá de la seguridad alimentaria. Es un movimiento político y un camino vivo hacia la transformación de un sistema alimentario fallido. Reivindica la alimentación como derecho humano, no una mercancía, y pone en el centro la solidaridad, la justicia y la vida por encima del lucro. Defiende la tierra, las semillas y la biodiversidad, reconoce el papel central que tienen las mujeres en la producción de alimentos y exige que las/os campesinas/os, los Pueblos Indígenas, las/os pescadoras/es y las/os agricultoras/es de pequeña escala controlen las decisiones que determinan sus medios de sustento y territorios.

El agronegocio y la crisis climática

Entender por qué la soberanía alimentaria es esencial para la justicia climática significa primero hacerle frente al papel que tiene el agronegocio en el avance de la crisis climática. El sistema alimentario mundial, dominado por el agronegocio, es actualmente responsable por un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este modelo se basa en los agrocommodities: la soja para la cría intensiva de ganado en fábricas agropecuarias, el aceite de palma para los alimentos procesados y los biocombustibles, y la carne industrial para las cadenas mundiales de suministro. Su lógica es clara: maximizar las ganancias a través del uso de monocultivos, insumos químicos y acaparamiento de tierras. Las consecuencias son igualmente claras: bosques arrasados, suelos destruidos, ríos contaminados, biodiversidad perdida, comunidades envenenadas, trabajadoras/es explotadas/os y Pueblos Indígenas desplazados.

El agronegocio no es un sistema defectuoso. Funciona exactamente como se diseñó: convierte la vida en lucro. Y los resultados son devastadores: más de dos mil millones de personas sufren inseguridad alimentaria de moderada a grave a pesar de los niveles de producción sin precedentes, se pierden o desperdician hasta un 40% de los alimentos, y el despojo y la violencia hacia las comunidades rurales en manos de las empresas del agronegocio son permanentes. Todo esto empuja a las comunidades aún más hacia la primera línea de la crisis climática. Los alimentos se han convertido en un medio de acumulación para las empresas, en lugar de una fuente de vida para las personas. La industria de los combustibles fósiles se comporta de manera similar, fruto del mismo sistema de extracción y explotación que desprecia la vida.

Soberanía alimentaria para cambiar de sistema y desmantelar el poder de las grandes empresas

La soberanía alimentaria, sin embargo, ofrece una alternativa sistémica. Al relocalizar (desglobalizar) los sistemas alimentarios, las cadenas de suministro se acortan y las emisiones se reducen. Al poner en el centro a las/os campesinas/os y a los Pueblos Indígenas como poseedores de los conocimientos, protege las semillas, los bosques y el agua. Al rechazar la financierización de la naturaleza, defiende los bienes comunes frente a los mercados especulativos. Y esto ya lo ponen en práctica las/os agricultoras/es de pequeña escala, los Pueblos Indígenas y las mujeres que proporcionan entre el 70% y el 80% de los alimentos del mundo. 

Sin embargo, estas comunidades son sistemáticamente excluidas de la formulación de políticas y de los mercados. Décadas de políticas neoliberales han concentrado el poder en manos de unas pocas empresas transnacionales, por lo que hay un marcado desequilibrio de poder. Las/os trabajadoras/es rurales enfrentan condiciones laborales precarias e informales con poca protección social, como puso de manifiesto de forma tan cruda la pandemia de Covid-19. Las/os defensoras/es de la tierra enfrentan criminalización, amenazas y asesinatos. Y mientras las grandes empresas maquillan de verde su destrucción hablando de “sostenibilidad”, impulsan falsas soluciones a la crisis climática como la geoingeniería, los mercados de carbono y la “agricultura climáticamente inteligente”.

Como movimientos hermanos, los movimientos por la soberanía alimentaria y la justicia climática insisten en que desmantelemos este poder empresarial. Eso significa una reforma agraria integral, el alivio de la deuda y la reparación de los daños históricos. Significa rechazar una “transición verde” que mantiene intactas las desigualdades, intercambiando simplemente los combustibles fósiles por energías renovables mientras deja a millones de personas sin acceso a la energía y mantiene el sistema alimentario bajo el control de las grandes empresas. La justicia climática exige no sólo un cambio técnico, sino una transformación sistémica.

Poder popular para la justicia climática y la soberanía alimentaria

A medida que se acercan las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el clima (COP30) en Belém, Brasil, hay mucho en juego. Las negociaciones oficiales siguen estando dominadas por varios gobiernos que están poco dispuestos a hacerle frente al poder empresarial y por empresas deseosas de “maquillar su imagen de verde”. Sin embargo, de forma paralela, la Cumbre de los Pueblos organizada por cerca de 900 movimientos y organizaciones sociales y ambientales pondrá en el centro las voces de los pueblos y las soluciones reales, y las amplificará. En Nyéléni, los movimientos profundizarán el marco de la soberanía alimentaria, haciendo hincapié en la interseccionalidad del movimiento, abordando las falsas soluciones, oponiéndose al uso de los alimentos y el hambre como arma de guerra y mucho más. 

Quienes lideran realmente estos movimientos están en la primera línea. Son los Pueblos Indígenas y las comunidades que resisten proyectos de minería y petróleo que amenazan su salud, su bienestar y sus tierras. Son las/os campesinas/os y pescadoras/es que defienden la tierra y los mares frente a la extracción. Son las feministas de base que construyen economías de cuidado. En todos los movimientos, sus luchas son visionarias.

La soberanía alimentaria nos enseña que la justicia climática no puede lograrse de arriba abajo, sino que debe construirse de abajo arriba. Es el nombre que le damos a la resistencia contra el despojo y a favor de la reivindicación de la vida por encima del lucro. Desde Nyéléni hasta la COP30 y la Cumbre de los Pueblos la elección es muy clara: o son las élites y las grandes empresas quienes dictan nuestro futuro; o seguimos construyendo, a través de los movimientos y en contra del sistema actual, un mundo en el que la soberanía alimentaria y la justicia climática sean la realidad.