Cerrar las brechas, defender la vida: Un Tratado Vinculante para alcanzar la justicia climática
En la primera parte de esta serie, hicimos hincapié en la necesidad urgente de contar con un Tratado Vinculante de la ONU fuerte en materia de empresas transnacionales (ETN) y derechos humanos y el papel central que tienen las comunidades afectadas a la hora de liderar la lucha por la justicia climática. A medida que se acerca la 11a sesión de negociaciones del Tratado Vinculante y rumbo a la Cumbre de los Pueblos y la COP30 sobre el clima en noviembre, ampliamos nuestro análisis para examinar las enormes brechas jurídicas que le permiten a las grandes empresas evitar tener que rendir cuentas y el papel fundamental que tiene la resistencia popular para subsanar dichas brechas.
Actualmente, los acuerdos internacionales de comercio e inversiones proporcionan a las ETN protecciones y derechos extraordinarios. Los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados otorgan a las grandes empresas el poder de demandar a los gobiernos ante tribunales poco transparentes cuando las políticas públicas amenazan sus ganancias, ya sea porque prohíben la aplicación de plaguicidas tóxicos o cancelan proyectos de combustibles fósiles. Estos tribunales priorizan de forma sistemática las ganancias de las grandes empresas por encima de los derechos humanos, la protección ambiental y la toma de decisiones democrática.
Por otro lado, la legislación internacional en materia de derechos humanos no posee un mecanismo de aplicación equivalente cuando las comunidades sufren daños. Las comunidades afectadas por derrames de petróleo, desplazamientos forzados, contaminación del agua y catástrofes climáticas casi nunca encuentran respuestas significativas contra las grandes empresas que tienen la culpa. Debido a la ausencia de este mecanismo y al carácter transnacional de las ETN, los tribunales nacionales se ven a menudo socavados por los grupos de cabildeo de las empresas o por la falta de jurisdicción cuando estas violaciones cruzan fronteras. Esto tiene como resultado una enorme asimetría. Las grandes empresas disfrutan de derechos aplicables a escala mundial, mientras que las comunidades se ven limitadas a recurrir a una justicia fragmentada, débil o inaccesible.
El Tratado Vinculante, sin embargo, pretende cerrar esta brecha estableciendo obligaciones jurídicamente vinculantes para las grandes empresas en el marco del derecho internacional en materia de derechos humanos. Este Tratado Vinculante crearía herramientas para que las empresas rindan cuentas a nivel transfronterizo. Garantizaría que ninguna empresa transnacional pueda esconderse detrás de complejas redes de subsidiarias o aprovechar las lagunas jurisdiccionales. Esto es fundamental para la justicia climática. Las empresas de combustibles fósiles, gigantes de la minería, el agronegocio y los financiadores no pueden seguir lucrando con la destrucción ambiental mientras le trasladan los costos a las comunidades y el planeta.
Son estas mismas comunidades las que están en el centro del Tratado Vinculante
A la cabeza de la lucha contra esta arquitectura de impunidad están las comunidades que se encuentran en la primera línea de un sistema que sigue poniendo las ganancias por encima de las personas. Su resistencia y sus demandas de supervivencia, dignidad y justicia son un recordatorio de que el verdadero poder del tratado reside en las personas a las que debe servir.
“Para quienes están en la primera línea, la justicia climática no se puede separar del derecho a la vida, la tierra, la alimentación y el agua, la salud y la libre determinación. Las comunidades que enfrentan violencia por parte de las grandes empresas saben de primera mano cómo el orden económico mundial las despoja de sus derechos en nombre del lucro empresarial.”
Letícia Paranhos
Amigos de la Tierra Internacional
Lecciones del 9º Taller de Maputo: Construir poder popular
Esta verdad estuvo muy presente en el 9º Taller de Maputo sobre Impunidad Empresarial y Derechos Humanos, un encuentro panafricanista organizado en julio de 2025 por Justiça Ambiental (JA!) / AT Mozambique, con la participación de Amigos de la Tierra Internacional, la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, aliados, movimientos y comunidades afectadas. El taller reunió a cientos de defensoras/es de la primera línea, organizaciones de base y movimientos para compartir experiencias de violaciones perpetradas por las grandes empresas y encontrar puntos en común entre las luchas, proponiendo un camino hacia el cambio de sistema en tiempos de crisis.
En Maputo, pescadoras/es, agricultoras/es de pequeña escala e integrantes de comunidades afectadas de todo el continente africano describieron cómo los proyectos extractivos han devastado los medios de sustento, contaminado los ecosistemas y desplazado a la población. Denunciaron la forma en la que las grandes empresas silencian la resistencia y exigen indemnización a los Estados que se atreven a regularlas. Sus historias ilustraron el doloroso costo del poder empresarial y la arquitectura de impunidad que lo sostiene.
Pero el Taller de Maputo fue además un espacio de resiliencia y visión. Las/os participantes compartieron estrategias de resistencia: recursos judiciales contra los megaproyectos, movilizaciones para defender la tierra y el agua, aprendizajes de los movimientos históricos, demostraciones de solidaridad internacionalista y construcción de alternativas lideradas por las comunidades y arraigadas en la soberanía alimentaria y en soluciones reales ante la crisis climática.
“Las comunidades no esperan a las negociaciones de la ONU en Ginebra para actuar. Están luchando activamente por la justicia contra el poder empresarial, y es el Tratado Vinculante el que tiene que reflejar esta realidad y rendir cuentas a esas vidas y medios de sustento que están siendo atacados en el terreno”.
Anabela Lemos
Directora de JA! / AT Mozambique
El Tratado Vinculante debe ser un instrumento forjado con y para los pueblos más afectados por la violencia empresarial.
Hacia la justicia climática
En un momento en el que las negociaciones por el Tratado Vinculante entran en una etapa decisiva, se abren dos caminos. Uno es seguir con el statu quo mientras los grupos de cabildeo empresarial diluyen el tratado y lo convierten en directrices voluntarias, mientras los tribunales del ISDS siguen castigando a los Estados por exigir que las ETN rindan cuentas, y las comunidades sufren. El otro camino es una ruptura, un Tratado Vinculante que elimine los vacíos legales del derecho internacional, establezca normas aplicables a las ETN y dé un paso adelante significativo y muy necesario para que las comunidades tengan acceso a la justicia más allá de las fronteras.
Esta lucha en Ginebra es inseparable de las luchas en Mozambique, en la Amazonia, en el Delta del Níger, Palestina e Indonesia, y en innumerables otros lugares de resistencia. La justicia climática no puede lograrse mientras reine la impunidad empresarial.
A medida que se acercan la Cumbre de los Pueblos y la COP30 de Belém, Brasil, las voces de las comunidades afectadas y del Taller de Maputo nos recuerdan lo que está en juego. La justicia climática significa poner fin a la arquitectura de la impunidad, desmantelar el poder empresarial y poner en el centro el liderazgo de los pueblos más afectados. Significa hacer que las empresas rindan cuentas, no ante las ganancias de los accionistas, sino ante los derechos de los pueblos y el medioambiente.
