En junio de 2025, el Tribunal Supremo de Sri Lanka dictó una sentencia histórica: la aplicación del principio de “quien contamina paga” por la destrucción medioambiental causada frente a las costas de Sri Lanka por los restos derivados del naufragio del buque X-Press Pearl. Esta sentencia, que obliga al operador del buque y a su aseguradora a pagar una suma inicial de 1.000 millones de dólares, supone un hito en la justicia medioambiental internacional. Más allá de la histórica suma económica en juego, la sentencia sienta un precedente legal a nivel nacional: por primera vez un desastre medioambiental se trata como un delito; y a nivel internacional, este caso marca un paso crucial para exigir responsabilidades a las empresas por la destrucción del medio ambiente marítimo.

El mayor vertido marino de plástico registrado en el mundo

El 20 de mayo de 2021, el buque portacontenedores X-Press Pearl, con bandera de Singapur, se incendió a pocos kilómetros de la costa de Colombo, capital de Sri Lanka. Cuando se enteró de la peligrosa carga del buque, Hemantha Withanage, presidente del Center for Environmental Justice (CEJ) / Amigos de la Tierra Sri Lanka, alertó inmediatamente a los medios de comunicación y al Parlamento sobre lo que estaba en juego.

El buque transportaba contenedores con productos químicos peligrosos, entre ellos veinticinco toneladas de ácido nítrico y más de 80.000 millones de pellets de plástico, también conocidos como “gránulos”. El buque explotó el 25 de mayo, vertiendo la peligrosa carga al océano, y finalmente se hundió el 2 de junio, tras varios días de lucha contra el fuego,. Las consecuencias del naufragio fueron inmediatas: los productos químicos se extendieron por las aguas de Sri Lanka y oleadas de gránulos de plástico llegaron a orillas de las zonas costeras del oeste, sur y norte de Sri Lanka. El gobierno esrilanqués pidió rápidamente a las comunidades pesqueras que detuvieran sus actividades debido a los altos niveles de contaminación que se esperaban.

El daño del vertido se extendió mucho más allá de la contaminación visible. La vida marina sufrió enormemente: más de 170 tortugas, 20 delfines y 4 ballenas fueron hallados muertos en las playas de Sri Lanka en las semanas posteriores al hundimiento, una primera señal del daño causado.

Estudios posteriores del CEJ revelan que todo el ecosistema había resultado dañado, con niveles extremos de sustancias químicas detectados en peces pequeños, cangrejos y crustáceos, lo que amenaza a largo plazo los medios de vida de las comunidades pesqueras locales.

El Tribunal Supremo de Sri Lanka dicta una sentencia histórica en aplicación del principio de “quien contamina paga”.

Ante este desastre sin precedentes, las comunidades y organizaciones locales se quedaron con una pregunta: ¿cómo se podía obtener un fallo judicial justo y una reparación?

Aunque el CEJ había dado la voz de alarma sobre el peligro potencial del barco en llamas, también se movilizó para que se hiciera justicia. A los pocos días del hundimiento, la organización ambiental presentó una demanda ante el Tribunal Supremo de Sri Lanka junto con dos integrantes de las comunidades pesqueras. Durante los años que duró el juicio, el CEJ desempeñó un papel fundamental al documentar los impactos de la catástrofe en el medio ambiente en dos informes, y al esbozar el daño global. La organización defendió la justicia ambiental y los derechos de las generaciones futuras a lo largo del proceso judicial, ya que el desastre marítimo del X-Press Pearl puede causar una contaminación duradera en la región.

La sentencia dictada en junio de 2025 por el Tribunal Supremo de Sri Lanka es un hito no solo para Sri Lanka, sino para la justicia ambiental en todo el mundo. La resolución sobre el mayor vertido marino de plástico registrado en el mundo es la primera aplicación concreta a nivel mundial del principio de “quien contamina paga” en un caso de esta magnitud. Sienta un precedente legal: las empresas ahora serán responsables de su contaminación. Esta sentencia, que indemniza al estado de Sri Lanka por la contaminación provocada por el hundimiento del buque, no solo contribuye al reconocimiento del ecocidio como delito, sino que también centra adecuadamente el impacto de esta contaminación en los medios de vida de las comunidades locales.

El Tribunal Supremo hizo hincapié en que el propietario, el operador y el agente local del X-Press Pearl habían ocultado deliberadamente información crítica, precisa y completa sobre el estado del buque al entrar en aguas de Sri Lanka. Al hacerlo, impidieron que las autoridades locales tomaran las medidas adecuadas para gestionar la crisis a bordo y aplicaran medidas para proteger los ecosistemas marinos y las comunidades costeras de Sri Lanka. El Tribunal declaró al propietario, al operador y al agente local del buque responsables solidariamente, en virtud del principio de «quien contamina paga», por la contaminación que causaron. Además, deben realizar un pago inicial de 1.000 millones de dólares al estado esrilanqués. Esta sentencia histórica envía un mensaje claro: la impunidad corporativa de los contaminadores internacionales empieza a sufrir duros reveses.

La lucha continúa: las empresas transnacionales deben rendir cuentas de sus acciones

Aunque el veredicto es claro, X Press Feeders, la empresa que posee el barco X Press Pearl, y sus aseguradoras siguen negándose a pagar. El caso judicial está resuelto, es hora de que se ejecute la sentencia. La destrucción generalizada no puede abordarse sin una financiación adecuada, y poblaciones como las comunidades pesqueras siguen esperando la indemnización a la que tienen derecho.

Amigos de la Tierra Internacional se une a CEJ y a otras organizaciones y comunidades que reclaman justicia: las empresas transnacionales deben rendir cuentas y pagar por los daños que causan, en todas partes y sin excepción. Necesitamos urgentemente un instrumento internacional jurídicamente vinculante que regule a las empresas transnacionales en materia de derechos humanos, para garantizar que todos los pueblos reciban un trato justo y poner fin a la impunidad corporativa de una vez por todas.