“No saldremos de La Puya”

Bombas de gas lacrimógeno y balas sobre adultos, niños, niñas, ancianos y ancianas, arrojadas por fuerzas de seguridad pública. Un escenario del que sin ningún pudor, cada vez más Estados de América Latina vienen haciéndose protagonistas. El uso de vergonzoso de este tipo de violencia tiene un fin común a estos casos: quitar comunidades de territorios vistos como fuente de negocio y lucro para grandes empresas trasnacionales.

Este es el caso de la región de La Puya, en el departamento de Guatemala. Hace 2 años y 3 meses que las comunidades decidieron iniciar una resistencia pacífica a la implementación a fuerza del proyecto de minería de oro a cielo abierto Progreso VII Derivada, de la minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates y las subsidiarias Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA) y Servicios Mineros de Centro de America. Proyecto del que las comunidades no fueron ni informadas, y mucho menos consultadas sobre su pertinencia o no.

A pesar del marcado carácter pacífico de la resistencia, durante este tiempo las amenazas y atentados en contra de los dirigentes y dirigentas de la comunidad han sido constantes. La forma de defensa que han encontrado en La Puya ha sido el bloqueo de la entrada al área prevista para la explotación minera, realizada por turnos por decenas de personas día y noche.

Puede escuchar la entrevista completa

El viernes 23 de mayo, 200 agentes de la Policía Nacional Civil de la división antidisturbios avanzaron sobre el bloqueo, custodiando la maquinaria que se disponía a ingresar a la mina.“Después de 7 intentos fallidos de ingreso al territorio, esta vez lograron ingresar, pero lo lograron con abuso de autoridad, con dispositivos impresionantes de policías utilizados por el gobierno para apoyar el sector empresarial”, comenzó describiendo en entrevista con Radio Mundo Real, la dirigenta Yolanda Oqueli, los hechos de violencia.

“Hay varias compañeras hospitalizadas; hay una joven compañera que le rompieron el cráneo con una bomba lacrimógena, porque esta gente no las lanzaban al aire, las lanzaban al cuerpo, a la cara, al pecho de la gente que estaba resistiendo”, relata Oqueli, quién también fue víctima de un atentado el 13 de junio de 2012, y que le dejó una bala alojada en el cuerpo.

Los dispositivos policiales quedaron instalados en la zona, son “45 radiopatrullas de la división antidisturbios que están ahí intimidándonos”, cuenta Oqueli, pero a la vez asegura:“a pesar de eso nosotros mantenemos la calma y seguimos más fuertes que nunca”. Los turnos del bloqueo al ingreso pasaron de tener cerca de 50 a 300 personas, según informó la dirigenta.

Todas las armas posibles

Pero la violencia lisa y llana no es la única arma que viene utilizando el gobierno y la empresa para intentar llevar a cabo el proyecto minero. La charla con Oqueli se realizó luego que saliera de la Torre de Tribunales en Ciudad de Guatemala. Ella y varios dirigente más enfrentan cargos por “coacción, amenazas y retención ilegal”, un proceso judicial iniciado por la minera.

“Ya hay tres compañeros que recibieron sentencias de 9 años, con multas y reparación de daños exageradas: cada uno de ellos tiene que pagar 32 mil quetzales de fianza. Son gente campesina que no tiene ingresos, y sin embargo no les importó”, explicó la dirigenta. “A mí por falta de méritos, el juez me ha dejado desligada del proceso, aunque dio 3 días para que la empresa apele, y que nuevamente pueda ser yo juzgada.”

Sus otros cuatro compañeros no corrieron la misma suerte, y fueron sentenciados con prisión domiciliaria.

Oqueli es enfática al señalar que a pesar de todas estas armas utilizadas por la empresa, la resistencia se mantendrá: “Seguimos de pie, la lucha no ha acabado, y ahora es más fuerte que nunca. Ayer hubo una caravana en la cual llegaron más de 1 200 personas de la cabecera de San José del Golfo, a unirse a La Puya. El actuar de ellos nos hace más fuertes”.

Escuche el audio de la entrevista completa con Yolanda Oqueli. Ayudanos a difundir su voz.

Video de parte del desalojo:

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