El 10 de julio culminó en Ginebra la primera sesión de negociaciones de las Naciones Unidas sobre normas jurídicamente vinculantes para las empresas trasnacionales [1] con expectativas elevadas de lograr un proceso hacia un tratado que podría finalmente brindar justicia y protección a millones de personas.

Las negociaciones para comenzar a elaborar un tratado sobre empresas y derechos humanos tuvieron lugar el 6 de julio en Ginebra. Organizaciones de la sociedad civil de todas partes del mundo participaron en la reunión y demostraron coordinación y una serie de propuestas y análisis profundos sobre la necesidad urgente de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para impedir las violaciones de los derechos humanos y brindar justicia y compensaciones a las personas afectadas.

 

La sociedad civil a nivel nacional e internacional realizó un fuerte trabajo de preparación. Movimientos de Indonesia y Brasil, por ejemplo, combinaron propuestas para el tratado basadas en las voces de las personas afectadas, en casos concretos de violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas y en el trabajo de incidencia para presionar a los gobiernos nacionales a que participen de una manera proactiva.

 

Las empresas son a menudo responsables de violaciones de los derechos humanos. Estos crímenes quedan impunes debido a las lagunas en el derecho internacional, la ausencia o debilidad de políticas nacionales o la corrupción del sistema judicial en los países de donde las empresas trasnacionales son originarias o donde realizan actividades. Muchas empresas son más ricas y más poderosas que los Estdados que pretenden reglamentar su actividad. El financiamiento de las empresas de candidatos politicos también genera impunidad para las trasnacionales.

 

“Los Estados miembros de las Naciones Unidas y panelistas especializados realizaron un importante progreso para abordar esta tarea difíficil, pero fundamental. También aplaudimos la formidable movilización de las organizaciones de la sociedad civil”, afirmó Lucia Ortiz, coordinadora del programa Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional.

 

La Unión Europea (UE) y varios países, en su mayoría ricos, estuvieron en gran medida ausentes en las negociaciones debido a que, según alegaron, la negociación de un tratado jurídicamente vinculante distraería la atención de la aplicación de los principios de las Naciones Unidas (un conjunto de directrices voluntarias para las empresas).

 

“La creciente ocurrencia de violaciones de los derechos humanos perpetradas por trasnacionales o en su nombre demuestra que las directrices voluntarias son totalmente insuficientes y que no se debería confiar a las empresas trasnacionales la vigilancia de sus propias actividades”, declaró Anne van Schaik, campañista de Economía Sustentable de Amigos de la Tierra Europa.

 

“Empresas trasnacionales con un terrible historial de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el Sur global tienen su sede en muchos países de la UE. Las organizaciones europeas de la sociedad civil han aunado esfuerzos para defender la imposición de normas para las empresas y de derechos para las personas, lo que hace aún más vergonzosa la falta de interés de los gobiernos de la UE en presionar a las empresas a que respeten los derechos”.

 

“Durante décadas los movimientos sociales han exigido un tratado jurídicamente vinculante y han insistido en que se ponga fin a la influencia de las empresas en las Naciones Unidas. Sin embargo, el año pasado, muchas personas aún consideraban que un tratado como el que la ONU está elaborando sería imposible”, afirmó Irhash Ahmady de Amigos de la Tierra Indonesia, “pero esta semana se ha demostrado que existe voluntad política, los expertos consideran que es posible y muchos Estados y personas están dispuestos a hacerlo posible”.

 

“La mayoría de los Estados vinieron a las negociaciones con la mente abierta y con el valor suficiente para finalmente promover un área que ha sido abandonada en el derecho internacional”, sostuvo Ricardo Navarro, director de Amigos de la Tierra El Salvador. “Este valor será crucial antes de la siguiente ronda de negociaciones. Los Estados y la sociedad civil deben trabajar para mantener el impulso, llevar a más Estados a la mesa de negociaciones y consultar ampliamente. Las personas afectadas, que luchan contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas trasnacionales, deben ser parte de esta consulta, así como los expertos y las propuestas, de modo de que la impunidad sea algo del pasado”.

 

Una delegación de Amigos de la Tierra Internacional asistió a las negociaciones como parte de la Campaña para Desmantelar el Poder de las EmpresasTrasnacionales y como miembro de la Alianza del Tratado: juntos forman un movimiento de más de mil organizaciones que representa a decenas de millones de personas en todo el mundo.

 

 

Para más información:

 

Lucia Ortiz, coordinadora del programa Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional:

+ 55 48 99150071 o lucia@natbrasil.org.br

 

Alberto Villarreal, campañista de comercio e inversiones de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe: +41 79 429 4275 o comerc@redes.org.uy

 

Anne van Schaik, campañista de Economía Sustentable de Amigos de la Tierra Europa: +31 6 243 43968 o anne.vanschaik@foeeurope.org

 

Ricardo Navarro, director de Amigos de la Tierra El Salvador: + 503 78 887 567 o email foeelsalvador@hotmail.com

 

Irhash Ahmady, Amigos de la Tierra Indonesia: +62-81572222066 o rirhaz@walhi.or.id
O visite: https://www.foei.org/what-we-do/towards-binding-treaty-transnational-corporations-human-rightshttp://www.treatymovement.com/# ; http://www.stopcorporateimpunity.org and http://www.radiomundoreal.fm/basta-de-impunidad-corporativa-258

 

NOTAS

[1] El mandato abierto del grupo de trabajo intergubernamental es definido en la resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement

 

Imagen: Victor Barro/ Amigos de la Tierra International