Las empresas transnacionales gozan de enormes poderes. Tienen másrecursos que muchos países, pero no siempre ejercen su poderío con cuidado, como dejan en evidencia los numerosos ejemplos de violaciones de derechos humanos y daño ambiental ocasionados por grandes empresas. A pesar de estos delitos, ha sido casi imposible llevar a juicio a las empresas transnacionales a nivel internacional, lo que deja impunes a varios de los peores infractores.

El 26 de junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución que estableció la creación de un grupo de trabajo intergubernamental con el fin de establecer normas vinculantes para las empresas en materia de derechos humanos, un proceso comúnmente referido como el «Tratado». Esta decisión histórica significa que la legislación internacional sobre derechos humanos será por primera vez aplicable a las actividades de las empresas transnacionales. 

La Comisión Europea y los Estados miembro de la UE se enorgullecen asegurando que promueven activamente y defienden los derechos humanos tanto a nivel nacional como en el extranjero.1 Pero la misión permanente de la UE en Ginebra y los Estados miembro han intentado frustrar y descarrilar el avance de este grupo de trabajo. En su lugar, la UE prefiere apostar únicamente a una serie de principios voluntarios. Esto significaría que no se podrá responsabilizar judicialmente a las grandes empresas por violaciones de derechos humanos.

Sin embargo, la UE no titubea cuando el asunto es garantizar un trato privilegiado para las grandes empresas en todo el mundo mediante tratados de inversiones y acuerdos comerciales. Estos a menudo establecen tribunales privados favorables a las empresas (que la UE ahora denomina sistema de tribunal de inversiones en el contexto de las negociaciones del TTIP entre la UE y EEUU), con atribuciones y poder suficiente para obligar a los gobiernos

nacionales a indemnizar a las empresas extranjeras por cualesquier nuevas leyes o reglamentaciones que reduzcan sus tasas de ganancias.

Este sistema judicial paralelo es de acceso exclusivo para las grandes empresas, o más específicamente para los inversionistas extranjeros, y está sesgado a su favor. Y el problema está a punto de agravarse enormemente, en la medida que las negociaciones por un tratado de libre comercio entre la UE y Estados Unidos (TTIP) y un tratado de libre comercio con Canadá (CETA) ampliarían significativamente el alcance de los tribunales pro-empresariales.

Esta gacetilla describe cómo la Comisión Europea y los Estados miembro de la UE están presionando agresivamente por derechos para las grandes empresas, mientras se niegan a participar constructivamente en las discusiones de la ONU en pos de establecer derechos para las personas y los pueblos afectados por las actividades de esas empresas.