Imagina un proyecto empresarial ambiental o socialmente destructivo –por ejemplo una mina tóxica que podría envenenar las fuentes locales de agua, o un proyecto inmobiliario de lujo que desplazaría a cientos de personas de sus hogares. Tú y tu comunidad se oponen a esos planes, los tribunales os dan la razón y ordenan frenar el proyecto. ¿Todo indicaría que la comunidad salió victoriosa, verdad? Pero la empresa que sostiene el proyecto opta por demandar a tu país por interferir con sus ganancias, exigiendo millones o incluso miles de millones de dólares en compensación. El juicio se lleva a cabo en un pseudo-tribunal sesgado cuyos dictámenes son financieramente tan onerosos y devastadores para los países que éstos muchas veces responden ofreciendo enormes concesiones, incluso revertir sus propias leyes.

Por desgracia, no hace falta que imagines nada de esto. Es lo que ya está ocurriendo en la vida real. Al abrigo del mecanismo de solución de controversias de los inversionistas con los Estados (el régimen inversionista-Estado conocido como ISDS por sus siglas en inglés) y su sistema judicial paralelo, las grandes empresas y compañías pueden demandar a los países toda vez que consideren que las decisiones del gobierno o los dictámenes de los tribunales locales afectan sus ganancias. Un nuevo informe del Transnational Institute, Corporate Europe Observatory y Amigos de la Tierra Europa/Internacional analiza en profundidad diez casos de demandas ISDS recientes.    

Tras la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de prohibir la minería en un ecosistema delicado que provee de agua potable a millones de colombianas y colombianos, la empresa minera canadiense Eco Oro demandó al país por US$764 millones por concepto de indemnización. Cuando los tribunales croatas cancelaron los permisos ilegales concedidos a un lujoso complejo de golf en la ciudad de Dubrovnik, Croacia fue sacudida por una demanda de indemnización por US$500 millones. Rumania se está defendiendo de una demanda alarmante en su contra por US$5.700 millones interpuesta por la empresa minera canadiense Gabriel Resources después que los tribunales nacionales declararon que la mina de oro tóxica propuesta por la empresa en Roşia Montana es ilegal. Estos son apenas tres de los diez casos analizados en el informe, interpuestos, concluidos o con los cuales se amenazó desde 2015.

El informe pone al descubierto las historias personales y colectivas que entrañan estos procesos ISDS que suelen ser muy opacos o secretos. Son procesos que implican casi mil demandas conocidas hasta la fecha, al amparo de las cuales los gobiernos han sido demandados por un total de más de US$623 mil millones por concepto de indemnizaciones. Es hora de terminar con estos tribunales que les deparan a las grandes empresas un trato con alfombra roja.

Lee el informe que figura a continuación y encuentra más detalles sobre estas demandas ISDS en el sitio web dedicado.