Amigos de la Tierra Internacional denuncia el trágico y brutal asesinato de seis campesinos en la Amazonía peruana el 1 de septiembre.

Los hombres asesinados, Jorge Calderón Campos (33), Elías Gamonal Mozambique (31), Feliciano Córdova Abad (71), Edil Córdova López (41), Alcides Córdova López y Orlando Burillo Mendoza (53), eran miembros de la Asociación Agrícola Bello Paraíso en la región de Ucayali, Perú.

Estos asesinatos corresponden a un patrón global de violencia contra defensores del ambiente, de los territorios ancestrales y de las comunidades, y de impunidad para sus asesinos. Esta violencia debe terminar.

La evidencia apunta a que la masacre podría ser parte de una campaña violenta para expulsar a los agricultores locales y las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales, para imponer plantaciones de aceite de palma sin su consentimiento.

Este repudiable hecho es el último acto de violencia en la región de Ucayali, una región conocida por «tráfico de tierras»: un ataque en el que se presume que bandas criminales usan la violencia para tomar control de las tierras forestales.; luego venden las tierras a empresas agroindustriales para convertirlas en plantaciones.

La nueva masacre ocurre tres años después del asesinato del activista de derechos humanos Edwin Chota y varios defensores indígenas del bosque Ashininka, un crimen que  aún no ha sido investigado debidamente, permitiendo la impunidad.

Instamos a las autoridades peruanas a tomar inmediatamente las siguientes medidas:

  • Intervención del Ministerio del Interior y la policia para proteger a los/as dirigentes indígenas, incluyendo la adopción de medidas especiales de seguridad para las mujeres que defienden su territorio ancestral.
  • Investigación diligente de la Policía de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (DIRINCRI) para  llevar a los actores intelectuales y materiales de la masacre ante la justicia.
  • Aceleración de parte del Ministerio Público de las investigaciones sobre las denuncias de casos de tráfico de tierras – incluyendo la investigación de las empresas de palma aceitera y madera dura que se podrían estra beneficiando de este posible tráfico.
  • Aceleración desde el Poder Judicial de los procesos penales contra los traficantes, y dictar sentencias en los procesos constitucionales en defensa de las comunidades indígenas.
  • Finalización de la emisión  de documentación de posesión de tierras sin procesos trasparentes y en legalidad; y avanzar en la entrega de títulos para los territorios ancestrales de la comunidad bajo los preceptos de los convenios internacionales vigentes, absteniéndose de entregar derechos a terceros sobre los territorios ancestrales de las comunidades indígenas.
  • El Ministerio de Agricultura debe procesar activamente a las empresas agroindustriales que alientan o que se beneficien del tráfico de tierras y la violencia.
  • La Oficina del Defensor del Pueblo debe impulsar una acción rápida del gobierno.
  • Poner fin a las acusaciones de instigación a la violencia que se generan hacia las organizaciones ambientalistas y los/as defensores/as de los territorios

Los ataques contra los defensores del medio ambiente amenazan la justicia ambiental, social y de género, los derechos de los pueblos y sus derechos humanos en todas partes del mundo.