La detención del ex presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva “contra derecho”, y la velocidad con que se lo procesó, dejaron en evidencia, una vez más, la arremetida de la derecha política, económica, mediática y judicial conservadora contra los avances de las clases populares en nuestro país. Nadie debería confundirse: no es la justicia lo que está en juego, es el intento desesperado de las clases dominantes para que Lula no sea candidato en las elecciones nacionales de octubre y para frenar el avance de la agenda de derechos para las mayorías.

Por eso en estos días históricos en Brasil decir “Lula Libre” va mucho más allá de una preferencia por un partido político (el ex mandatario pertenece al Partido de los Trabajadores, PT) o un determinado candidato. La lucha para que Lula pueda presentarse a los comicios es el rechazo del pueblo organizado (campesino, trabajador, estudiantil, feminista, ambientalista, negro, indígena, entre tantos otros actores) al retroceso en materia de logros para las clases populares, obtenidos por nuestro despertar de conciencia.

É Golpe, son muchos golpes

Lula fue condenado en julio de 2017 por el juez federal Sergio Moro a nueve años y medio de prisión, por corrupción pasiva y lavado de dinero, en el marco del caso “Lava Jato”. Moro alegó que Lula da Silva sería el dueño oculto de un apartamento tríplex en el municipio de Guarujá, en el litoral del estado de São Paulo, que le habría dado la constructora OAS a cambio de que el ex presidente intercediera para conseguirle contratos de trabajo con la petrolera estatal Petrobras.

En enero de este año el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4), en la ciudad de Porto Alegre, aumentó la condena a 12 años y un mes de cárcel, en régimen cerrado (sin derecho a prisión domiciliaria). El 4 de abril el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte brasileña, negó el recurso de “habeas corpus” solicitado por la defensa legal de Lula para evitar su arresto mientras se agotan todas sus apelaciones judiciales. Inmediatamente el juez Moro dio plazo hasta el 6 de abril a Lula para entregarse a cumplir su condena, lo que el ex mandatario acató un día después y luego de un masivo acto público en las afueras del sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo, en San Pablo.

Centenares de jueces y abogados, entre otros actores de la justicia, nacionales y extranjeros, han alertado que el proceso contra Lula ha sido inconstitucional y sin pruebas, y que la acción de Moro al pedir la entrega inmediata del candidato del PT fue extremadamente presurosa y exagerada, porque no se trataba de un criminal en fuga.

Para nosotros y nosotras, los movimientos populares, toda la parafernalia legal sin nada que demuestre que el apartamento en cuestión es de Lula, es la cubierta de una operativa política que busca evitar que el ex mandatario, que llega a niveles de 80 por ciento de aprobación en algunas partes del país, vuelva a gobernar. 

La prisión de Lula es la consumación de la segunda etapa del Golpe de Estado iniciado en 2016 con la destitución ilegítima de la entonces mandataria Dilma Rousseff, también del PT, que había ganado las elecciones en 2014 con los votos de más de 50 millones de brasileños. Su derrocamiento fue fruto de una maniobra parlamentaria, judicial y mediática, que desmanteló y privatizó la política para entregar el país a banqueros, corporaciones transnacionales y las elites conservadoras nacionales, que sustentan ahora al ilegítimo y servil presidente de facto Michel Temer.

Servil por ejemplo con empresas que podemos llamar de “criminales climáticas”, como las petroleras Shell y Chevron, que apoyaron el mandato de Temer, obtuvieron a cambio modificaciones en su favor de la ley de exploración de las reservas nacionales de petróleo en el mar (descubiertas tras décadas de inversiones públicas por Petrobras), y ahora avanzan para asegurarse espacios de control sobre la empresa estatal.

Cuestión de vida o muerte

Hay que decir las cosas claramente: en Brasil lo que está en disputa es el derecho de la gente a la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, y a vivir sin miedo. Con Temer tuvimos un retroceso de varias décadas en materia por ejemplo de otorgamiento de créditos para la agricultura familiar, de programas masivos de vivienda popular y de desarrollo y rescate cultural. El avance ha sido para el agronegocio de las transnacionales y las elites agrarias nacionales. Los gastos en educación y salud fueron congelados por los próximos veinte años por una enmienda constitucional aprobada por el Congreso y sancionada por Temer. Programas sociales y políticos del PT para las mujeres fueron desbaratados completamente o sus presupuestos reducidos drásticamente, en un contexto en el que, además, el costo de la canasta básica se multiplicó varios puntos y el salario mínimo se redujo. La próxima contrarreforma –de la seguridad social– caerá una vez más sobre las espaldas de las mujeres y de la clase trabajadora, mientras se garantiza un mega negocio para los bancos privados.

Así lo denuncian por ejemplo el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), por nombrar sólo dos referentes de los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo respectivamente, que aglutinan a la resistencia contra la dictadura en el país. A ellos se suman actores como la Marcha Mundial de las Mujeres, la Central Única de los Trabajadores, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el Movimiento de Afectados por Represas, el Movimiento de Mujeres Campesinas, por nombrar algunos más en unidad y lucha en defensa de la democracia.

Es que en Brasil está en juego la vida misma, por eso la unidad de las izquierdas y del pueblo es fudamental para defenderla.

En febrero el gobierno ilegítimo ordenó -luego de un carnaval marcado por el histórico desfile en Río de Janeiro de la Escuela de Samba Paraíso do Tuiuti, que preguntaba “¿está extinta la esclavitud?”- que el Ejército asumiera las tareas de seguridad en esa ciudad. La intervención militar ganó tiempo para los negociados de Temer, pues durante un estado de sitio no se pueden votar enmiendas constitucionales como la Reforma de la Seguridad Social, para la cual el gobierno de facto no tenía los votos necesarios asegurados. El 14 de marzo fue asesinada la defensora de derechos humanos Marielle Franco, que era una de las voces más combativas contra la ocupación militar de las favelas. La activista era además lesbiana, negra, feminista, socióloga y concejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Un día antes de ser abatida a balazos junto al conductor del vehículo en el que viajaba, Anderson Pedro Gomes, que también falleció, y su asesora Fernanda Chaves, sobreviviente, Franco había denunciado los continuos abusos del Ejército en la región de Irajá, en la comunidad de Acari, en Río de Janeiro.

En tanto, el 24 de enero había sido asesinado el dirigente del MST Márcio Oliveira Matos, de 33 años, que hace más de diez años vivía en el asentamiento Boa Sorte, en el municipio de Iramaia, región de Chapada Diamantina, en el estado de Bahía. Según un informe de enero de Front Line Defenders, Brasil y Colombia son los países donde hubo más defensores de derechos humanos asesinados en 2017, 156 entre los dos, de un total de al menos 212 en América Latina. En tanto, la CPT, que se especializa en el análisis de los conflictos en el campo de Brasil, dijo que ese tipo de violencia batió récord el año pasado y fue el mayor número desde 2003, con 70 asesinatos.

Nuestra América Latina conoce de memoria los avances de las fuerzas imperialistas sobre los procesos democráticos. Brasil hoy nos retrotrae al golpe militar de 1964 en el país, que torturó a miles de militantes, desapareció y asesinó a otros cientos, y condenó a partidos políticos de izquierda a la clandestinidad. El día antes que el Supremo Tribunal Federal brasileño negara el habeas corpus a Lula, el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Boas, afirmó que repudiaba la “impunidad” y que la fuerza que representa estaba “atenta a sus misiones institucionales”.

Revivimos el colonialismo y racismo que subyugó a nuestros pueblos indígenas y afro descendientes a la esclavitud, la expropiación y el genocidio. La ola machista que en el parlamento despidió a Dilma con el grito de “chau querida” y que asesinó a Marielle busca negar nuestras conquistas históricas, quitarnos del espacio político para llevarnos al espacio de degradación patriarcal de la división sexual del trabajo, a la caza de brujas de los tiempos de la Inquisición.

Sin embargo, hoy más que nunca los movimientos sociales luchamos por más democracia, popular, participativa. Asumimos nuestro rol de sujetos del cambio y construimos unidad en la lucha por soberanía. Por eso todos y todas somos Marielle, Márcio, Lula, los defensores de los bienes comunes, de los territorios y de la democracia que son atacados, perseguidos, asesinados. Es así que decir hoy “Lula Libre” es luchar por el cambio de sistema y asumirse como parte de esa responsabilidad histórica.

"Lula por Brasil” caravan, 18 August 2017 © Mídia Ninja

«Lula por Brasil” caravan, 18 August 2017 © Mídia Ninja

Imagen principal: «Lula por Brasil” caravan, 23 October 2017 © Mídia Ninja