La voluntad de los pueblos llevará el tratado de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos al próximo nivel

La semana de negociaciones en Ginebra, donde hubo más de 200 organizaciones de la sociedad civil de 80 países, una presencia sin precedentes de 101 Estados miembro, un intento por parte de la UE de hacer descarrilar el proceso  y donde se hicieron aportes vitales al contenido del tratado, llegó a su fin el 27 de octubre con una gran victoria para los pueblos: En 2018 se desarrollará el primer borrador de un tratado vinculante y habrá más negociaciones.

«Amigos de la Tierra Internacional recibe con beneplácito las recomendaciones del informe de la presidencia y se compromete a continuar involucrados activamente en el camino hacia la cuarta sesión de negociaciones en 2018. El liderazgo constructivo de la presidencia posibilitó llegar a una conclusión positiva en la tercera sesión del IGWG. Esperamos ahora con ansia el borrador cero de la presidencia y las negociaciones del año próximo».

Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional

Con objeciones al procedimiento y distintas cuestiones técnicas, la UE intentó hacer descarrilar el proceso, tal como explica Anne van Schaik de Amigos de la Tierra Europa:

«La amenaza de la UE de bloquear el proceso, ocultándose detrás de excusas técnicas y procedimentales, es totalmente inaceptable. La Comisión siempre se mostró reticente a ser parte de un proceso para el establecimiento de un tratado que mejore el acceso a la justicia para los pueblos afectados cuando hay muchas empresas europeas involucradas en violaciones de derechos humanos y ambientales fuera de la UE. Esto representa un marcado contraste con sus esfuerzos para hacer avanzar el Tribunal Multilateral de Inversiones, donde se estima que contribuirá anualmente con 5.400.000 de euros en concepto de costos operativos. ¿Por qué no invertir este dinero, tiempo y energía en el establecimiento de un tratado vinculante en el marco de la ONU?

Más allá del intento de sabotaje, la sesión en Ginebra estuvo, una vez más, liderada  por  los pueblos en pos de un tratado para los pueblos.

“Durante toda la semana, la presencia y las voces de las comunidades afectadas, los movimientos sociales y los pueblos indígenas que defienden sus cuerpos, su dignidad, sus territorios, medios de sustento y bienes comunes, nos dieron la fuerza para impugnar y derribar los muros de la impunidad y el colonialismo».

Lucia Ortiz, coordinadora del programa internacional de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional.  

De hecho, ante el aumento de la violencia contra aquellas personas que defienden la vida y los territorios contra los intereses de las empresas transnacionales, un tratado vinculante no solo es esencial, sino que es una responsabilidad histórica urgente, tal como demostraron los representantes de Amigos de la Tierra a lo largo de la semana.

Los ejemplos de violaciones de derechos humanos  abundan en la región Asia Pacífico. Tal como explicó Khalisah Khalid de WALHI / Amigos de la Tierra Indonesia en el plenario de la ONU:

“Entre las violaciones de derechos humanos perpetradas por las empresas transnacionales encontramos ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y acoso. Estas afectan al medioambiente y las comunidades locales. Las mujeres y niños son los que más sufren como resultado de las violaciones de derechos humanos».

Khalisah Khalid, WALHI/Amigos de la Tierra Indonesia.

La violencia que experimentan las mujeres, como referentes de las luchas colectivas y actoras políticas, no es la misma que la que experimentan los hombres. El borrador de los elementos del tratado aborda la necesidad imperiosa de integrar una perspectiva de género , de la forma siguiente:

«Tener una perspectiva de género no tiene que ver con tratar a las mujeres como un «grupo vulnerable», no debería ser un ejercicio para mantener las formalidades. Integrar un enfoque de género en el tratado implica analizar cómo las empresas pueden tener distintos impactos desproporcionados o no anticipados sobre las mujeres u hombres como resultado de sus distintos derechos y roles a nivel social, legal y cultural en base al género. Este enfoque es por lo tanto esencial para el objetivo mismo del futuro tratado si se pretende colocar las inquietudes de los titulares de derechos en el centro y garantizar de forma efectiva la prevención, protección y reparación de los daños relacionados con las empresas para todos y todas».

América Latina sufre las peores atrocidades en materia de derechos humanos a manos de las empresas transnacionales. La valentía y determinación de los/as defensores/as de derechos humanos y ambientales en esta región no tiene comparación.

“En Honduras estamos inmersos en un clima de violaciones constantes a los derechos colectivos de los pueblos, asediados por empresas transnacionales que invierten en el país sin tener consentimiento de los pueblos, avalados por el estado.  La situación de desplazamiento forzado a través del paramilitarismo y el narcotráfico ha facilitado la instalación de esas empresas. En Honduras la tasa de impunidad se sostiene en un 96%, lo cual es el reflejo de un Estado que no garantiza el acceso a la justicia y menos cuando se trata de pueblos en condiciones de desventaja. Una clara imagen de esto es como, a más de un año y medio de la muerte de la compañera Berta Cáceres, los autores intelectuales de ese asesinato siguen en la impunidad.”

Aurelia Arzu, integrante de OFRANEH, una organización hondureña aliada de Amigos de la Tierra Honduras/Madre Tierra

Uno de los aspectos más poderosos de las declaraciones que fueron presentadas al grupo de trabajo de la ONU y los Estados por aquellos al frente de la defensa de los derechos humanos fue que sus experiencias personales apasionadas abordaron soluciones prácticas y políticas muy específicas en términos del contenido del tratado.

Danilo Urrea, coordinador regional de ATALC/ Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe hizo referencia a «las medidas necesarias para permitir un tratado vinculante que salvaguarde las vidas de la población en riesgo por acciones de las empresas transnacionales en un país como Colombia».

“A partir de la situación en Colombia, con los intentos de poner fin al conflicto armado, en donde se impone desde el gobierno una idea de paz con la que se favorecen los intereses de las corporaciones trasnacionales y su explotación y devastación de los bienes comunes y territorios de nuestros pueblos, consideramos imperiosa la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante con el que personas y comunidades afectadas tengan derecho a la información, justicia, reparación y garantía de no repetición de las violaciones de sus derechos humanos.”

Danilo recordó a los presentes que fue recién el 25 de octubre de 2017 que el relator especial de las Naciones Unidas para los defensores/as de derechos humanos, Michel Frost, dijo: «Los defensores de derechos humanos que presionan a las empresas para que rindan cuentas no deben ser criminalizados ni amenazados».

Los representantes de Amigos de la Tierra de América Latina hicieron referencia a asuntos técnicos durante la semana. Mencionaron, por ejemplo, la necesidad fundamental de participación de los pueblos afectados, tal como afirmó Alberto Villarreal, ATALC / Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe.

«Los Estados parte debe respetar los resultados de las consultas populares organizadas por las comunidades potencialmente afectadas, los movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil cuando deciden aprobar los llamados proyectos de «desarrollo» en los territorios».

Junto con otros a lo largo de la semana, Alberto enfatizó que «El tratado vinculante debe reflejar los reclamos de los pueblos y la supremacía de los derechos humanos por sobre los acuerdos de comercio e inversiones».

«Queremos tener el derecho a saber, queremos tener el derecho a decir que NO».

Vitaly Servetnik, Russian Social-Ecological Union/Amigos de la Tierra Rusia

En Rusia, la industria nuclear provoca contaminación, amenaza con posibles catástrofes radioactivas transfronterizas y peligrosos desechos nucleares que seguirán constituyendo una amenaza por miles y miles de años. Tal como explicó Vitaly al grupo de trabajo de la ONU y los Estados reunidos: «Las empresas y el Estado aducen razones de seguridad y el llamado «interés nacional» para limitar el acceso a la información y evitar que se lleven a cabo discusiones públicas. Para peor, los activistas que están en contra de la energía nuclear son acusados de espionaje y se los amenaza con difamación y persecución. Las ONG que se manifiestan en contra de la energía nuclear son catalogadas como agentes extranjeros y la mitad de ellas han tenido que cerrar».

Lamentablemente, la lista es interminable y se están dando luchas similares en África  y el resto del Sur Global. Esta es una de las razones por las cuales la presencia y las voces de las comunidades afectadas y pueblos indígenas en Ginebra son tan importantes. Como afirma Apollin Koagne, abogado principal del Center for the Environment and Development – Amigos de la Tierra Camerún,

«Cuando lees la declaración de derechos humanos, el primer principio es que todos los seres humanos somos iguales. Si esto es verdad, entonces necesitamos ser protegidos de la misma forma. Por ejemplo, si vivo en Suiza tengo más protección que alguien que vive en África o América Latina».

En su trabajo diario de defensa de las comunidades de Camerún, Apollin se ha encontrado con la ineficacia de los principios voluntarios en la protección de los derechos humanos. Para abordar este asunto, Apollin expresó a los presentes en Ginebra que: «Es importante reglamentar las violaciones perpetradas por las empresas transnacionales y reconocer sus «obligaciones extraterritoriales»: estas empresas deberían responder por sus delitos no solo en sus países de origen, sino también en los otros países en los cuales funcionan. Y si no tienes una institución judicial efectiva para proteger los derechos humanos, los derechos humanos no significan nada. Por el momento no tenemos ninguna institución que proteja a los derechos humanos de las ETN. Es por esto que exigimos un tribunal internacional. Esta es la única forma de asegurarnos de que todos los seres humanos, sean jefes de Estado o directores de una empresa transnacional, respeten, cumplan con y apliquen los derechos humanos.

En Francia también surgieron importantes puntos de referencia, donde a comienzos de este año se aprobó una ley sobre el deber de diligencia de las empresas. Tal como explica Juliette Renaud de Amis de la Terre/Amigos de la Tierra Francia,

«La ley francesa sobre el deber de diligencia aporta varias lecciones a las discusiones relativas al tratado de la ONU. El hecho de que Francia aprobara una ley vinculante puede servir de inspiración para que todos los Estados hagan lo mismo». Necesitamos leyes tanto a nivel nacional, como el Tratado a nivel internacional. Se complementan entre sí.

Un punto de fricción es el alcance del Tratado, pero como explica Juliette, no tiene por qué serlo.

«En el marco de la ley francesa, la responsabilidad es de la empresa matriz y las subcontratantes (lo que por lo general denominamos empresas transnacionales), que es donde radica el poder. Pero también incluye las actividades de todas las entidades de la empresa (las subsidiarias y las empresas controladas) y su cadena de valor (subcontratantes y proveedores) en todo el mundo. De esta forma, el tratado abarcaría a casi todas  las empresas, aunque se centraría en la responsabilidad de las ETN.

Paul de Clerck, de Amigos de la Tierra Europa, hizo referencia al importante asunto de la cooptación empresarial,

«La industria tiene un acceso excesivo y privilegiado a los procesos de toma de decisiones desde hace tiempo, lo que tiene como resultado que las políticas velen principalmente por el interés de las empresas, a menudo a expensas del interés público. Creemos que las empresas transnacionales deberían ser excluidas de las negociaciones por un tratado que tenga como fin acabar con el abuso empresarial».

Otro elemento que es necesario incluir en el tratado es la responsabilidad de las instituciones financieras internacionales,  que actualmente son inmunes a las acciones legales relacionadas con los proyectos que financian. Tal como explica Hemantha Withanage, del Centre for Environmental Justice/Amigos de la Tierra Sri Lanka,

«Los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales no sirven. El tratado vinculante debería permitir a las partes afectadas hacer que las instituciones financieras internacionales rindan cuentas.

A medida que avanzaban las negociaciones y la semana llegaba a su fin, el poder y la voluntad de los pueblos se volvieron de crucial importancia una vez más. En las últimas horas de la sesión del viernes, cuando parecía que la UE podría tener éxito y hacer descarrilar el proceso, los pueblos hicieron uso de la palabra en una muestra de resistencia, con copias de la propuesta del tratado de los pueblos, tal como propone la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad.

Los pueblos presentes en Ginebra dieron voz y representaron verdaderamente a «las tantas víctimas, actuales y futuras, que exigen el derecho a ver que su humanidad se restablece y preserva, el derecho a creer en la justicia» tal como expresó de forma tan elocuente Apollin Koagne Zouapet, de Amigos de la Tierra África.

Es la voluntad de los pueblos lo que llevará adelante el proceso del tratado. Y Amigos de la Tierra estará con los pueblos en cada paso del camino, tal como explica Lucia Ortiz, coordinadora del programa internacional de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional.

«Estamos listos para refrenar la impunidad de las empresas trasnacionales y llevar el tratado al próximo nivel, luego de que los Estados adopten las recomendaciones y conclusiones de la presidencia en el camino hacia 2018 y así poder comenzar las negociaciones sobre el borrador del tratado. Cualquier intento por parte de los Estados de trabar o hacer descarrilar este proceso y negar el derecho de los pueblos afectados a acceder a la justicia pasará a la historia. Llegó la hora de derribar los muros de la impunidad de las ETN y el colonialismo».

Las luchas que enfrentamos nosotros y los pueblos para poner fin a las violaciones de derechos humanos perpetradas por las empresas no son exclusivas del proceso del tratado de la ONU. Como explica Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional:

«Nuestra lucha contra la impunidad no se limita a las acciones dentro del ámbito de la ONU. En los próximos meses aumentaremos nuestra movilización junto con otros movimientos sociales de todo el mundo para desenmascarar las violaciones de derechos humanos y expresar nuestra solidaridad con las víctimas. ATI también continuará la lucha contra los sistemas de opresión que provocan violaciones de derechos humanos, tales como el poder empresarial, el patriarcado, el colonialismo y el racismo».

¡La lucha continúa!

Imagen: Victor Barro