Los incendios forestales que están arrasando la Amazonía, sobre todo en Brasil, pero también en Bolivia, Paraguay y Perú – no son accidentales. La expansión de la frontera agrícola para generar lucros empresariales derivados de patrones de producción y consumo insustentables va claramente en contravía de la necesidad urgente de enfrentar la crisis climática y de biodiversidad. El caso de Brasil, donde los incendios son provocados por empresas del agronegocio, de minería y madereras con la complicidad del presidente Jair Bolsonaro, es un llamado de alerta al mundo. Amigos de la Tierra Internacional expresa gran consternación por esta devastación ambiental y se solidariza con los pueblos indígenas y las comunidades locales directamente afectados. 

El Instituto Nacional de Investigación Aeroespacial (INPE) de Brasil registró un aumento del 83% en los incendios en lo que va del año, en comparación con el mismo período del año pasado. Más de la mitad (52,6%) ocurren en la Amazonía. Entre enero y agosto de 2019, el INPE detectó más de 74.000 incendios solamente en Brasil, cifra récord desde que se empezó a llevar registros en 2013. Pero más allá de las cifras, el impacto devastador de estos incendios lo sienten los pueblos cuyos territorios se están quemando en todo Brasil y la Amazonía. A nivel mundial, esto tiene graves consecuencias para nuestro clima, sistemas alimentarios y biodiversidad.

Amigos de la Tierra Internacional rechaza la tesis de que los incendios son producto de temperaturas más altas o sequías crecientes, que en ambos casos se mantienen dentro de los promedios anuales. En realidad, esta tragedia está directamente relacionada con las políticas neoliberales promovidas por el gobierno derechista de Bolsonaro, que son las más nefastas en la historia de la política ambiental brasileña. Su gobierno ha suprimido leyes sobre el cambio climático, ha promovido la invasión de tierras indígenas y el asesinato de activistas sociales, y ha provocado que las tasas de deforestación y de emisiones de gases de efecto invernadero se disparen.

Cuando asumió la presidencia en enero de 2019, Bolsonaro desestimó el calentamiento global como una “agenda de izquierda” y recortó el 95% del presupuesto para las políticas correspondientes. Más del 60% de los incendios en 2019 se han  registrado en tierras privadas, donde opera el agronegocio mundial. Al fomento del agronegocio y la minería en la Amazonía se suma el desmantelamiento de la política ambiental, incluidos el debilitamiento de los órganos de fiscalización y el relajamiento de las licencias ambientales y su concesión. Esto les confiere más poder a los hacendados y grandes terratenientes, otorgándoles a los madereros, al agronegocio de productores de soja y ganado y a la minería ilegal (garimpeiros) acceso a las tierras de las comunidades indígenas y negras (quilombolas). Como resultado, la deforestación en julio de 2019 aumentó 278% en comparación con julio de 2018, revirtiendo las tendencias de reducción de la deforestación logradas por gobiernos anteriores mediante reglamentación.

Desde entonces, Bolsonaro destituyó al director del INPE, Ricardo Galvao, por presuntamente haber inflado fraudulentamente las cifras de deforestación, sustituyéndolo por un jefe militar. Su reacción de culpar a los grupos de la sociedad civil y acusar a las ONG de falsificar información es más que sólo humo y espejos; representa una gran amenaza para los movimientos de justicia ambiental y social y su capacidad de acción y su validez, así como para quienes defienden los territorios en el lugar. Esto podría acarrear mayor persecución y criminalización de los pueblos indígenas, los grupos políticos de izquierda y los movimientos sociales, incluidas las defensoras y defensores de derechos humanos y los movimientos de campesinas y campesinos y de mujeres.

La Amazonía es la selva o bosque tropical lluvioso más extenso del mundo, hogar de los territorios ancestrales de casi 900.000 indígenas. Es una fuente vital de agua, y hábitat de más de 3 millones de especies vegetales y animales. Los pueblos indígenas y las comunidades locales, con sus formas tradicionales de vida y sus conocimientos, juegan un papel clave en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, como confirmó un reciente informe sin precedentes publicado por la Organización de las Naciones Unidas . La conservación en manos de estos pueblos evita más eficazmente la deforestación y la pérdida de hábitat que las áreas protegidas oficiales. La destrucción de sus territorios repercute por ende en las frágiles redes interrelacionadas del clima del planeta, los sistemas alimentarios y la biodiversidad. En Brasil, los Pueblos Indígenas luchan constantemente oponiendo resistencia contra las plantaciones de monocultivos y la minería, enfrentándose al enorme poderío de las empresas y ahora además a la persecución estatal. Al considerarlos un obstáculo para el desarrollo de la región amazónica, Bolsonaro, que se autodefine como el “Capital Motosierra”, le ha entregado ahora la preciada demarcación de sus tierras al Ministerio de Agricultura.

Las políticas de Bolsonaro forman parte de un sistema neoliberal mundial que antepone el lucro a las personas, y que beneficia a los países del Norte Global y a las empresas transnacionales que lo impulsan. Amigos de la Tierra Internacional insta a los gobiernos y organismos intergubernamentales a denunciar al gobierno fascista de Bolsonaro y responsabilizarlo por esta tragedia, en lugar de seguir siendo cómplices de sus políticas destructivas. Destacamos en particular la hipocresía de la Unión Europea al negociar un Tratado de Libre Comercio con el MERCOSUR, el bloque comercial sudamericano que incluye a Brasil.

Seguiremos trabajando en la denuncia y combate a las políticas que representen una amenaza para los pueblos y territorios como la Amazonía. Perseveraremos en nuestra solidaridad con el  pueblo brasileño y continuaremos luchando por un sistema basado en la soberanía popular y la justicia ambiental, social, económica y de género.

Imagen: Image Science & Analysis Laboratory, NASA