Me prohibieron el ingreso a la OMC por defender los derechos de los pueblos
Los acuerdos comerciales afectan la vida cotidiana de la gente, desde los alimentos que consumimos a la energía que usamos, y no deben negociarse en secreto, tras puertas cerradas. Sin embargo, lamentablemente, esto es exactamente lo que está sucediendo en la conferencia de la Organización Mundial del Comercio que se llevará a cabo en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre.
Amigos de la Tierra Internacional incide hace más de dos décadas a favor de una agenda comercial justa y sustentable, sin embargo, esta es la primera vez que se nos prohíbe participar en el marco de la OMC.
En una medida sin precedentes, el gobierno argentino revocó nuestra acreditación, junto con la de 60 miembros de una amplia gama de sindicatos y organizaciones campesinas y de derechos de los consumidores.
El motivo oficial detrás de la decisión de prohibirnos el ingreso es que hemos estado «convocando de forma explícita a protestas violentas a través de los medios sociales con el fin de generar situaciones de caos e intimidación”. Sin embargo, esta información puede desmentirse simplemente leyendo nuestra cuenta de Twitter, en la que nunca se incitó a la violencia.
Al mismo tiempo, no dudamos en expresar nuestro desacuerdo con varias de las políticas y acuerdos a favor de las empresas que impulsan la OMC y el gobierno argentino, que a menudo sirven de trabas para las medidas en materia del cambio climático.
Cuando la Misión Solar Nacional de India, que pretende proporcionar energía a millones de personas mediante la generación de 100 GW de energía solar, fue declarada «culpable» por la OMC de generar empleos locales, expresamos nuestra opinión.
También protestamos contra las políticas de la OMC que penalizan y prohíben a los países en desarrollo llevar a cabo programas de reservas públicas de alimentos. Esto representa un obstáculo para la soberanía alimentaria de los pueblos más pobres del mundo y para los medios de sustento de pueblos indígenas, campesinos y agricultores de pequeña escala, pero le permite a la UE y Estados Unidos ofrecer enormes subsidios que distorsionan los mercados mundiales y que refuerzan los intereses del agronegocio mientras que llevan a la ruina a los campesinos de otras partes del mundo.
La arremetida contra nuestro derecho a debatir y oponernos a tales políticas comerciales constituye un ataque contra nuestra capacidad de decidir en qué clase de mundo queremos vivir. Las represalias contra la sociedad civil de parte del gobierno del presidente Macri en Argentina son preocupantes y revelan la verdadera cara de su gobierno: neoliberal, empresarial y al servicio del 1 % de la población.
Por lo tanto no resulta sorprendente que a los representantes del cabildeo empresarial multinacional, en nombre de empresas del estilo de Shell, Amazon y Monsanto, se les permitirá mantener sus acreditaciones en la OMC y cenarán tranquilamente con las autoridades, como suele suceder. Se trata de las mismas multinacionales que poseen o manejan las cadenas de suministro de más del 50% del comercio mundial y sin embargo representan solo el 2 % de los empleos a nivel mundial.
Si el director general de la OMC, Roberto Azevêdo, permite que se realice la reunión en Argentina, será cómplice de los intentos de silenciar las voces de la sociedad civil. Dejar a la gente por fuera de la OMC solo servirá para socavar aún más su legitimidad.
La decisión es parte de un patrón sistemático de cada vez menos transparencia en los acuerdos comerciales. La Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por su sigla en inglés) está siendo negociada por 16 países de Asia casi completamente en secreto, y ofrece una participación limitada y prácticamente insignificante del público. La mayoría de las autoridades electas tendrán, en el mejor de los casos, un acceso limitado a los textos de negociación, bajo estrictas normas de confidencialidad y estos textos quedarán fuera del alcance de los grupos de la sociedad civil y la ciudadanía. Las consultas con las partes interesadas, a menudo simbólicas, no son suficientes para que el proceso sea transparente o participativo.
Millones de europeos protestaron contra la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP) por los impactos devastadores que tendrá el acuerdo sobre la gente y el medioambiente, pero también por el hecho de que se negoció tras puertas cerradas. La gente quiere tener voz y voto para definir su futuro.
Aproximadamente el 30% del Producto Mundial Bruto está relacionado con el comercio. Estas negociaciones tendrán un impacto en los empleos, las reglamentaciones nacionales y el cuidado de la salud. La ciudadanía tiene el derecho a saber cómo se está negociando el acuerdo, quién ejerce influencia sobre él y qué se está poniendo sobre la mesa.
Hay muchas negociaciones internacionales que ofrecen un mayor grado de transparencia. Por ejemplo, el grupo de trabajo intergubernamental de las Naciones Unidas respecto de los Derechos Humanos, en el que la sociedad civil se considera como parte activa, le da a los observadores y expertos la oportunidad de asistir a las sesiones y realizar aportes.
Más allá de los intentos de silenciarnos, continuaremos exigiendo un nuevo sistema comercial, uno que esté basado en la cooperación de los pueblos, redes comerciales directas y justas entre los productores y consumidores, empleo digno, una política ambiental sustentable, derechos humanos, energía responsable y soberanía alimentaria para las comunidades locales.
Alberto Villarreal es campañista de comercio de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, con sede en Uruguay. Se le prohibió ingresar a la conferencia de la OMC que se llevará a cabo en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre de 2017.
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