Principios para una recuperación justa ante la crisis del COVID-19

La crisis del COVID-19  es el resultado de un sistema económico que prioriza el lucro por encima de los derechos de los pueblos y el medioambiente.

Las causas estructurales de las crisis socioecológicas sistémicas interrelacionadas que enfrentamos -del clima, biodiversidad, alimentación, agua, económica, de los cuidados- y las de esta pandemia mundial son las mismas: un sistema capitalista, patriarcal y racista diseñado para la acumulación de capital y la globalización neoliberal agenciada por las grandes empresas.

Es por esto que Amigos de la Tierra Internacional considera que para hacerle frente a todos los impactos derivados de la crisis del COVID-19 es urgente y necesaria una “recuperación justa” construida sobre la base de la justicia ambiental, social, de género y económica.

La recuperación no significa volver a lo que se consideraba normalidad. Este es el momento de dar prioridad a la sustentabilidad de la vida, los derechos de los pueblos y la protección de los medios de sustento y el planeta.

Proponemos cuatro principios para la recuperación justa:

1. Abandonar el neoliberalismo y la austeridad y adoptar políticas y medidas inmediatas basadas en la justicia, reconociendo los límites ecológicos.

El Estado debe jugar un papel fundamental en garantizar los derechos de los pueblos y la justicia ambiental.

Los paquetes de recuperación pública deben:

• apoyar directamente a los pueblos, en primer lugar a los Pueblos Indígenas, las comunidades negras y afrodescendientes y otros pueblos que sufren racismo,  las/os migrantes, las mujeres del campo popular y la clase trabajadora.
• Incluir políticas que propicien la redistribución de la riqueza, la autonomía de las mujeres, la justicia fiscal y apoyo específico para las pequeñas empresas, a favor de trayectorias que nos alejen de las industrias extractivas y de la dependencia de los combustibles fósiles, incluido apoyo a quienes trabajan en  industrias contaminantes en su transición hacia nuevos puestos de trabajo.
• No financiar las pérdidas económicas de las grandes empresas con fondos públicos ni ofrecerles rescates a las empresas transnacionales, especialmente aquellas que son responsables de las crisis sistémicas, como las empresas de combustibles fósiles y de minería, agronegocios, aerolíneas y cualquier empresa con sede en paraísos fiscales.

Los gobiernos deben:

• cesar las negociaciones de liberalización comercial y de las inversiones, particularmente las demandas amparadas en el régimen de solución de controversias Inversionista – Estado (ISDS, por su sigla en inglés).
• comprometerse a establecer un tratado vinculante para las empresas transnacionales  en materia de derechos humanos. 
• revertir las reformas laborales neoliberales que han desmantelado los derechos de la clase trabajadora, por ejemplo, revirtiendo la privatización de la seguridad social a manos del capital financiero.

2. Las medidas de recuperación deben fundarse en la cooperación multilateral  y la solidaridad internacionalista  y potenciarlas.

El internacionalismo entre movimientos y atravesando las fronteras ayudará a construir respuestas colectivas a esta crisis. El internacionalismo implica una comprensión y análisis en común sobre todas las formas de opresión, sus interconexiones, así como la necesidad de hacerles frente a todas globalmente.

Las normas internacionales deben establecer la centralidad de los derechos de los pueblos y la justicia ambiental, social, de género y económica. Los países tienen que disponer de margen de maniobra en materia de políticas para hacerle frente a las causas estructurales de las crisis sistémicas. Esto significa:

• Anular toda la deuda del Sur global y aplicar el principio del pago y reparaciones por la deuda climática y ecológica. El Norte global y las instituciones financieras internacionales deben proporcionar nuevas subvenciones con fondos públicos para el Sur global, y esos fondos tienen que ser provistos como subvenciones no reembolsables.
• Los gobiernos deben actuar de manera coordinada para regular al sector financiero, impedir la especulación, y limitar y frenar los flujos financieros y de capital del Sur al Norte Global.
• Cualquier tratamiento o vacuna para el COVID-19 tiene que ponerse a disposición de todos los pueblos y personas del mundo, en igualdad de condiciones, sin patentes u otros derechos de propiedad intelectual.
• Esto significa que es imprescindible consagrar en el derecho internacional la primacía de los derechos humanos y de los pueblos por sobre los acuerdos de comercio e inversiones.
• Es urgente que cesen los bloqueos económicos y las ocupaciones que representan una clara violación del derecho internacional humanitario y los derechos humanos (como los que se les han impuesto a Cuba, Palestina y Venezuela).

3. Fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos y de los pueblos.

Llamamos a la defensa y profundización de la democracia, mediante el fortalecimiento de la participación popular. Es necesario reivindicar la política y exigir que se garanticen los derechos de los pueblos y la protección de la naturaleza. Debemos unirnos para garantizar que:

• La crisis sanitaria no se convierta en una cortina de humo para promover las agendas neoliberales de las grandes empresas y los grandes contaminadores, profundizando la desreglamentación.
• Los derechos de los pueblos se protejan a toda costa, incluido el derecho a manifestar oposición, expresar críticas y protestar.  La criminalización de los movimientos sociales, las organizaciones y las comunidades tiene que cesar.
• Debe cesar el proceso de erosión de la autonomía y derechos de las mujeres sobre sus vidas y cuerpos.
• Se les ponga fin a los gobiernos de derecha y opresivos y al uso que hacen de la crisis del COVID-19 para acrecentar la militarización de las sociedades y territorios e imponer tácticas y técnicas de vigilancia.
• Es necesario construir un mundo donde el derecho a vivir libres de violencia sea una realidad, especialmente para las mujeres, las comunidades negras y afrodescendientes y otros pueblos que sufren racismo, la población LGBTQ y las/os defensore/as de los territorios. 

4.  Los gobiernos tienen que responder a las múltiples crisis sistémicas — de la pandemia, desigualdad, clima, alimentación y biodiversidad, y a la crisis de los cuidados — y a sus causas estructurales, proponiéndose una agenda transformadora de cambio de sistema.

La crisis del coronavirus pone al descubierto que la destrucción de los ecosistemas está facilitando la propagación de patógenos que afectan nuestra salud.  Una recuperación justa y saludable implica responder a la crisis de cambio climático y a la pérdida de biodiversidad,  de bosques y otros ecosistemas en todo el mundo.

Esto significa:

• Los derechos colectivos de los Pueblos deben de reconocerse, implementarse y respetarse  para que las prácticas milenarias de gestión colectiva de sus territorios puedan mantenerse. 
• Una transformación completa del sistema alimentario liberándolo de la agricultura industrial y encaminándolo en pos de  la soberanía almentaria. Apoyo a productoras y productores campesinos/as, familiares y artesanales, fortalecer la oferta nacional y local de alimentos, y redireccionar los subsidios para que se apoye la agroecología en lugar de la agricultura empresarial. Reforma agraria genuina, que le garantice a los pueblos el control y la propiedad de sus semillas, tierras, agua y conocimientos.
• Responder a la crisis del clima y del coronavirus simultáneamente, aplicando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y alejándonos de una economía dependiente de los combustibles fósiles hacia una energía 100% renovable, bajo control y propiedad estatal/de las comunidades para todas y todos.
• Construir una nueva economía que sea redistributiva y saludable por definición, donde el transporte, las comunicaciones, la vivienda, el agua y el saneamiento, la educación, la salud, los cuidados, la energía y la seguridad social sean un derecho y estén a disposición de todas y todos a través de servicios públicos financiados mediante políticas fiscales justas. Las economías locales y regionales sustentables vinculadas entre sí a través de relaciones comerciales equitativas son el pilar de un sistema transformado.

Exigimos que todas las decisiones nacionales/regionales referidas a rescates, exoneraciones tributarias, marcos regulatorios y gasto público, y todas las medidas internacionales/multilaterales necesarias para que podamos recuperarnos de la crisis del COVID-19 y sortear la crisis socioeconómica resultante, se rijan por los principios que siguen a continuación, de manera tal que nos conduzcan a sociedades sustentables y justas basadas en la soberanía y participación de los pueblos.

Principios para una Recuperación Justa