Un Tratado Vinculante de la ONU significa justicia para las comunidades afectadas por el poder corporativo en Brasil y más allá
A continuación se presenta un artículo de opinión escrito por Letícia Paranhos, de Amigos de la Tierra Internacional, publicado originalmente por Common Dreams.
Mientras el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se prepara para su 12ª ronda de negociaciones sobre un Tratado Vinculante sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos a partir del 12 de octubre, un proyecto de planta de celulosa en Brasil pone a prueba si la responsabilidad corporativa finalmente se extenderá más allá de las puertas de la fábrica.
En Guaíba, al sur de Brasil, los efectos de la planta de celulosa de CMPC llegan hasta los hogares. Quienes viven cerca dicen que hay un olor a huevo podrido por los compuestos de azufre reducido, que les irrita los ojos y la nariz, y les da dolores de cabeza y náuseas. Viven con ruido y vibraciones fuertes, en algunas zonas las 24 horas del día. Argumentan que tienen grietas en sus casas y que no pueden dormir bien, mientras que el aserrín e incluso la espuma de la planta de tratamiento de efluentes de la fábrica caen sobre sus casas. El hollín y el polvo cubren la ropa tendida en los tendederos y los autos estacionados en las entradas de las casas, lo que ha hecho que sea una práctica habitual que la empresa pague el lavado de los vehículos del vecindario.
Y luego están los accidentes.
Los/as trabajadores/as han sufrido intoxicaciones y lesiones, incluyendo incidentes fatales. Las fugas de cloro han afectado a los/as residentes que viven cerca, mientras que las comunidades aún no cuentan con un plan de emergencia adecuado para un accidente grave.
Ahora CMPC quiere construir otra planta de celulosa
La empresa de celulosa y plantaciones de monocultivos de árboles chilena CMPC planea construir el llamado “Proyecto Natureza” en Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. El proyecto no es simplemente una fábrica. Abarca la expansión de plantaciones de monocultivos de eucaliptos, caminos, infraestructura portuaria, dragado, líneas de transmisión y un aumento del transporte, con una producción proyectada de millones de toneladas de celulosa al año.
Esto es especialmente relevante porque la propia CMPC informa que posee plantaciones de eucaliptos repartidas en cientos de propiedades en Rio Grande do Sul. Por eso, las organizaciones indígenas y ambientalistas se preguntan por qué los impactos territoriales, sociales, hídricos y ecológicos de esta expansión de monocultivos de árboles no se incorporan plenamente en el proceso de evaluación del proyecto.
Y todo esto está pasando mientras la industria sigue ejerciendo un lobby corporativo intenso, lo que lleva a graves retrocesos legales en la regulación ambiental corporativa a nivel estatal y nacional. En 2023, se flexibilizaron las normas de zonificación ambiental para la silvicultura en Rio Grande do Sul, lo que permitió que las plantaciones puedan expandirse de 1,2 millones de hectáreas a 4 millones. Y en 2024, la silvicultura quedó excluida de la lista de actividades potencialmente contaminantes que consumen recursos ambientales en Brasil, lo que exime a las empresas que se dedican a las plantaciones de monocultivos de árboles de cualquier tipo de permiso ambiental.
CMPC también se dedica activamente a dar una imagen ecológica falsa de sus actividades, llegando incluso a patrocinar torneos locales de fútbol. Vemos esto como una estrategia más amplia de las empresas para mitigar la oposición a sus operaciones.
La evaluación de impacto no puede limitarse a la fábrica de celulosa
La planta propuesta vertería efluentes industriales en el lago Guaíba, una cuenca crucial cerca de Porto Alegre y otros municipios con una población de alrededor de 1,3 millones de personas. Entre los temas planteados públicamente están la calidad del agua, los efectos acumulativos en una cuenca hidrográfica que ya está bajo presión y los impactos relacionados con el dragado y la navegación, la minería, y con los vertidos de aguas residuales y efluentes industriales (incluidos los de la actual fábrica de la misma empresa). El volumen de agua que consumiría la compañía y los contaminantes que se verterían al lago Guaíba equivaldrían al consumo de agua y a la producción de aguas residuales de toda la población de la región. Entre los posibles contaminantes se encuentran las dioxinas, compuestos químicos extremadamente tóxicos que pueden introducirse en la cadena alimentaria y llegar a las personas a través del consumo de pescado.
El lago Guaíba también sustenta a comunidades pesqueras, contribuye al abastecimiento de agua potable y ya está bajo una enorme presión ecológica. Preguntar si una nueva fábrica cumple con las condiciones técnicas de un permiso es, por lo tanto, una pregunta más estrecha y limitada que preguntarse si todo el proyecto corporativo es compatible con los derechos de las poblaciones locales y los ecosistemas que se ven obligados a soportar sus consecuencias.
El MPF dice que al menos ocho aldeas de los Mbyá Guaraní se encuentran dentro del área de influencia directa del proyecto y 18 dentro de su área indirecta. Por eso, sus recomendaciones insisten en que la consulta prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no puede ser reemplazada por reuniones informales ni por un estudio sobre el componente indígena. La consulta debe ser libre, previa e informada, y debe respetar los propios protocolos y procesos de toma de decisiones de las comunidades locales. Pero la lucha es más allá de la consulta, es para que las comunidades tengan el derecho a decir NO al proyecto.
Esa distinción es fundamental. La consulta no es un trámite que se haga solo para cumplir con los requisitos una vez que el proyecto ya está prácticamente decidido.
La planta propuesta también es parte de una historia más larga. CMPC ha estado vinculada al caso conocido como “la masacre de Laja-San Rosendo” en Chile, en la que 19 personas fueron asesinadas tras el golpe militar de Pinochet. En 2021, la Corte de Apelaciones de Concepción condenó a un ex empleado de CMPC como cómplice de los asesinatos, al constatar que hubo coordinación entre agentes del Estado y personal de la empresa. Esa historia resalta por qué la rendición de cuentas corporativa no puede reducirse a si una empresa publica informes de sostenibilidad o cumple con un procedimiento administrativo limitado.
El Tratado Vinculante de la ONU
El instrumento jurídicamente vinculante que se propone busca abordar precisamente las brechas que surgen cuando los impactos corporativos cruzan fronteras, jurisdicciones y etapas de producción. Un tratado significativo debería exigir a las empresas que identifiquen, prevengan, mitiguen y aborden los riesgos de violaciones de derechos humanos asociados con toda la cadena de actividades bajo su control o vinculadas a su proyecto.
Para un proyecto como “Natureza”, eso significaría evaluar la planta junto con las plantaciones, las carreteras, los puertos, el dragado, el uso del agua, las emisiones y las comunidades afectadas. Significaría tratar la consulta a los Pueblos Indígenas como un derecho sustantivo en lugar de un obstáculo procesal. Significaría garantizar el acceso a la información, la participación, la justicia y a una reparación efectiva
Lo más importante es que dejaría claro que la responsabilidad no puede desaparecer simplemente porque un impacto ocurra a varias etapas de distancia de la propia fábrica. Esa es la brecha de rendición de cuentas que deben enfrentar las negociaciones de la ONU.
El “Proyecto Natureza” pone a prueba un principio global: la regulación de los derechos humanos debe reflejar la realidad del poder corporativo.
Si el modelo de negocios de una empresa transforma la tierra, el agua, los medios de vida y los territorios indígenas en toda una región, entonces la ley debe ser capaz de ver el panorama completo.
Cualquier cosa menos que eso hace que las personas que sufren las consecuencias tengan que cargar con el peso de un modelo de negocios que nunca diseñaron.
