La minería de diamantes en Zimbabue: La lucha de los pueblos contra las violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado y las grandes empresas y su control de los recursos naturales
Una vez más, el poder de la solidaridad internacional ayudó a garantizar la liberación de activistas que apoyan la lucha mundial por la soberanía minera de los pueblos y sus derechos humanos básicos. 24 activistas de ocho países, entre ellos de América Latina, Sudáfrica y Zimbabue, fueron arrestados/as en Marange, Zimbabue el 10 de noviembre de 2017 cuando visitaban un área destinada a la minería de diamantes. Este incidente es un ejemplo doloroso más de las violaciones de derechos humanos que comenten los Estados y las empresas mineras en todas partes del mundo. También es una muestra de la fortaleza y la importancia de la red de solidaridad que une a personas de todo el mundo en defensa de los territorios y los derechos colectivos.
La historia de la minería de diamantes solo puede describirse como sangrienta. Y la minería de diamantes en Zimbabue no es una excepción. En 2001 se descubrió por primera vez la presencia de diamantes en la zona de Marange, en Zimbabue oriental. Desde entonces, esta reserva de diamantes se ha visto azotada por conflictos, derramamientos de sangre, trabajos forzados y violentas represiones por parte del gobierno. Según un experto de la industria, el área de diamantes de Marange es la reserva de diamantes más rica de la historia. No solo las comunidades locales reciben escasos beneficios de este recurso natural en sus territorios, sino que sufren de forma inconmensurable como resultado.
Lamentablemente, este es un ejemplo típico del acaparamiento y control de los recursos naturales por grandes empresas y el Estado, a expensas de los pueblos, sus territorios, patrimonio, medios de sustento, tradiciones y bienestar. La historia minera de Zimbabue es otro ejemplo de por qué necesitamos un tratado jurídicamente vinculante que acabe con las violaciones de derechos humanos perpetradas por los Estados y las grandes empresas.
De Beers tenía los derechos de exploración de las reservas de diamantes de Marange hasta que sus permisos caducaron en 2006, momento en el cual los derechos fueron adquiridos por African Consolidated Resources (ACR). En junio de 2006, el gobierno de Zimbabue, conscientes del descubrimiento de diamantes, declaró que las reservas de diamantes estaban abiertas a todos [Global Witness: The Inside Job, página 10]; así comenzó la fiebre del diamante. Fue en este momento que la minería artesanal también explotó en un país que fue llevado al límite por su economía en ruinas.
«Gente de todas partes de Zimbabue invadieron Marange para escarbar la tierra y encontrar diamantes, mientras la economía del país se derrumbaba. El gobierno respondió con violentas medidas militares, que provocaron la muerte de cientos de mineros/as». – Global Witness “Return of the blood diamond”
Hacia el final de 2006, el gobierno intentó calmar la fiebre del diamante mediante un despliegue impactante de persecución estatal contra su población. En un principio se le otorgaron derechos exclusivos a la empresa estatal Zimbabwe Mining Development Corporation (ZMDC) y luego en noviembre el Estado dio inicio a la operación Chirorokoza Chapera (Fin de la explotación ilegal). Aproximadamente 9000 mineros/as de Marange fueron arrestados/as en el marco de una «operación marcada por violaciones de derechos humanos, corrupción, extorsión y contrabando». [Human Rights Watch]
A esto le siguieron dos años de asesinatos, abusos sexuales, explotación y violaciones de derechos humanos. Finalmente se desplegó la Fuerza de Defensa de Zimbabue “y se desató el infierno.”
«En 2008, las fuerzas militares fueron responsables de la masacre de más de 200 excavadores/as artesanales de diamantes y la tortura de miles». – Moral Clarity and the Diamond Industry, Martin Rapaport, 2013
En uno solo de los ejemplos de abusos que soportó el pueblo de Zimbabue, John Gwite explicó al medio Zimbabwe Independent cómo cuatro de ellos se encontraban limpiando su pozo comunitario cerca de la concesión minera de Mbada en Marange, cuando fueron abordados,
«Los guardias de seguridad de Mbada, que nos conocían muy bien, se nos acercaron y nos acusaron de intentar explotar diamantes de su concesión, cuando era claro que estábamos limpiando un pozo. Nos hicieron arrastrarnos por el pavimento con las manos en la cabeza por una distancia considerable y durante bastante tiempo. Mientras tanto, los soldados de la base se turnaban para golpearnos por todo el cuerpo, inclusive nuestras espaldas ya que estábamos acostados boca abajo. Se concentraban en golpearnos la espalda».
Como ocurre típicamente cuando el Estado y las grandes empresas controlan los recursos naturales, los abusos no son solo físicos. Todos los derechos de las personas son amenazados: sus medios de vida, hogares, territorios ancestrales que son robados de los pueblos,
«En Chiadzwa, miles de pobladores fueron desalojados y se les prometió ser compensados, pero solo algunos obtuvieron viviendas en Arda Transau, mientras que el resto continúa en la pobreza». – Zimbabwe Independent, Sept 2017
La represión violenta de Chiadzwa fue conmemorada en 2016, no solo como recordatorio de lo que sucedió, sino para
«advertir lo que puede hacer la fuerza combinada de las industrias extractivas y el Estado en su afán de lucro. Lo que decimos es que lo que sucedió en Marange puede suceder en cualquier parte. También es una advertencia para aquellos que cometieron estas atrocidades, para recordarles que no lo hemos olvidado y un día el brazo largo de la ley los alcanzará. Es un clamor por justicia.» – Amandla! Issue No.48 Oct/Nov 2016
La mayoría de los medios que cubren estos hechos dejan de lado la voz más importante, la de las personas. «Por día, Chiadzwa atraía a miles de zimbabuenses/as pobres, pero emprendedores//as que intentaban ganarse la vida lavando diamantes. Su único delito fue meterse con la riqueza que le «pertenece» a Mugabe y sus cleptócratas.»
En 2009, una misión de verificación del Proceso de Kimberley (PK) visitó el área, y se les asignó a los inversionistas privados Mbada Diamonds y Canadile Miners la gestión de los recursos de diamantes en Marange. En agosto de 2010, el PK aprobó la primera venta de los cortes brutos. Sin embargo, durante este período, el ministro de minería fue arrestado y las violaciones de derechos humanos siguieron adelante. Para la impunidad empresarial y estatal, nada había cambiado. El Proceso de Kimberley no ofreció justicia a las personas ni obligó al gobierno a rendir cuentas.
«El país ha sido saqueado sistemáticamente por un grupo organizado de políticos codiciosos, soldados y tiburones empresariales sin escrúpulos que obtendrán enormes ganancias a expensas de la mayoría pobre que se debería beneficiar de los recursos nacionales». – Zimbabwe Independent, 19 de marzo de 2010
Un componente importante de la solución para cualquier comunidad que esté luchando por sus derechos, sus tierras, sus vidas, es la solidaridad y el intercambio de conocimiento, experiencias y tácticas. La semana pasada, un grupo de activistas que luchan por la soberanía minera de los pueblos participaron en una «misión de solidaridad internacional con las comunidades afectadas por la minería en Zimbabwe, convocada por la Red de Diálogo con los Pueblos» y organizada por el Centro de Gobernanza de los Recursos Naturales (CNRG) en conmemoración del 9° aniversario de la masacre en las reservas de diamantes de Marange. Más de 2000 personas asistieron al evento en recuerdo de los más de 200 mineros/as y miembros de la comunidad que fueron asesinados/as brutalmente durante la operación Hakudzokwi (operación sin retorno). La reunión sirvió para “recabar la opinión de la comunidad acerca del impacto de la minería y elaborar una petición para exigir el desarrollo en el área usando los ingresos de la minería de diamante.”
Pero cuando la reunión comenzó el 10 de noviembre, la policía de Marange no tardó en arrestar a todos los extranjeros/as y encarcelarlos/as en la comisaría de Mutare. En total fueron arrestadas 24 personas, entre ellas los/as activistas brasileños Frei Rodrigo Peret, activista de la Comisión Pastoral de la Tierra de Uberlandia, Estado de Minas Gerais, Maria Julia Gomes Andrade y Jarbas Vieira, estos/as dos últimos miembros del Movimiento de Afectados por la Minería (MAM) y miembros del secretariado del Comité en Defensa de los Territorios frente a la Minería.
Ahora nuestros compañeros se encargan del relato;
«Para nuestra liberación, la presión internacional y el apoyo de muchas organizaciones que mostraron empatía con la situación fueron fundamentales. Destacamos el trabajo de los Abogados de Zimbabue por los Derechos Humanos, que se movilizaron desde el inicio y acompañaron a todo el grupo a lo largo del proceso. También ponemos énfasis en la importante actuación de la Embajada de Brasil en Zimbabue, que hizo mucho para mediar por una resolución».
Los/as activistas y líderes sociales liberados/as recientemente reafirmaron la necesidad de mantenerse alertas hasta que todos y todas regresen a salvo a sus países de origen, así como la necesidad de continuar el apoyo y la solidaridad con las comunidades afectadas en Zimbabwe.
El cerco para terminar con la impunidad del poder empresarial en el Sur de África se está cerrando, con la realización del Tribunal del Sur de África sobre Empresas Transnacionales que se desarrolló en 2016 y nuevamente en 2017, tal como explica Anabela Lemos de JA!/Amigos de la Tierra Mozambique:
«En las dos sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre empresas transnacionales en los países del Sur de África, en 2016 y 2017, la gente presentó 17 casos con pruebas sólidas de violaciones y delitos contra los derechos humanos donde las grandes empresas violan las tierras y toman nuestros recursos naturales con impunidad. La declaración del jurado fue unánime al afirmar que esto se debe al desarrollo impulsado por las grandes empresas de la SADC y las políticas económicas gubernamentales que son respaldadas con un aumento de la militarización, donde las ganancias son más importantes que la gente. Lamentablemente, se trata de los mismos gobiernos que firmaron la «Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos» que va en contra de todo lo que está sucediendo actualmente.
Llevar estos casos al TPP fortaleció nuestras luchas contra la impunidad empresarial, ya sea la minería, las megarrepresas, el agronegocio, el petróleo o el gas. Es una lucha de los pueblos que resisten contra todos los tipos de control empresarial y defienden nuestra vida, nuestros territorios y nuestros bienes comunes».
Por cierto, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, un «instrumento internacional cuyo objetivo es promover y proteger los derechos humanos y libertades básicas en el continente africano» y establece que «Todos los pueblos dispondrán libremente de sus riquezas y recursos naturales. Este derecho será ejercido en el exclusivo interés del pueblo. En ningún caso será pueblo alguno privado de él. En caso de expoliación, el pueblo desposeído tendrá derecho a la recuperación de su propiedad por vía judicial, así como a una compensación adecuada».
En el caso de los/a mineros/as artesanales de Zimbabue, el Estado y las grandes empresas hacen caso omiso descaradamente de esta Carta.
“Los/as mineros/as artesanales y sus comunidades continúan siendo acosados/as y torturados/as, el dinero continúa siendo saqueado, el trabajo forzado continúa y los ríos se vuelven más y más sucios”. – Amandla! Issue No.48 Oct/Nov 2016
En septiembre de 2017 The Zimbabwe Independent advirtió sobre más desalojos,
«Nos encontramos en el lugar para capacitar a los pobladores a que reflexionen seriamente antes de quedarse sin hogar nuevamente. Quizás ahora el proceso esté paralizado porque se acercan las elecciones, pero poco tiempo después de las elecciones, las excavadoras llegarán a Tsvingwe con soldados armados que serán el equipo de avanzada. Tsvingwe será otra Marange. Habrá llantos y crujir de dientes».
Estas atrocidades deben acabar: la gente no debería tener que llorar o rechinar sus dientes para proteger sus derechos humanos y soberanos. Se necesita un instrumento internacional jurídicamente vinculante para controlar las actividades de las empresas transnacionales y poner fin a las violaciones de derechos humanos, lidiar con la impunidad estatal y empresarial y garantizar el derecho de los pueblos a la libre determinación y a una vida digna en un ambiente sustentable.
Un tribunal internacional para las empresas transnacionales y los derechos humanos, por el que aboga Amigos de la Tierra Internacional en las negociaciones en curso por un tratado de las Naciones Unidas en el marco del Consejo de Derechos Humanos, podría ofrecerle a las víctimas de los abusos empresariales y estatales acceso a la justicia en casos en los que reine la violencia y la impunidad. El creciente movimiento para desmantelar el poder empresarial y poner fin a la impunidad de las empresas transnacionales es una garantía de que los delitos de la industria minera no pasarán desapercibidos y que los pueblos de Zimbabwe y de todas partes del mundo no están solos en su lucha por la justicia.
«El pueblo de Zimbabue debe defender su territorio y propiedades con sus vidas en contra de la actividad delictiva más violenta, grotesca, inhumana y ambientalmente desastrosa denominada minería». – Farai Maguwu, Director del Centro de Gobernanza de los Recursos Naturales
