“No puedo caminar libremente en mi territorio o nadar en el río sagrado y estoy separada de mis hijos debido a las amenazas. No puedo vivir en paz, siempre estoy pensando que me van a asesinar o secuestrar. Pero me niego a exiliarme. Soy una luchadora de derechos humanos y no voy a abandonar esta lucha”

— Berta Cáceres, asesinada en su hogar por sicarios el 2 de marzo de 2016 como represalia por su trabajo en defensa de los territorios de los pueblos y los derechos humanos.

Berta Cáceres fue asesinada por protestar contra la represa hidroeléctrica Agua Zarca que amenazaba un río considerado sagrado por su comunidad en Honduras. La comunidad enfrentó años de intimidación y represión militar y en total, cinco miembros de la comunidad fueron asesinados. La empresa encargada de construir la represa resultó estar directamente involucrada en estos asesinatos.

Varias instituciones internacionales financiaron el proyecto, entre ellas dos europeas: la institución financiera de desarrollo de PaísesBajos (FMO) y la institución financiera de desarrollo de Finlandia (Finnfund). Cuando la comunidad les informó sobre las violaciones de derechos humanos vinculadas a la construcción de la represa, hicieron oídos sordos y continuaron con su participación.

Los bancos afirmaron seguir los principios rectores voluntarios delas Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos en materia de debida diligencia, a pesar de la abrumadora evidencia de que el proyecto no respetaba los estándares internacionales.Luego del asesinato de Berta, las empresas se vieron fuertemente presionadas y finalmente acordaron dejar de financiar el proyecto.

Este caso demuestra claramente que para impedir tales violaciones de derechos humanos, necesitamos normas jurídicamente vinculantes para que las empresas rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos y los daños ambientales que causan sus actividades. Como demuestra este caso, los compromisos voluntarios claramente no funcionan. Por lo tanto, exigimos un tratado vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos

Mientras se siga sin controlar la impunidad de la que gozan las empresas, las/os activistas ambientales y de derechos humanos continuarán siendo asesinadas/os por proteger la naturaleza y los derechos humanos en Honduras y en todo el mundo. Poner fin a estas violaciones de derechos humanos significa poner fin a la impunidad de los responsables por los crímenes, dijo Laura Zúñiga, la hija menor de Berta Cáceres.

“Nuestra lucha por la dignidad, la verdad y la justicia no termina aquí. Seguiremos luchando, de la misma forma que lo hizo Berta Cáceres”.