Quien destruye la naturaleza, también ataca a sus defensores/as

Acción de los pueblos indígenas en homenaje a las mujeres asesinadas y desaparecidas ©Babawale Obayanju / Amigos de la Tierra Nigeria

Emergildo Criollo nació a orillas del río Aguarico, en una Amazonía llena de vida donde aprendió a cazar, pescar y beber agua limpia de los arroyos. Creció escuchando a los/as ancianos/as enseñar medicina tradicional y la importancia de honrar a los antepasados del pueblo A’i Cofán. Su infancia transcurrió en armonía con el bosque y él imaginaba que su vida siempre sería así.

Todo cambió bruscamente cuando solo tenía cinco años, con la llegada de Texaco —hoy Chevron— en 1964. Los helicópteros, las explosiones y la maquinaria pesada que abría caminos a través del bosque causaron estragos en todo. Los ríos se contaminaron y ya no fue seguro beber su agua. Los animales desaparecieron. Las familias —incluida la de Emergildo— se vieron obligadas a depender de alimentos de afuera, ajenos a su cultura. La contaminación trajo consigo graves enfermedades, que provocaron la muerte de varios integrantes de su familia. Todo esto ocurrió sin consulta previa a la comunidad, mientras se ignoraban sus derechos al agua, a la salud, al territorio y a la cultura.

El Estado ecuatoriano protegió a la empresa petrolera desplegando al ejército, mientras la vida social y espiritual de su pueblo se desmoronaba. Con el tiempo, el pueblo Cofán comenzó a organizarse y a resistir. Emergildo creció en medio de esta lucha y se involucró activamente. A lo largo de los años, fue testigo de detenciones arbitrarias, violencia del Estado, intimidación y restricciones a los derechos de quienes defendían el bosque. Hoy sigue en la búsqueda de la justicia, lo que ha marcado toda su vida.

Lo que muestra este caso es que la destrucción de la biodiversidad y las violaciones de los derechos humanos no son crisis separadas que se desarrollan en paralelo. Forman parte de la misma maquinaria. Las empresas petroleras como Chevron y TotalEnergies, mineras como Vale y BHP Biliton, y agroindustriales como Unilever necesitan acceso a la tierra, el agua, los bosques y la riqueza del subsuelo. Los Pueblos Indígenas y las comunidades locales viven en estos territorios. Tienen relaciones de larga data con los ecosistemas que sustentan sus medios de vida y sus culturas.

El uso interminable de la violencia para explotar nuevos territorios

Lo que las empresas llaman “desarrollo” a menudo comienza rompiendo esa relación entre Pueblos Indígenas y comunidades locales con los ecosistemas en los que viven. Esto rara vez ocurre con un consentimiento real. Una y otra vez, las empresas pasan por encima de las comunidades, manipulan los procesos de consulta, presionan a los gobiernos o simplemente siguen adelante sin un acuerdo adecuado. Llegan con promesas: empleo, progreso, compensación, sostenibilidad. Pero cuando las comunidades se resisten a la destrucción de sus bosques, ríos, costas o tierras de cultivo, el discurso de la colaboración se desvanece rápidamente y comienza la intimidación. Los/as líderes comunitarios/as son amenazados/as, criminalizados/as, encarcelados/as, acosados/as legalmente, agredidos/as y, con demasiada frecuencia, asesinados/as. El ataque a uno/a es un ataque a toda la comunidad y a su derecho a defender sus territorios.

Los/as defensores/as del medio ambiente son asesinados/as a un ritmo alarmante: en 2023, uno/a cada dos días. Pero nunca son solo individuos. Cuando se asesina a un/a líder comunitario/a, cuando se encarcela a los/as defensores/as de la tierra, cuando se amenaza a las mujeres que protegen el agua, el ataque se dirige en realidad contra el derecho colectivo de un pueblo a defender su territorio y los ecosistemas de los que depende su vida. Las empresas socavan la capacidad de resistencia de la comunidad, fracturando la defensa colectiva y permitiendo que la extracción siga adelante.

Por eso tanta retórica oficial sobre la biodiversidad suena a vacío. No hay un compromiso serio con la protección de la naturaleza si quienes la defienden quedan desprotegidos/as. Y tiene poco valor repetir que los derechos humanos son importantes para la biodiversidad, como suelen hacer las instituciones internacionales, mientras se niegan a nombrar a las fuerzas corporativas y políticas que impulsan tanto la destrucción ecológica como la represión de los pueblos.

No puede haber protección de la biodiversidad sin normas vinculantes para las empresas

Las empresas se han vuelto muy hábiles en hablar el lenguaje de la protección ambiental y los derechos humanos mientras mantienen modelos de negocios que dependen del despojo y la destrucción. Publican informes de sostenibilidad, adoptan compromisos de deforestación cero, se unen a iniciativas voluntarias y se presentan como socios responsables en la transición hacia un futuro más verde. Hablan de diligencia debida, responsabilidad social corporativa, compromisos de gobernanza ambiental y social, y respeto por las comunidades. Pero estas no son herramientas de transformación, sólo permiten el retraso, la distracción y la impunidad.

Las promesas corporativas voluntarias no alteran las estructuras de poder que impulsan la pérdida de biodiversidad en primer lugar. Una empresa minera puede anunciar la reforestación mientras contamina los ríos. Una empresa petrolera puede publicar una política de derechos humanos mientras las personas afectadas por sus proyectos se enfrentan a la intimidación, la pérdida de tierras y la criminalización. La contradicción no es accidental: estos compromisos están diseñados para mejorar la imagen de las empresas, sin cambiar el modelo subyacente.

Por eso no bastan los compromisos de fachada ni los marcos técnicos. Sin normas vinculantes, responsabilidad y protección de los derechos colectivos, las promesas corporativas siguen siendo palabras vacías. Es necesario establecer normas globales: tras más de una década de retrasos, el instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular a las empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos debe concluirse, aprobarse y aplicarse. Y la Convención sobre la Biodiversidad no puede afirmar que se preocupa por el vínculo entre la pérdida de biodiversidad y los derechos humanos sin prestar atención a lo que impulsa el deterioro de ambas cuestiones: la codicia corporativa de las industrias extractivas.

La historia de Emergildo Criollo, por desgracia, no es única. Es la historia de innumerables comunidades cuyas vidas han sido trastornadas por la codicia desenfrenada de las empresas que anteponen los beneficios económicos a las personas y al planeta. La destrucción de la naturaleza y el ataque a sus defensores/as son dos caras de la misma moneda. Para romper este ciclo, necesitamos normas vinculantes que hagan rendir cuentas a las empresas y protejan a quienes están en la primera línea frente a sus crímenes. Se acabó el tiempo de las promesas vacías; ahora es el momento de la justicia.

Lee más en nuestro nuevo informe “Biodiversidad y derechos humanos”.

Esta nota de opinión fue escrita por Nele Marien, coordinadora del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional.